Un juez federal rechazó el viernes una demanda civil que pide bloquear a los voluntarios comunitarios que se movilizaron para monitorear los buzones de votos en ausencia en Arizona.
La demanda civil acusó a los demandados, Melody Jennings, fundadora del sitio web Clean Elections USA (CEUSA), y a un grupo de voluntarios comunitarios de supuesta intimidación a los votantes en dos buzones ubicados al abierto en los condados de Mesa y Maricopa, en Arizona.
Dos organizaciones sin ánimo de lucro, Arizona Alliance for Retired Americans y Voto Latino, presentaron la demanda civil.
El juez de la Corte de Distrito de EE. UU., Michael T. Liburdi, para el Distrito de Arizona desestimó el viernes a Voto Latino en el caso por no tener legitimación ya que no demostró un «perjuicio concreto o particularizado».
«La Corte se ha esforzado por elaborar una forma significativa de medida cautelar que no viole los derechos de la Primera Enmienda de los demandados y los de los observadores de los buzones», dijo Liburdi en su fallo (pdf).
El juez Liburdi señaló que muchos votantes están «legítimamente alarmados» por la filmación de los observadores de los buzones, pero su conducta no constituye ni una intimidación de los votantes ni una verdadera amenaza.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con Voto Latino para pedirle comentarios.
Acusaciones
Los buzones en cuestión se encuentran en estacionamientos para que los votantes se acerquen y depositen sus papeletas de votos desde sus vehículos.
Según la demanda (pdf), un votante presentó una queja alegando que un grupo de individuos se reunió cerca del buzón de votación del condado de Mesa y fotografió y acusó al votante y a su esposa de ser mulas.
Otra queja alega que «unos individuos tomaron fotografías de un votante y de la matrícula de su vehículo», según la presentación judicial. Una tercera denuncia formal alega que cinco o seis hombres se situaron en el aparcamiento de la urna electoral de Mesa y tomaron fotografías del vehículo y la matrícula del votante.
La demanda también reclama que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa fue enviada al buzón de Mesa para investigar a los observadores armados y enmascarados que llevaban chalecos antibalas.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa para obtener comentarios.
Pero aunque el juez dijo que el caso «ciertamente presenta serias dudas», no fue suficiente para que ordenara una orden judicial para bloquear su conducta sin violar la Primera Enmienda.
«Además, aunque el factor de daño irreparable se inclina a favor de los demandantes, el balance de las equidades y el interés público no lo hacen», dijo Liburdi. «No se puede emitir una medida cautelar en estos hechos, pero se invita a Arizona Alliance a volver a esta Corte con cualquier nueva prueba de que los Demandados han participado en la intimidación ilegal de los votantes».
«La Constitución ganó hoy»
Saundra Cole, la presidenta de Arizona Alliance for Retired Americans, dijo que el dictamen fue «realmente decepcionante».
Jennings en cambio celebró el fallo.
«La Constitución ganó hoy. Esta batalla no ha terminado, pero hoy fue un paso para la libertad y para que sus derechos de la 1ª enmienda sean preservados», dijo Jennings en Truth Social. «La solicitud de una orden de restricción contra mí y contra los implicados en Clean Elections USA fue denegada».
Ella instó a los estadounidenses a «ir a votar» y a agradecer a los vigilantes de los buzones por «proteger su libertad».
Cole indicó que su organización sin fines de lucro tiene la intención de apelar el fallo, sosteniendo que la vigilancia de las urnas constituye una «intimidación y acoso» ilegales.
«Los ciudadanos estadounidenses deberían poder emitir su voto sin temor a sufrir lesiones personales u otros daños a su seguridad», dijo Cole en una declaración.
«Dicho esto, el derecho a votar es precioso y lo que está en juego es especialmente importante en estas elecciones. Instamos a todos los ciudadanos mayores de Arizona a que no se dejen disuadir y devuelvan sus papeletas de voto antes de la fecha límite, o voten en persona el día de las elecciones», añadió.
La demanda alegó que los voluntarios violaban la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto y la Cláusula de Apoyo o Defensa de la Ley del Ku Klux Klan. Pero el juez no estuvo de acuerdo.
La sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto establece que ninguna persona, «ya sea actuando bajo el color de la ley o de otra manera, intimidará, amenazará o coaccionará, o intentará intimidar, amenazar o coaccionar a cualquier persona por votar o intentar votar».
