Un juez federal rechazó la moción del exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, para escuchar los cargos estatales de crimen organizado de Georgia en una corte federal.
El fallo es una victoria para la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, la demócrata Fani Willis, quien inició el proceso por crimen organizado.
El juez Steve C. Jones, del Distrito Norte de Georgia, dictaminó al final de la jornada laboral del 8 de septiembre que el caso debía devolverse a la Corte Superior del Condado de Fulton, en Atlanta, por carecer de jurisdicción en la materia.
El juez Jones fue nombrado en 2011 por el presidente Barack Obama, un demócrata.
En una orden de 49 páginas, el juez escribió que estaba abordando la «cuestión relativamente estrecha» de si el Sr. Meadows había «llevado pruebas que demostraran que la remoción del proceso penal del estado de Georgia contra él es apropiada bajo el estatuto federal de remoción de funcionarios».
«Habiendo considerado los argumentos y las evidencias, la Corte concluye que Meadows no ha cumplido con las pruebas. Por lo tanto, la Corte declina asumir la jurisdicción sobre el enjuiciamiento penal del estado contra Meadows (…) y devuelve el caso a la Corte Superior del Condado de Fulton».
La decisión se produjo después de que el juez pidiera a la defensa y a los fiscales del estado que presentaran un informe suplementario posterior a la audiencia en el que se planteara si podía llevar el caso ante una corte federal en caso de que considerara que un solo acto manifiesto cometido por el Sr. Meadows estaba protegido por la ley federal. En la imputación de cargos en su contra se le atribuyen ocho actos manifiestos.
En su sentencia, el juez Jones escribió que algunos de los actos manifiestos de los que se acusa al Sr. Meadows en la imputación estaban dentro del ámbito de sus funciones como funcionario federal, pero otros actos no lo estaban.
«Sin embargo, dado que la investigación gira en torno a si la asociación de Meadows con la conspiración estaba relacionada con el color de su cargo, la jurisdicción no se confiere simplemente porque un único acto manifiesto esté relacionado con el cargo federal de Meadows. Después de todo, la acusación alega una serie de actos asociativos que abarcan más de un año, y los actos manifiestos atribuidos a Meadows abarcan tres meses», escribió el juez.
«Sin duda, durante ese tiempo Meadows realizó acciones para o relacionadas a su cargo oficial. Pero la investigación relevante es qué actividades van [al] corazón de la participación de Meadows en la empresa y si esas actividades se relacionan con el ámbito de su cargo federal. Si estas no lo están, entonces Meadows no puede satisfacer su prueba de establecer la competencia en razón de la materia en virtud del estatuto de remoción de funcionarios federales», escribió.
La corte encontró que las «actividades políticas» del Sr. Meadows, tales como «trabajar con o trabajar para la campaña de Trump» excedieron «los límites exteriores de la Oficina del Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
El juez Jones también parecía preocupado de que «[c]uando se le preguntó sobre el alcance de su autoridad, Meadows fue incapaz de explicar los límites de su autoridad».
Dado que los «procedimientos que utilizan los estados para celebrar elecciones y garantizar los resultados no forman parte de las funciones o competencias del poder ejecutivo […] Meadows no puede haber actuado en su calidad de funcionario federal con respecto a ningún esfuerzo por influir, interferir, perturbar, supervisar o cambiar las elecciones estatales: esas actividades se delegan expresamente en los estados».
Los fiscales se han centrado en lo que se dijo en una conversación telefónica del 2 de enero de 2021 entre el presidente Trump y el secretario de Estado de Georgia, en la que discutieron, entre otras cosas, el recuento de votos en el estado y qué opciones tenían los dos funcionarios a su disposición. Los fiscales dicen que el presidente Trump y otros intentaron ilegalmente interferir en el proceso electoral, una acusación que él niega rotundamente.
El juez Jones consideró que la llamada telefónica «se hizo en relación con un litigio privado entablado por [el] presidente y su campaña contra el estado de Georgia. Era, por tanto, ajena a la función federal de Meadows como funcionario del poder ejecutivo».
El juez concluyó que había «insuficiente evidencia para establecer que el gravamen, o una gran mayoría de los actos manifiestos alegados contra Meadows están relacionados con su papel como Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
«El estado ha presentado pruebas de que en varios momentos, durante el tiempo de la supuesta conspiración, Meadows trabajó con la campaña de Trump, lo que admitió que estaba fuera del papel de Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
La nueva orden también se emitió después de que el juez celebrara una audiencia el 28 de agosto, en la que escuchó varias horas de testimonios de testigos, incluido el Sr. Meadows y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano.
El caso ha sido seguido de cerca porque es la primera vez en este año que se exponen argumentos sustantivos ante la corte en cualquiera de los cuatro casos penales que se han presentado contra el expresidente Donald Trump y sus compañeros acusados.
Algunos comparan la moción de remoción y traslado a una corte federal con un mini juicio para el presidente Trump y sus co-acusados y especulan que el tratamiento que el Sr. Meadows reciba en la corte federal será un indicador de cómo procederán los diversos procesos relacionados con Trump.
El presidente Donald Trump, el Sr. Meadows y 17 coacusados fueron imputados por un gran jurado estatal en el condado de Fulton el 14 de agosto por la impugnación de las elecciones en Georgia por parte del exjefe del Ejecutivo.
Varios coacusados también presentaron notificaciones de remoción y traslado en la corte del juez Jones. El propio presidente Trump presentó una notificación ante la corte el 7 de septiembre, indicando que él también podría solicitar el traslado a una corte federal.
La nueva decisión del juez Jones puede sugerir que tampoco es favorable a conceder las otras peticiones de remoción.
Cuando el Sr. Meadows presentó anteriormente una moción para trasladar los cargos de Georgia a la Corte Federal, argumentó que debido a que su participación en las disputadas elecciones presidenciales en Georgia estaba relacionada con su trabajo como funcionario de la Casa Blanca, su caso debe ser juzgado en una corte federal.
El Sr. Meadows argumentaba que era inmune a la acusación estatal en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU., que eleva la ley federal sobre la ley estatal. En otras palabras, el Sr. Meadows sostenía que no podía ser procesado en una corte estatal porque, hiciera lo que hiciera, lo había hecho en su capacidad oficial como funcionario federal, y tenía defensas federales a su disposición.
El Sr. Meadows y todos los acusados en el caso están imputados con cargos de violar la Ley RICO (Organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado) de Georgia, desde el 4 de noviembre de 2020, que es el día después de las elecciones presidenciales, hasta el 15 de septiembre de 2022. La imputación establece que los acusados «conspiraron ilegalmente y se esforzaron por dirigir y participar, directa e indirectamente, en dicha empresa [ilegal] a través de un patrón de actividad de crimen organizado».
Al cierre de esta edición no estaba claro si Meadows tenía previsto apelar la decisión de devolver el caso a la corte estatal. Si lo hace, la apelación iría a la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 11 º Circuito en Atlanta, que tiene una reputación como una corte conservadora. Las solicitudes de emergencia derivadas de las decisiones de la corte de circuito se dirigirían al juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, el principal conservador de esa corte, que supervisa el 11º Circuito.
The Epoch Times pidió comentarios sobre la nueva orden del juez Jones a la oficina de la fiscal Willis. Jeff DiSantis, fiscal adjunto de la división de relaciones con los medios, no había respondido al cierre de esta edición.
The Epoch Times también pidió al abogado del Sr. Meadows, George J. Terwilliger III, que trabaja para el bufete de abogados McGuire Woods en Washington, que hiciera comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación.
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