El jueves un juez dictaminó que la Administración del presidente Joe Biden no puede, por ahora, restringir las detenciones de inmigrantes ilegales.
El juez de distrito Drew Tipton, nominado por Trump, concedió una orden judicial preliminar solicitada por los estados de Texas y Luisiana contra dos memorandos emitidos por funcionarios del gobierno de Biden anteriormente este año que buscaban «priorizar» ciertas categorías de inmigrantes ilegales.
No se incluían en las categorías los extranjeros ilegales condenados por delitos graves de drogas o por delitos de depravación moral
Los estados fronterizos han visto un aumento de los costes relacionados con los centros de detención y un incremento de los delitos atribuibles a los memorandos, dijo Tipton en la orden de 160 páginas.
«El tribunal concluye que los posibles daños a los estados derivados de los memorandos superan cualquier posible daño al gobierno. El tribunal también concluye que con una orden judicial se sirve al interés público, en lugar de socavarlo», escribió.
Los abogados estadounidenses argumentaron que los memorandos daban prioridad a determinadas categorías de inmigrantes ilegales, pero no impedían actuar contra los que quedaban fuera de esas categorías.
También afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional tiene «una discreción de larga data sobre la aplicación de las leyes de inmigración» y que los esfuerzos de la agencia no deben ser interferidos.
Pero Tipton concluyó que el gobierno parecía no haber tenido en cuenta algunos de los efectos de las nuevas directrices, incluyendo si aumentarían los delitos, ya que algunos extranjeros ilegales criminales fueron excluidos de las prioridades esbozadas en los memorandos.
«En resumen, el hecho de que el gobierno no explique ni conecte racionalmente la base de las nuevas directrices, junto con el hecho de que el gobierno no considere ciertos factores relevantes y políticas alternativas, establece que hay una probabilidad sustancial de que la repriorización sea una política arbitraria y caprichosa», escribió.
Además, el juez dijo que la agencia parecía estar descuidando la ley federal que delinea la aplicación de la ley de inmigración.
La orden judicial preliminar está en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso o hasta que se reciba una nueva orden del tribunal o de un tribunal de apelación.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Después de la publicación de los memorandos, el ICE arrestó a muchos menos inmigrantes ilegales cada mes que durante los mismos meses de 2020.
El sheriff del condado de Harris, Texas, Ed Gonzalez, nominado por el presidente para dirigir la agencia de Inmigración y Aduanas, dijo a los senadores el mes pasado durante una audiencia de nominación que veía el descenso en los arrestos como algo preocupante.
«Según mi experiencia, me gustaría ver más datos para ver qué otros factores pueden haber influido, para entender mejor las cifras», dijo. «Es preocupante, así que me aseguraría, de nuevo, de que estamos siendo estratégicos y estamos priorizando adecuadamente que podamos ir tras aquellos individuos que suponen la mayor amenaza para nuestras comunidades».
Gonzalez también dijo que creía que los inmigrantes ilegales a los que se ordenó deportar de Estados Unidos deberían ser deportados.
El senador Josh Hawley (R-Mo.) dijo que se sentía «alentado» por las respuestas, añadiendo: «Creo que lo ponen en una tensión significativa con las políticas de esta administración; personalmente estoy bien con eso, espero que vaya y haga cumplir la ley vigorosamente, no sé lo que la Casa Blanca pensará de sus respuestas, pero me siento alentado por lo que he escuchado hasta ahora».
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