Grupo de ciudadanos comunitarios
Jennings fundó CEUSA después de ver el documental del cineasta Dinesh D’Souza «2000 Mules», que presenta pruebas que ponen en duda la validez y la legitimidad del proceso electoral de 2020.
«2000 Mules» utiliza datos anónimos de localización de teléfonos móviles para contar la historia de una oscura red de «mulas electorales» que trabajan para influir en el resultado de las elecciones de 2020, recolectando votos por correo fraudulentos y depositándolos estratégicamente en los buzones de votación anticipada en estados electorales clave.
En una entrevista anterior con The Epoch Times, Jennings describió a CEUSA como un «movimiento comunitario descentralizado» formado por ciudadanos preocupados y patrióticos que vigilan cualquier posible relleno de urnas de voto por correo en las elecciones de medio mandato.
La demanda señala que por lo que la Corte puede decir, CEUSA «no está organizada como una entidad legal válida bajo las leyes de ningún estado y parece ser simplemente un nombre de dominio web».
«En Arizona, nosotros tenemos cuidado de mantener la distancia de 75 pies de la casilla. Solo trabajamos en los buzones exteriores», declaró Jennings.
«Animamos a nuestra gente a no ir sola por razones de seguridad. Nosotros respetamos la ley al 100 por ciento», dijo a continuación.
Derechos de la primera enmienda
El juez consideró que la conducta del grupo de ciudadanos está protegida por la Primera Enmienda porque las publicaciones de Jennings en las redes sociales demuestran que ella cree que «la sola presencia de sus voluntarios» transmite un mensaje a las posibles mulas de votos.
Al sopesar los derechos de la Primera Enmienda de los voluntarios, el juez señaló que, si bien la vigilancia de las urnas no es en sí misma un derecho fundamental, «la Corte Suprema instruye que las protecciones de la Primera Enmienda ‘no terminan en la palabra hablada o escrita'».
«Las evidencias del expediente muestran que el objetivo de los demandados es disuadir el supuesto voto ilegal y la recolección ilegal de papeletas», dijo Liburdi.
«El mensaje es que las personas que intenten infringir la ley de Arizona contra la recogida de papeletas serán expuestas», añadió. «En este registro, por lo tanto, la Corte considera que un observador razonable podría interpretar que la conducta transmite algún tipo de mensaje, independientemente de si el mensaje tiene algún mérito objetivo».
El juez también señaló en su sentencia que filmar asuntos de interés público es un derecho bien establecido de la Primera Enmienda, que la Corte Suprema reconoce el derecho a recoger noticias y que el público tiene el derecho de la Primera Enmienda a «recibir información e ideas».
No hay pruebas» de intimidación o amenaza a los votantes
El juez dijo en su fallo que los demandantes no aportan «ninguna evidencia» de que la conducta del grupo de ciudadanos «constituya una verdadera amenaza».
«En este expediente, los Demandados no han hecho ninguna declaración amenazando con cometer actos de violencia ilegal a un individuo o grupo de individuos en particular», indicó Liburdi.
«No hay ninguna evidencia de que los Demandados hayan hecho público el nombre de ningún votante, su dirección, su ocupación u otra información personal». De hecho, Jennings afirma continuamente que sus voluntarios deben «cumplir las leyes» y que «los que decidan infringir la ley serán vistos como infiltrados que pretenden causar daño [a CEUSA]».
La sentencia señala que las publicaciones de Jennings en las redes sociales «amonestan a los voluntarios para que permanezcan fuera del radio de setenta y cinco pies del lugar de votación prescrito por la ley».
«Además, el expediente contiene evidencia de las publicaciones de Jennings en las redes sociales en las que instruye a sus afiliados a no comprometerse o hablar con las personas ante los buzones», dijo Liburdi. «Incluso si estas declaraciones son un mero escaparate, un oyente razonable no podría interpretar los pronunciamientos de la Sra. Jennings en las redes sociales qué supuestas ‘mulas’ se ‘encogerán en la oscuridad’ siguiendo su iniciativa de buzones como verdaderas amenazas».
El juez también consideró que la conducta del grupo de ciudadanos no «entra en ninguna categoría tradicionalmente reconocida de intimidación de los votantes».
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