Un juez de un condado del Estado de Washington desestimó un intento de bloquear la prohibición estatal de las denominadas armas de asalto: es la tercera vez en menos de tres meses que un juez se pronuncia en contra de este tipo de peticiones.
El 1 de septiembre, la juez Allyson Zipp, del Tribunal Superior del condado de Thurston, rechazó una solicitud de medida cautelar para bloquear la aplicación de la ley HB 1240. El proyecto de ley prohíbe la fabricación, importación, distribución y venta de más de 50 tipos de armas, incluidos los rifles de estilo AK-47 y AR-15, que se clasifican como armas de asalto.
La decisión se produjo en el marco de una demanda presentada por la empresa de entrenamiento de armas de fuego Guardian Arms contra el gobernador demócrata Jay Inslee.
En la demanda se alegaba que la definición estatal de «arma de asalto» es demasiado vaga y que las armas de fuego objeto de la ley no se han utilizado en muchos tiroteos masivos en Washington.
El 23 de junio, el juez Zipp había rechazado una petición similar de orden de alejamiento. La solicitud formaba parte del caso Guardian Arms contra Inslee y pretendía bloquear la ley. El 6 de junio, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Robert Bryan rechazó otra petición de bloqueo de la prohibición de las armas de asalto en el marco de otra demanda.
El fiscal general del estado, Bob Ferguson, propuso la prohibición de las armas de asalto en 2017 tras un tiroteo masivo en una fiesta en una casa en Mukilteo, Washington, en 2016. El tirador había utilizado un rifle de estilo AR-15.
Durante la sesión legislativa de 2023, Ferguson e Inslee solicitaron conjuntamente la prohibición de la venta de las denominadas armas de asalto. Inslee firmó la ley en abril.
«Estas armas de guerra de asalto no tienen otra razón de ser que el asesinato en masa. Su único propósito es matar a seres humanos lo más rápidamente posible y en grandes cantidades», dijo entonces el gobernador.
Los desafíos legales contra la prohibición comenzaron inmediatamente.
Tras la reciente decisión del juez Zipp, el Sr. Ferguson declaró que «mi equipo jurídico sigue invicto frente al lobby de las armas en los tribunales. … Esta reforma de las armas de sentido común salvará vidas al restringir el acceso al arma preferida de los tiradores en masa.»
La Fundación de la Segunda Enmienda se había quejado antes de la HB 1240, y su fundador, Alan M. Gottlieb, calificó el proyecto de ley de «absurdo».
«El estado ha puesto la política por delante de los derechos constitucionales, y está penalizando a los ciudadanos respetuosos de la ley, mientras que esta legislación no hace nada para detener y procesar a los criminales que hacen mal uso de las armas de fuego desafiando todas las leyes de control de armas existentes», dijo el Sr. Gottlieb.
Los demócratas impulsan la prohibición de las armas
Estados Unidos prohibió las «armas de asalto» entre 1994 y 2004. Durante un discurso pronunciado en agosto de 2022, el presidente Joe Biden afirmó que los tiroteos masivos aumentaron tras la expiración de la prohibición.
«En 1994, me enfrenté a la NRA y aprobé la prohibición de las ‘armas de asalto’. Durante 10 años, los tiroteos masivos disminuyeron. … Pero en 2004, los republicanos dejaron que expirara la prohibición, ¿y qué ocurrió? Los tiroteos masivos se triplicaron», dijo.
Sin embargo, un estudio encargado por el Instituto Nacional de Justicia en 2004 (pdf) afirmaba que «no podemos atribuir claramente a la prohibición el reciente descenso de la violencia armada en el país. Y, de hecho, no se ha producido una reducción perceptible de la letalidad y la lesividad de la violencia armada».
En febrero, el entonces diputado David Cicilline (D-R.I.) presentó en la Cámara la Prohibición de Armas de Asalto de 2023, pero el proyecto no avanzó.
En marzo, el presidente Biden volvió a impulsar su programa de prohibición de las armas de asalto tras un tiroteo en una escuela de Nashville (Tennessee).
«Vuelvo a pedir al Congreso que apruebe mi prohibición de las armas de asalto. Ya es hora de que empecemos a hacer algunos progresos», dijo en un post del 28 de marzo en X, antes conocido como Twitter.
Ampliación del control de armas
El gobierno de Biden también está proponiendo una norma que clasificaría esencialmente a cualquier estadounidense que venda armas como traficante de armas de fuego, endureciendo así las medidas de control de armas en el país.
En la actualidad, los particulares pueden dedicarse a la venta de armas de fuego con fines lucrativos sin tener que estar registrados como traficantes de armas de fuego. La nueva normativa clasificaría la venta de armas como actividad comercial y exigiría que los particulares obtuvieran una licencia y se sometieran a un control de antecedentes.
Las normas se aplicarían si el individuo pusiera a la venta armas de fuego con ánimo de lucro, si pusiera a la venta armas de fuego repetidamente en los 30 días siguientes a su compra o si las armas de fuego fueran nuevas en su embalaje original, o si vendiera varias armas de fuego del mismo tipo.
La Asociación Nacional del Rifle-Instituto para la Acción Legislativa (NRA-ILA) ha criticado la medida de la administración Biden, y el director ejecutivo de la NRA, Randy Kozuch, la ha calificado de «un paso más en su campaña para atacar a los propietarios de armas respetuosos con la ley».
«La aprobación de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras es ahora un pretexto para exigir el permiso del gobierno antes de ejercer un derecho constitucional. Es un duro recordatorio para los legisladores: Den a los controladores de armas cualquier herramienta legislativa, por benigna que sea, y la utilizarán para destrozar la Segunda Enmienda», dijo.
«La Administración Biden utilizará claramente todas las herramientas a su disposición para interferir en nuestras libertades mientras no hace nada para detener a los criminales violentos responsables del reciente aumento de la criminalidad en Estados Unidos».
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