La jueza federal Aileen Cannon, con sede en Florida, pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que justifique el continuo uso de un gran jurado del Distrito de Columbia, con la esperanza de presentar cargos adicionales en el caso contra el expresidente Donald Trump sobre su manejo de documentos gubernamentales clasificados en su casa de Mar-a-Lago.
Utilizar el trabajo de un gran jurado en una jurisdicción para imputar cargos a un acusado fuera del estado no es necesariamente inconstitucional, pero es inusual, dijo un experto legal a The Epoch Times.
El caso de los documentos se está viendo en la sala de la jueza en Fort Pierce, Florida.
El abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, presentó 40 cargos contra el Sr. Trump por delitos federales en Florida por la presunta retención ilegal de información de defensa de EE. UU. relacionada con 337 documentos clasificados, por obstrucción y por mentir al gobierno.
La imputación de los cargos de obstrucción se anunció a finales de julio y se produjo después de que la mayor parte de los cargos ya se hicieran públicos. El expresidente habría incurrido en una obstrucción al presuntamente ordenar que se borraran imágenes de seguridad de su residencia en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
El gran jurado del Distrito de Columbia acusó a Trump por sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El Sr. Smith también está supervisando esa acusación.
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El Sr. Trump fue imputado a principios de este año en el distrito de la jueza Cannon, la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, por múltiples delitos relacionados con su manejo de los documentos del gobierno en Mar-a-Lago.
El 45º presidente está acusado de violar la Ley Federal de Espionaje y otros estatutos federales por supuestamente conspirar para obstruir la justicia, hacer declaraciones falsas y ocultar documentos. La imputación afirma que el Sr. Trump almacenó documentos clasificados en lugares no autorizados de su casa, incluidos su dormitorio, un cuarto de baño y un salón de baile. El Sr. Trump también habría compartido algunos de los materiales con otras personas que carecían de autorizaciones de seguridad.
En una orden del 7 de agosto, la jueza Cannon ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) «abordar la conveniencia legal de utilizar un procedimiento de gran jurado fuera del distrito para continuar investigando y / o solicitar audiencias post-imputación sobre cuestiones pertinentes al asunto inmediatamente imputado en este distrito».
El tribunal impuso un plazo hasta el 22 de agosto para que el gobierno responda.
El hecho de que el trabajo de un gran jurado en la capital de la nación, donde el grupo de jurados disponibles en el bastión demócrata se considera en gran medida hostil al expresidente republicano, sentara las bases para la acusación en un tribunal federal de Florida, podría presentar problemas difíciles, pero no necesariamente insuperables cuando se juzgue el asunto.
Incluso si este posible caso del gran jurado-tienda del Sr. Smith no logra desbaratar el proceso de los documentos en el caso de la fiscalía contra el Sr. Trump y otros acusados, los abogados defensores pueden plantear la cuestión en la apelación si sus clientes son condenados en última instancia.
Curt Levey, un abogado que es presidente del Committee for Justice, una organización sin fines de lucro de defensa legal conservadora, dijo a The Epoch Times que no tenía conocimiento de ningún estatuto federal que prohíba la práctica.
«Ciertamente, la Constitución no lo exige», añadió el abogado.
«Normalmente, el gran jurado se encuentra en el mismo distrito federal en el que se va a juzgar el caso», dijo Levey en una entrevista.
Incluso si el DOJ tiene una política interna que impide la práctica, no está claro que el departamento la siga, dijo a continuación.
«Quiero decir, también hay una política del DOJ que dice ‘tratar de no acusar a la gente en un momento en que interferirá en una elección’ y no parecen haber seguido realmente esa», dijo el Sr. Levey.
En la misma orden, la jueza Cannon indicó que los fiscales, que también persiguen cargos penales contra el exayudante de Trump, Waltine Nauta, están exigiendo una audiencia judicial sobre cualquier posible conflicto de intereses que uno de sus abogados pueda tener en relación con su representación al Sr. Nauta.
El Sr. Nauta, un exmarinero de la Marina de Guerra estadounidense que trabajó en la Casa Blanca de Trump, está acusado de retirar documentos gubernamentales de la Casa Blanca y ayudar al Sr. Trump a mantenerlos alejados de los funcionarios federales que exigían su devolución.
El DOJ está pidiendo una audiencia denominada audiencia García con respecto al abogado Stanley Woodward de Brand Woodward Law en Washington.
Una audiencia García es «un procedimiento legal que asegura que un acusado, que es uno de dos o más acusados representados por el mismo abogado, entienda el riesgo de un conflicto de intereses», según el recurso en línea LSD Law.
«Este tipo de audiencia también informa al acusado de que tiene derecho a un abogado que no represente a nadie más en su caso. La audiencia se celebra para proteger los derechos del acusado y garantizar una representación justa ante el tribunal».
La orden de la jueza Cannon dice que el abogado especial presentó una moción para que se celebrara una audiencia García con el fin de investigar «los posibles conflictos de intereses que puedan surgir de la representación anterior y actual [del Sr. Woodward] de tres personas que el Gobierno puede llamar a declarar en el juicio de su cliente, Waltine Nauta».
La resolución ordena al Sr. Nauta que responda a la petición de García antes del 17 de agosto. La respuesta debe incluir una discusión sobre la conveniencia legal de que el fiscal recurra a un gran jurado de otro estado.
La corte podría optar por proporcionar al Sr. Nauta un abogado independiente adicional con el fin de determinar si está siendo representado de manera justa por el Sr. Woodward.
El Sr. Woodward respondió «sin comentarios» por correo electrónico.
Otro de los abogados de Nauta, Sasha Dadan, del bufete Dadan Law Firm de Fort Pierce, tampoco quiso hacer comentarios.
Peter Carr, un portavoz de la oficina del Sr. Smith, dijo a The Epoch Times: «Vamos a responder en el momento oportuno a través de una presentación ante la corte».
El Sr. Carr indicó por correo electrónico que la Corte fue informada el 2 de agosto de que dos grandes jurados estaban involucrados en el caso.
El portavoz remitió a The Epoch Times una copia de un documento que él denominó «nuestra presentación judicial original a la que el tribunal responde en esta orden». También señaló que el documento titulado «Motion for Garcia Hearing» que fue presentado ante la Corte en Florida por el Sr. Smith, reveló el uso de dos grandes jurados.
«El gran jurado en este distrito y un gran jurado en el Distrito de Columbia continuaron investigando más actividad obstructiva, y una acusación sustitutiva fue presentada el 27 de julio de 2023», dice la moción.
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