El juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, ha denegado la moción del expresidente Donald Trump de desestimar los cargos en virtud de la Primera Enmienda, señalando que la forma en que se presentó la impugnación limitaba los argumentos que podían esgrimirse.
«Sin excluir la posibilidad de plantear impugnaciones similares en el momento oportuno, una vez establecidos los hechos, se deniegan las peticiones de los acusados basadas en la Primera Enmienda», escribió el juez en una orden de 4 de abril.
El presidente Trump está acusado, junto con otras 14 personas, de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) de Georgia por sus acciones al impugnar los resultados de las elecciones de 2020.
Había presentado una impugnación según se aplique de la Primera Enmienda, argumentando que todo lo que dijo recogido en la acusación estaba protegido por la Primera Enmienda. La defensa también planteó una impugnación total de la Primera Enmienda, argumentando que los cargos eran excesivamente amplios y que los estatutos podían ser inconstitucionales.
Pero cuando se hace una impugnación de este tipo antes del juicio, el único registro de hechos que puede utilizarse es la propia acusación. Las acusaciones deben aceptarse como hechos en esta fase.
Gran parte del discurso del presidente Trump se cita como parte de la acusación RICO, en la que se pueden enumerar actos legales y discursos veraces para demostrar que existía una «operación», explicaron los fiscales.
La Primera Enmienda no protege el discurso «integral a la conducta criminal, el fraude o el discurso que presenta una amenaza inminente que el gobierno puede prevenir», escribió el juez.
El discurso político está protegido, al igual que la comunicación con funcionarios del gobierno, pero la protección «no se extiende a las peticiones supuestamente fraudulentas», escribió el juez.
El abogado defensor Steve Sadow alegó que el discurso del presidente Trump no podía ser procesado por falsedad, y argumentó que los tribunales han reconocido que incluso el discurso falso debe protegerse, ya que el debate libre no puede estar exento de errores.
Sin embargo, el juez consideró que los fiscales no presentaron cargos porque el discurso fuera «falso», sino porque el presidente Trump actuó presuntamente «a sabiendas» y «voluntariamente» de un modo que «afectó a asuntos de interés gubernamental».
En cuanto a demostrar esa intención, eso era cuestión del juicio, añadió.
«Las alegaciones de que el discurso o la conducta de los demandados se llevaron a cabo con intención delictiva es algo que solo puede resolver un jurado», dice el auto.
El juez desestimó igualmente la impugnación total, al considerar que los estatutos utilizados en la acusación no eran inconstitucionales.
«La ley no se aplica de forma generalizada a todos los casos de declaraciones falsas, ficticias o fraudulentas, sino que se limita únicamente a las ‘declaraciones falsas realizadas a sabiendas y voluntariamente en un asunto que sea competencia de un organismo público'», escribió.
Los acusados también alegaron que se les procesaba por participar en campañas políticas, lo que viola el derecho de asociación de la Primera Enmienda, como parte de la impugnación facial.
El juez rechazó el argumento, considerando que los estatutos utilizados no violan la libertad de asociación.
«Aunque el Estado conserva su interés en preservar la integridad del proceso electoral presidencial, el riesgo de que al hacerlo anule cualquier derecho de asociación implicado es jurídicamente irrelevante», escribió el juez.
Acusaciones
El presidente Trump está acusado de 10 cargos, ya que el juez eliminó recientemente seis cargos de la acusación, tres de los cuales se aplican al expresidente Trump.
Junto con el cargo RICO, se le acusa de conspiración para hacerse pasar por funcionario público, dos cargos de conspiración para cometer falsificación en primer grado, dos cargos de conspiración para cometer declaraciones y escritos falsos, conspiración para cometer presentación de documentos falsos, presentación de documentos falsos, presentación de declaraciones y escritos falsos, y declaraciones y escritos falsos.
Los cargos están relacionados con las boletas emitidas por una lista alternativa de electores tras las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
Desde que se presentó la acusación el pasado agosto, cuatro acusados han aceptado acuerdos con la fiscalía y se espera que testifiquen contra los 15 acusados restantes del caso.
El juez estimó que el juicio durará entre tres y cinco meses, y que los fiscales necesitarán unos cuatro meses para presentar su caso y semanas adicionales para el testimonio de los testigos de la defensa. El juez ha dicho también que es probable que el caso se separe, juzgando a los acusados en grupos más pequeños, pero los fiscales argumentaron que tendrían que presentar el mismo caso —todos los mismos testimonios y pruebas— en cada caso, independientemente de cómo se separe, debido a la acusación RICO.
Los fiscales han pedido una fecha para el juicio en agosto, y el juez aún no la ha fijado.
El abogado defensor Steve Sadow argumentó que el juicio no puede empezar a coincidir con las elecciones generales, ya que obligaría a los miembros del jurado a contemplar la posibilidad de votar a favor o en contra del presidente Trump mientras sopesan su culpabilidad o inocencia. Mientras tanto, está apelando la decisión anterior del juez de permitir que Fani Willis, del condado de Fulton, siga llevando el caso, argumentando que hubo mala conducta forense y conflicto de intereses que el juez encontró pero no resolvió.
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