Un juez federal fijó el jueves una fecha de audiencia para que los abogados presenten argumentos orales sobre si los registros financieros del expresidente Donald Trump deben ser entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Esto ocurre después que los abogados de cada parte del caso informaran al juez Amit Mehta del Tribunal de Distrito de Columbia de Estados Unidos que el panel de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, emitió una nueva citación a la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, para que entregue ocho años de registros financieros relacionados con el expresidente y sus negocios.
El jueves, tras una audiencia, Mehta fijó las fechas para los informes legales y la fecha 18 de junio para la audiencia de los argumentos orales. Es probable que el caso se centre ahora en si la prueba legal de la Corte Suprema que exigía a los tribunales inferiores «realizar un análisis cuidadoso» sobre las cuestiones de separación de poderes seguirá aplicándose ahora que Trump ya no está en el cargo.
Durante la audiencia, Mehta preguntó a las partes si el fallo de la Corte Suprema de 2020 seguía siendo relevante, de acuerdo con Washington Examiner. Los abogados de Trump argumentaron que las cuestiones de separación de poderes permanecen, mientras que los abogados de la Cámara de Representantes dicen que ahora se debe aplicar un estándar más bajo para la aplicación de la citación, ya que Trump no es presidente.
El caso podría volver a la Corte Suprema para otra revisión ahora que las circunstancias cambiaron.
Los abogados de Trump no respondieron a la solicitud previa de The Epoch Times para comentar la citación.
El caso pasó por meses de litigio antes de llegar a la Corte Suprema en 2020. Este se combinó con un caso separado en el que Trump estaba desafiando una citación diferente emitida por los comités de Servicios Financieros y de Inteligencia, que buscaban registros financieros de dos de sus bancos.
En ambos casos, los tribunales de distrito denegaron sus solicitudes para bloquear las citaciones, y las decisiones fueron confirmadas en apelación. Trump pidió entonces a la Corte Suprema que revisara los casos.
En julio de 2020, el alto tribunal devolvió el par de casos a los tribunales inferiores para que los revisaran de nuevo por qué esos tribunales no habían tenido en cuenta las «preocupaciones especiales relativas a la separación de poderes».
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien escribió la opinión mayoritaria, dijo que los tribunales inferiores deberían «realizar un análisis cuidadoso que tenga en cuenta adecuadamente los principios de separación de poderes que estén en juego, incluyendo tanto los importantes intereses legislativos del Congreso como la ‘posición única’ del Presidente”.
Los demócratas del comité de la Cámara de Representantes han estado intentando conseguir los registros financieros de Trump desde abril de 2019. Trump acudió a la corte federal para impugnar la citación original poco después de que se emitiera, para así bloquear su aplicación. Esa citación expiró en enero cuando los nuevos legisladores asumieron el cargo.
Al volver a emitir la citación, la presidenta del Comité de Supervisión, Carolyn Maloney (D-N.Y.), dijo en un memorando del 23 de febrero que el comité durante el 117º Congreso continuará apuntando hacia Trump para investigar sobre presuntos conflictos de intereses presidenciales. Ella dijo que sus documentos financieros son cruciales para «verificar los hechos clave y adaptar las reformas legislativas para que sean lo más eficaces y eficientes posible».
«Las acciones sin precedentes de Donald Trump como presidente —incluyendo su negativa a desprenderse de sus ‘complejas y opacas participaciones financieras’— han puesto al descubierto varias debilidades y lagunas aparentes en las leyes y regulaciones que rigen la divulgación financiera presidencial, los conflictos de intereses y los emolumentos», escribió Maloney.
Trump califica repetidamente las investigaciones que intentan obtener sus registros financieros como una continuación de una «caza de brujas» política, mientras que sus abogados y el exprocurador general Noel Francisco han cuestionado a los tribunales sobre si hay algún propósito legislativo legítimo para emitir las citaciones. Los abogados dicen que la Cámara busca los registros para acosar al presidente, «exponer asuntos personales y realizar actividades policiales más allá de su autoridad».
En un caso separado, la Corte Suprema dictaminó que no bloquearía la entrega de los registros financieros de Trump solicitados por el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr. Los documentos ya fueron entregados a la oficina de Vance. El fiscal los había solicitado como parte de una investigación del gran jurado.
Se cree que Vance estaba investigando el dinero de silencio pagado a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy, Karen McDougal. Pero las presentaciones judiciales sugieren que el alcance de la investigación del fiscal de Manhattan podría ser más amplia de lo que se conoce.
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