Una corte de Luisiana ordenó a la administración Biden que desclasifique documentos relativos a cinco funcionarios de la seguridad nacional de estados Unidos, que podrían revelar su posible implicación en la supuesta colusión entre el gobierno con las grandes empresas de tecnología e informática para suprimir en las redes sociales contenidos de las elecciones considerados «información errónea» o «desinformación», dicen los documentos judiciales.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, pidieron a la corte que ordene a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), un componente operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que desclasifique los documentos y que se obtenga el testimonio de cinco empleados de la CISA: Chad Josiah, Rob Schaul, Alex Zaheer, John Stafford y Pierce Lowary, indican los documentos judiciales fechados el 19 de enero (pdf).
El juez Terry Doughty, designado por Trump, emitió la orden, según los documentos judiciales (pdf) fechados el 25 de enero.
Su solicitud se produjo poco después de la declaración por deposición del agente de seguridad electoral de la CISA, Brian Scully, cuya transcripción completa (pdf) fue publicada por Landry el 19 de enero.
«Trabajo de centralita en favor de los funcionarios electorales»
En su declaración, Scully reveló que en 2020, la CISA «hizo algo de trabajo de centralita en favor de los funcionarios electorales», el que giraba en torno a «recibir alertas de los funcionarios electorales sobre el contenido de las redes sociales que ellos consideraban desinformación y luego la CISA enrutaba esas preocupaciones a las compañías de redes sociales».
Scully dijo a los funcionarios durante su declaración que el trabajo se realizaba principalmente para garantizar que las empresas de redes sociales fueran «conscientes» de la supuesta desinformación.
«En el transcurso de las elecciones, yo creo que reenviamos unos 200 correos electrónicos en total», dijo Scully sobre los correos electrónicos enviados a las empresas de redes sociales.
Así mismo, señaló que había un «entendimiento» de que esas empresas aplicarían después sus políticas de moderación a los contenidos marcados.
Al menos otras cinco personas participaron en el trabajo de centralita, añadió Scully, lo que llevó a Bailey y Landry a pedir a la corte que garantizara la divulgación de los documentos y testimonios relativos a cinco funcionarios de seguridad nacional.
El juez Doughty en su aprobación de la orden, dijo que «los demandados federales argumentan que la información solicitada no es relevante para la medida cautelar preliminar, porque la «centralita» se hizo antes de las elecciones de 2020 y la práctica ha sido disuelta».
Missouri y Luisiana presentan una demanda contra la administración Biden
«Esa cuestión está por verse. Los demandantes no deberían tener que confiar en las declaraciones de los demandados federales. Los demandantes tienen derecho a obtener la información necesaria para decidir por sí mismos», escribió el juez.
Por lo tanto, Doughty ordenó que la CISA debe «complementar sus respuestas y solicitudes de producción, para que incluyan respuestas apropiadas y produzcan los documentos» con la información de los empleados de la CISA en un plazo de 14 días a partir de la fecha de la orden.
La última medida es parte de un proceso de presentación de evidencias ordenado por la corte tras una demanda presentada en mayo de 2022 por Missouri y Luisiana contra el gobierno de Joe Biden, en la que se alega la colusión de las grandes empresas de tecnología para suprimir la libertad de expresión.
En la demanda (pdf), los dos estados afirman que el presidente Biden y miembros de alto rango del gobierno coludieron y coaccionaron con empresas de redes sociales para «suprimir a oradores, puntos de vista y contenidos desfavorecidos» o lo que ellos afirmaban que era «información errónea» sobre cualquier cosa desde COVID-19 y sus orígenes hasta las elecciones.
En diciembre, el juez Doughty dictaminó que tres de los acusados citados en la demanda, a saber, el director general de Salud, Vivek Murthy, la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), Jen Easterly, y Rob Flaherty, ayudante adjunto del presidente Joe Biden, no tendrían que comparecer para una declaración en el marco de la demanda y que podrían utilizarse medios menos «intrusivos» para obtener de ellos la información que se solicita.
La Casa Blanca negó las afirmaciones de que actuó en colusión con las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión sobre múltiples temas, entre ellos COVID-19 y las elecciones.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el DHS para recibir sus comentarios.
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