Un juez federal está estudiando la posibilidad de bloquear la nueva prohibición de desahucios impuesta por la administración Biden en casi todo el país.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), impulsados por el presidente Joe Biden, prohibieron el 3 de agosto los desalojos durante dos meses en, aproximadamente, cuatro de cada cinco condados de Estados Unidos. La moratoria de desalojos se produjo tres días después de que expirara la anterior.
El juez federal de distrito Dabney Friedrich, nominado por Trump, escuchó los argumentos del gobierno y de un abogado que representa a un grupo de propietarios de viviendas y otros bienes inmuebles. Los argumentos se centraron en un fallo de la Corte Suprema, en junio, que fue presentado de manera diferente por cada lado.
Los demandantes se están enfocando en lo que dijo en su opinión concurrente el juez Brett Kavanaugh, un nominado de Trump que sirvió como voto decisivo.
Kavanaugh decidió ponerse del lado de cuatro jueces para no bloquear la aplicación de la prohibición anterior. Pero escribió en su opinión que «una autorización clara y específica del Congreso (a través de una nueva legislación) sería necesaria para que el CDC extendiera la moratoria más allá del 31 de julio».
«Está claro que la mayoría de la Corte Suprema no apoyaría la extensión de la moratoria después del 31 de julio», dijo a la corte Brett Shumate, un abogado que representa a los demandantes.
Brian Netter, un abogado del gobierno, no estuvo de acuerdo.
“Creemos que este es el uso adecuado de una autoridad legal para proteger la salud pública y la Corte Suprema no ha dictaminado lo contrario”, dijo, refiriéndose a la nueva extensión.
La orden anterior era de ámbito nacional, mientras que la nueva deja fuera a cerca del 20 por ciento de los condados, o el 10 por ciento de la población. Pero se basa en la misma reivindicación de autoridad legal y, para efectos prácticos, es la misma orden, reconoció Netter.
Los demandantes trataron de influir en el juez citando a Biden y a funcionarios de la Casa Blanca que, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, indicaron que se veían obligados por ella.
Gene Sparling, uno de los principales asesores de Biden, por ejemplo, les dijo a los periodistas el 2 de agosto que el presidente había «corroborado dos, tres y cuatro veces» si el Poder Ejecutivo podía prorrogar la orden anterior o aplicar una nueva, adaptada a sus necesidades.
Tanto los abogados de la Casa Blanca como los de los CDC «no han podido encontrar la autoridad legal», dijo.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, tras el anuncio de la nueva orden, dijo que la parte clave de la cita de Sparling era «en este momento». La autoridad fue descubierta más tarde, afirmó.
La Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo en la orden que la acción de emergencia se tomó en virtud de la autoridad prevista en el 42 CFR 70.2, que permite al director de los CDC tomar medidas para prevenir la propagación de enfermedades.
Pero Shumate señaló los comentarios de Biden ofrecidos el mismo día en que se publicó la orden. «La mayor parte de la erudición constitucional dice que no es probable que se apruebe», dijo Biden en Washington la semana pasada.
Mencionó varias veces que la orden podría ser revocada por los tribunales, pero hasta que lo fuera serviría de ayuda mientras se pagan los alquileres.
«Como mínimo, para el momento en que se litigue, probablemente se dará algo de tiempo adicional mientras entregamos esos USD 45,000 millones a personas que, de hecho, están atrasadas en el alquiler y no tienen el dinero», dijo.
“El Poder Ejecutivo ya reconoció que los CDC no tenían la autoridad legal para extender la moratoria, y admitieron que han emitido la cuarta prórroga con fines indebidos para trasladar la culpa a los tribunales y ganar más tiempo mediante la demora del litigio con el fin de extender la moratoria y mantener esta política ilegal. En estas circunstancias, el tribunal debería anular inmediatamente la cuarta prórroga”, dijo Shumate.
Netter defendió los comentarios anteriores de Biden y de otros.
«La posición del poder ejecutivo a lo largo de las dos administraciones presidenciales ha sido totalmente coherente, es decir, la sección 361 A de la Ley de Servicios de Salud Pública confiere la autoridad a los CDC para proporcionar una moratoria de desalojo. El poder ejecutivo sigue apoyando esa sección al 100 por ciento. Y por eso estamos hoy aquí», dijo.
Al mismo tiempo, “puede haber algunas dudas sobre si el Poder Judicial estará de acuerdo o no con el Poder Ejecutivo, porque todavía hay preguntas abiertas”, agregó.
Friedrich dijo que tomaría una decisión sobre la moción, que busca bloquear la nueva prohibición, en un futuro cercano.
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