Un juez federal emitió el jueves una sentencia que prohíbe temporalmente a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, perseguir a los grupos provida del estado que promueven la reversión de los efectos de las píldoras abortivas.
La Sra. James demandó a Heartbeat International y a 11 centros de embarazo en mayo, acusándoles de fraude, prácticas comerciales engañosas y publicidad falsa de tratamientos para revertir los efectos de los abortos químicos.
Poco después, los grupos, el Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida y dos centros de embarazo contra-demandaron a la Sra. James, acusando a la fiscal general de atacarlos injustamente por sus puntos de vista y de violar sus derechos de libertad de expresión.
El juez de distrito John Sinatra Jr. de Buffalo emitió el jueves la medida cautelar, que prohíbe a James y a los fiscales estatales emprender acciones legales contra los grupos y centros mientras el caso se resuelve en la corte federal.
«La Primera Enmienda protege el derecho de los demandantes a hablar libremente sobre el protocolo APR [de reversión de la píldora abortiva] y, más concretamente, a decir que es seguro y eficaz para que una mujer embarazada lo utilice en consulta con su médico», escribió el juez Sinatra, en una decisión de 36 páginas.
El juez consideró que es probable que los grupos provida y los centros de embarazo prevalezcan en sus demandas. También criticó a James por actuar con demasiada rapidez a la hora de regular la libertad de expresión.
«Si ‘la Primera Enmienda significa algo, significa que la regulación de la expresión debe ser el último recurso, no el primero’», escribió el juez Sinatra. «Sin embargo, ‘aquí parece haber sido la primera estrategia que el gobierno pensó en probar’».
El juez indicó que los grupos provida que promueven la reversión de la píldora abortiva no pueden causar suficiente daño para justificar la limitación de la expresión porque el tratamiento requiere la prescripción de un médico.
Por lo tanto, su discurso, como mucho, «animaría a una mujer a hablar con su médico sobre las opciones de tratamiento», añadió el juez.
«El Estado no explica por qué prohibir la expresión sobre la APR ‘era un medio necesario y no meramente conveniente para lograr sus intereses’», escribió el juez Sinatra.
El juez tampoco estuvo de acuerdo con el argumento de los abogados del Estado de que el discurso de los demandantes era de naturaleza comercial.
«Nada podría ser fundamentalmente menos comercial que este discurso sobre cómo una mujer puede salvar su embarazo», escribió a continuación.
El aborto químico, o aborto farmacológico, consiste en tomar dos píldoras: la mifepristona, que mata al feto, y el misoprostol, que se toma días después y expulsa los restos. La segunda píldora suele utilizarse tras un aborto espontáneo.
Los grupos provida afirman que el proceso puede revertirse tras la toma de la primera píldora utilizando altas dosis de la hormona progesterona. Los abogados del Estado argumentaron que los reguladores federales no han aprobado este tratamiento, y las principales asociaciones médicas advierten de que el protocolo no está probado y carece de base científica.
Alliance Defending Freedom, un grupo de defensa legal conservador que representa a los demandantes, acogió con satisfacción la sentencia. En una declaración, la organización dijo que los grupos ahora podrán decir a las mujeres que la primera píldora abortiva puede ser contrarrestada y que James está impedida de impedirles proporcionar esa información.
«Los abortos no se pueden revertir, y cualquier publicidad que sugiera lo contrario es falsa y engañosa» , dijo por su parte la oficina de la Sra. James en una declaración, el viernes.
«La fiscal general James está comprometida con la defensa del derecho de los neoyorquinos a tomar decisiones informadas sobre su salud, libres de prácticas engañosas que puedan ponerlos en riesgo», continúa la declaración. «Esta decisión es decepcionante y estamos considerando nuestras opciones legales».
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