Un juez federal le ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos que divulgue información adicional sobre sus compras de órganos extraídos de fetos humanos abortados, según un comunicado emitido por Judicial Watch el lunes.
Dos agencias del HHS, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), compraron órganos de Advanced Biosciences Resources (ABR), con sede en California, para utilizarlos en investigaciones contra el VIH. ABR trabaja en asocio con Planned Parenthood y con otros proveedores de servicios de aborto para desmembrar fetos y vender sus partes para investigaciones.
Judicial Watch presentó inicialmente una demanda en marzo de 2019, después de que el HHS no respondiera a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) llevada a cabo en septiembre de 2018.
Judicial Watch solicitó todos los contratos, registros de pago, comunicaciones y documentos relacionados con la compra, por parte del HHS, de órganos de fetos abortados.
Luego, la FDA y los NIH proporcionaron cientos de documentos, pero bloquearon (tacharon) cierta información bajo la excepción 4 de la FOIA, alegando que dicha información es confidencial y comercial.
El juez federal, Trevor N. McFadden, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, falló a favor de Judicial Watch, en una orden judicial (pdf) fechada el 11 de marzo, ordenando al HHS que proporcione la información solicitada.
«Esta victoria judicial arrojará luz adicional sobre la práctica bárbara del gobierno federal de comprar órganos de seres humanos abortados», dijo el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton. «El pueblo estadounidense merece saber cómo se gastan los dólares de sus impuestos en esta actividad grotesca y potencialmente ilegal».
La investigación con tejido fetal ha sido un tema de gran controversia, especialmente para la investigación realizada en fetos abortados aún vivos. Los partidarios de tal investigación argumentan que es necesario desarrollar tratamientos futuros para enfermedades. Otros argumentan que, independientemente, de cualquier beneficio científico, la práctica no es ética y se configura como una violación a la dignidad humana.
La obtención y transferencia de tejido fetal implica una serie de leyes, según un informe del Comité Judicial del Senado (pdf), publicado en diciembre de 2016. Por ejemplo, la Ley de Revitalización de los NIH de 1993 estableció el 42 U.S.C. §289g-2, que prohíbe la venta de tejido fetal por «consideraciones económicas».
El tribunal señaló que ABR podría cobrar más de USD 2000 por un solo feto, comprado a Planned Parenthood por USD 60, porque ABR vendió hígados, cerebros, ojos, pulmones y timos de fetos en su segundo trimestre por cientos de dólares cada uno, después de agregar tarifas por servicios como envíos de los órganos y limpieza.
«Hay motivos para cuestionar la legalidad de la transacción entre el Gobierno y ABR», escribió el tribunal. Por lo tanto, el HHS no puede invocar una excepción de la FOIA para «proteger las prácticas comerciales ilegales bajo el disfraz de ‘información comercial confidencial'».
El HHS no respondió a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El año pasado, Judicial Watch descubrió registros de la FDA que muestran que, entre 2012 y 2018, la FDA celebró ocho contratos por valor de USD 96,370 con ABR para adquirir tejido «fresco y nunca congelado» de fetos abortados en el primer y segundo trimestre para investigaciones en curso.
En 2019, los NIH gastaron 109 millones de dólares en 175 proyectos que utilizaron tejido fetal humano. En 2020, se estimó que los NIH gastarían 116 millones de dólares, según su base de datos.
La administración Trump anunció, el 5 de junio de 2019, que suspendería las investigaciones financiadas con fondos federales que utilizan tejido fetal humano de abortos electivos realizados por científicos del gobierno.
«Promover la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es una de las principales prioridades de la administración del presidente Trump», dijo el HHS en ese momento en un comunicado.
Janita Kan contribuyó a este informe.
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