El partido Podemos, liderado por el vicepresidente de España, Pablo Iglesias, seguirá imputado como persona jurídica por financiación irregular, dijo hoy el juez Juan José Escalonilla, quien investiga la causa.
En respuesta a una solicitud de Podemos, para que se le revoque la condición de imputado, el magistrado resolvió “no haber lugar a acordar el sobreseimiento libre, ni tampoco el sobreseimiento provisional, de la presente causa respecto del partido político Podemos”, dice el auto dictado el 13 de enero, al cual tuvo acceso OK Diario.
La conclusión se basa en que la Fiscalía Provincial de Madrid subrayó que el partido político debe continuar siendo investigado por hechos “susceptibles de ser incardinados en el delito de financiación irregular de los partidos políticos”, señala el documento.
Estos hechos se refieren a la transferencia de cientos de miles de dólares, entre ellos USD 363,000, divididos en pequeños pagos, dirigidos a una empresa mexicana Neurona, por un presunto contrato para una campaña electoral en 2019.
Según el magistrado “existen indicios” de que el contrato de Podemos con la sociedad mexicana Neurona Comunidad S.L. fechado el 25 de febrero de 2019 “se trató de un contrato simulado”.
El contrato “no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero», desde el partido político a la sociedad extranjera Creative Advice Interactive, vinculada a la chavista Neurona Consulting, agregó.
El juez Escalonilla expuso que “al existir indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada para las elecciones del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio”, seguirá investigando “la presunta comisión por parte de cargos ejecutivos de Podemos”, bajo el “delito electoral tipificado en el artículo 150 de la LOREG”.
Posible financiamiento a partidos extranjeros
De acuerdo al denunciante, un exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, la conducta que ahora se investiga sugiere que el objetivo de Podemos era financiar a otros partidos en el extranjero, dice el documento.
“Se infiere que dicha presunta distracción de dinero respondía a otra finalidad distinta, que señaló podía ser la de financiar a partidos extranjeros, (seguida) a la previa financiación ilegal del propio partido político Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan”, dice el auto del magistrado.
Por ello Escalonilla investiga si Podemos también cometió un delito de financiación ilegal tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal.
El magistrado además relató que Calvente, junto a Mónica Carmona, exabogados de Podemos, fueron despedidos luego que observaron irregularidades internas en el Partido, e iniciaron una investigación. Según el juez, la forma en que se despidió a Carmona y Calvente “resulta igualmente expositivo de tal falta de compromiso de los dirigentes de dicho partido político con la cultura ética o cultura de cumplimento de las normas legales”.
De otra parte, el titular de la causa cerró hoy dos líneas de investigación. Una se refiere a la licitación de la obra para la reforma de la sede del partido y la segunda a un presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad por la cual no se presentó la demanda, informó La Vanguardia.
Podemos había presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, en noviembre pasado, solicitando que se revoque su condición de investigado como persona jurídica, así como el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa respecto al partido, ya que la condición de imputado «genera efectos reputacionales negativos e injustificados», informó el medio Publico.
«No se ha podido acreditar un solo indicio de una supuesta financiación irregular», por lo que «procede el sobreseimiento», sostuvo Podemos en el escrito.
La causa continúa su curso y en ella figuran imputados varios cargos y dirigentes, como el secretario de comunicación, Juan Manuel del Olmo, añade el medio español.
A fines de diciembre de 2020, el juez Escalonilla dijo que estaba investigando un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que destaca una transferencia efectuada desde una cuenta en Caixa Credit Enginyers de 363,000 euros a Neurona Comunidad S.L, una empresa mexicana con filial española.
También está revisando otras transferencias desde otras tres cuentas de esa misma entidad. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, Daniel de Frutos, uno de los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos, y Carolina Alonso, diputada de la formación en la Asamblea de Madrid, figuran como apoderados de las cuentas.
Los principales dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre, que han estado dentro del consejo ejecutivo de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), a su vez figuran recibiendo “desde 2002 a 2012 al menos 3.7 millones de euros del Gobierno de Hugo Chávez”, informó el Partido Socialista PSOE, en 2014, citando a El País, de acuerdo a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura.
Los pagos del gobierno venezolano de Chávez a los miembros de Podemos, se iniciaron cuando se formó CEPS, una fundación “sin ánimo de lucro” nacida en 2002 para promover “la redistribución de la riqueza”.
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