Un juez de la corte del estado de Virginia ordenó el martes a los funcionarios del sistema escolar del condado de Loudoun que cancelaran la suspensión y otras medidas disciplinarias contra un maestro que se negó a usar los pronombres preferidos de los estudiantes.
El maestro de escuela primaria, Byron Tanner Cross, fue suspendido el 27 de mayo después de hablar brevemente en contra de una propuesta para que los maestros en el sistema de escuelas públicas del norte de Virginia se dirijan a los estudiantes por sus pronombres preferidos, en lugar de solo por aquellos pronombres que indican género masculino y femenino.
A Cross también se le prohibió estar en los terrenos de cualquiera de las instalaciones del sistema escolar sin permiso previo. Al profesor se le pidió estar disponible para discutir la investigación oficial sobre si sus comentarios fueron perturbadores.
Representado por abogados de Alliance Defending Freedom (ADF), un bufete de abogados de interés público con sede en Arizona que se especializa en litigios de libertades civiles y religiosas, Cross pidió al Tribunal de Circuito de Virginia del condado de Loudoun, el 1 de junio, que obligara al sistema escolar a retirar sus medidas disciplinarias a través de una orden de restricción temporal mientras avanza el caso.
Cross afirmó que la suspensión y las sanciones relacionadas eran una represalia por sus comentarios, que estaban protegidos por la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
El juez James E. Plowman, del Vigésimo Circuito Judicial de Virginia, estuvo de acuerdo y dijo: “aquí, está claro que el demandante hablaba como ciudadano, no en su capacidad oficial. Su discurso no se llevó a cabo en su lugar de trabajo habitual, se produjo fuera del horario laboral y en un foro al que se invitó a hacer comentarios públicos”.
“El demandante tuvo que seguir el mismo proceso para hablar que hubiera seguido cualquier otro ciudadano. Aunque esto no fue admitido formalmente por los demandados, el análisis de esto no fue discutido”.
Plowman estuvo de acuerdo en que el peso de las pruebas sugiere que es probable que Cross gane el litigio. También dijo que sufrió un «daño irreparable» por la violación a sus derechos de la Primera Enmienda, y que fue suspendido «debido a su discurso, se le prohibió seguir hablando, y los empleados en situación similar han sido silenciados debido a las acciones de los demandados».
Como resultado, el juez dictaminó que “por la presente se concede la solicitud del demandante de una orden judicial temporal contra los acusados. Los acusados reinstalarán inmediatamente al demandante en su puesto como estaba antes de la emisión de su suspensión y eliminarán la prohibición que se le impuso de acceder a todos los edificios y terrenos de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun”.
A menos que se llegue a un acuerdo extrajudicial entre las partes, el caso se escuchará a finales de este año.
Mike Farris, presidente de la ADF, elogió la decisión y dijo en un comunicado el martes que “nadie debería ser castigado por expresar preocupación por una política gubernamental propuesta, especialmente cuando el gobierno invita a comentar sobre esa política. Por esa razón, nos complace la decisión del tribunal de detener las represalias de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun contra Tanner Cross mientras continúa su demanda”.
Farris, quien reside desde hace mucho tiempo en el condado de Loudoun y es expresidente del Patrick Henry College ubicado allí, agregó que “los educadores son como todos los demás: tienen ideas y opiniones que deberían tener la libertad de expresar y abogar por soluciones que no debería costarles su trabajo.
“Los funcionarios escolares dijeron que su discurso, ofrecido en una reunión pública, era ‘perturbador’ y luego lo suspendieron por decir lo que pensaba. Eso no es legal ni constitucional. Docenas de otros maestros han compartido sus creencias sobre diversas políticas sin represalias; Tanner merece ser tratado con el mismo respeto”.
La ADF ha ganado una docena de decisiones en la Corte Suprema de EE.UU. en los últimos años, incluido el histórico Masterpiece Cakeshop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, en 2018. En el caso se defendió el derecho del decorador Jack Phillips a negarse a incluir mensajes en pasteles que violen sus convicciones religiosas.
Se puede contactar al corresponsal del Congreso Mark Tapscott en [email protected]
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