Un juez federal de distrito de EE. UU. rechazó este martes una solicitud de grupos proinmigrantes para bloquear la sección de ley de Florida que penaliza el transporte de inmigrantes ilegales en el estado.
Este martes grupos proinmigrantes —que incluyen la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice, el Southern Poverty Law Center y el American Immigration Council— presentaron una moción solicitando a un juez federal que impidiera que el gobierno de Florida aplique la sección 10 de la ley SB 1718 para frenar la inmigración ilegal. La ley estatal entró en vigor el 1 de julio.
Sin embargo, de manera casi inmediata después de la presentación de la petición, el juez federal Roy Altman de la Corte de Distrito Sur en Florida rechazó la petición al considerar que no hubo una notificación adecuada hacia el gobernador floridano Ron DeSantis y otros demandados, incluidos fiscales de toda Florida, sobre dicha moción, según el medio de comunicación El Diario.
Se «deniega sin perjuicio la Solicitud 24 [la moción] de medida cautelar preliminar de los Demandantes”, dijo Altman. “Aunque los Demandantes certifican que entregaron ‘una copia fiel y correcta de ‘la Solicitud’ a todas las partes registradas por correo electrónico y correo postal, los demandados aún no han sido notificados en este caso”.
Sin embargo, el juez dijo que los grupos de derechos civiles podrían volver a presentar la solicitud una vez que hayan sido notificados los demandados.
Los grupos en su petición se refieren a la sección 10 de la SB 1718, la cual ellos afirman, «es una ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal y es inconstitucionalmente vaga», señalando que pone en riesgo a miles de floridanos y residentes de otros estados, —entre ellos ciudadanos y no ciudadanos— «de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar una categoría vagamente definida de inmigrantes a Florida».
DeSantis promulgó en mayo el proyecto de ley SB 1718 como una medida para evitar la inmigración ilegal en el estado, calificando la legislación como la más dura del país. Una de sus disposiciones obliga a las empresas con más de 25 empleados a usar el sistema federal E-Verify para comprobar la elegibilidad de un solicitante de empleo.
La Sección 10 de la ley endurece las sanciones por tráfico de personas, tipifica como delito grave de tercer grado que una persona a sabiendas y deliberadamente transporte hacia Florida a un individuo “que la persona sabe, o razonablemente debería saber, ha entrado en Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal por otro país”.
La Sección también tipifica como un delito de segundo grado el transporte de un solo menor ilegal o cinco o más inmigrantes ilegales a sabiendas, que podría conllevar una multa por USD 10,000 y hasta 15 años de prisión.
Al momento de la promulgación de la SB 1718, DeSantis, dijo, que en el estado no se quedarán sin actuar «mientras el gobierno federal abandona sus deberes legales de proteger a nuestro país».
«La legislación que firmé hoy le da a Florida las leyes más ambiciosas del país contra la inmigración ilegal, luchando contra las políticas imprudentes del gobierno federal y asegurando que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración ilegal», agregó.
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