El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, les preguntó a los abogados del expresidente Donald Trump si cuestionaron la autoridad del fiscal especial Jack Smith para presentar cargos contra el presidente.
El 25 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales en un caso sobre la inmunidad del presidente Trump por actos oficiales llevados a cabo durante su presidencia. Durante la audiencia, el juez Thomas preguntó a John Sauer, el abogado que representó a Trump en el tribunal: “¿Usted, en este litigio, impugnó el nombramiento de un fiscal especial?” El Sr. Smith fue designado para el caso por el fiscal general Merrick Garland.
El Sr. Sauer dijo que los abogados de Trump no han planteado tales preocupaciones “directamente” en el caso actual ante la Corte Suprema. Sin embargo, “apunta a una cuestión muy importante aquí, porque uno de los argumentos [de la fiscalía] es, por supuesto, que deberíamos tener esta presunción de regularidad”, afirmó Sauer.
“Eso choca con la realidad de que tenemos aquí un poder procesal extraordinario ejercido por alguien que nunca fue nominado por el presidente ni confirmado por el Senado en ningún momento… Aún no lo habíamos planteado en este caso cuando se presentó la apelación”.
El Sr. Sauer dijo que está de acuerdo con el “análisis proporcionado por el fiscal general [Edwin] Meese y el fiscal general [Michael B.] Mukasey”, refiriéndose al informe amicus curiae que los dos exfiscales generales presentaron ante la Corte Suprema el 19 de marzo.
En él, los dos fiscales generales señalaron que, independientemente de lo que uno piense sobre la cuestión de la inmunidad, el Sr. Smith “no tiene autoridad para llevar a cabo el procesamiento subyacente”.
“Esas acciones solo pueden ser tomadas por personas debidamente designadas como funcionarios federales para oficinas federales debidamente creadas. Smith ejerce un poder tremendo y efectivamente no responde ante nadie”, escribieron.
“Sin embargo, ni Smith ni el puesto de fiscal especial bajo el cual supuestamente actúa cumple con esos criterios. Y ese es un problema grave para el Estado de derecho, independientemente de lo que uno pueda pensar de la conducta en cuestión en el procesamiento de Smith”.
El fiscal general Garland nombró al Sr. Smith como Asesor Especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) citando varios estatutos.
Sin embargo, ninguno de estos estatutos «autorizaba ni remotamente el nombramiento por el fiscal general de un ciudadano privado o empleado del gobierno para recibir poderes extraordinarios de aplicación de la ley penal bajo el título de Fiscal Especial”.
Los dos fiscales generales agregaron que hay ocasiones en las que sería apropiado nombrar un fiscal especial y que la Constitución de Estados Unidos permite tales nombramientos.
Sin embargo, “el fiscal general no puede nombrar a alguien nunca confirmado por el Senado, como fiscal federal sustituto bajo el título de ‘abogado especial’”, agregaron.
“Por lo tanto, el nombramiento de Smith fue ilegal, al igual que todas las acciones que se derivan de él, incluido el procesamiento al expresidente Trump”.
El caso contra Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos está escuchando el caso de inmunidad del presidente Trump como parte de la acusación de Smith contra el expresidente que alega un intento de subvertir la transferencia del poder presidencial después de las elecciones de 2020. El presidente Trump está acusado de cuatro cargos criminales en el caso.
El presidente Trump había solicitado a los tribunales inferiores que respaldaran sus afirmaciones de inmunidad presidencial, ya que las acciones se llevaron a cabo mientras se desempeñaba como presidente.
Después de que los tribunales inferiores se negaron a acceder a la solicitud, el 45º presidente apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sosteniendo que sus acciones como presidente están cubiertas por inmunidad presidencial.
La Corte Suprema acordó considerar la siguiente pregunta: “Si y, en caso afirmativo, en qué medida un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conducta que presuntamente involucra actos oficiales durante su mandato”.
En la Corte, Sauer advirtió a los jueces que no dictaran una sentencia que socavara la inmunidad presidencial, señalando que un presidente estadounidense ya no podría desempeñar su trabajo adecuadamente si no estaba seguro de si sus acciones darían lugar a un procesamiento años después de dejar el cargo
«Las implicaciones de la decisión del tribunal se extienden mucho más allá de los hechos de este caso», dijo. “Durante 234 años de historia estadounidense, ningún presidente fue procesado por sus actos oficiales. Los redactores de nuestra Constitución consideraron que un ejecutivo enérgico era esencial para garantizar la libertad”.
“Si un presidente puede ser acusado, juzgado y encarcelado por sus decisiones más controvertidas tan pronto como deja el cargo, esa amenaza inminente distorsionará la toma de decisiones del presidente precisamente cuando más se necesita una acción audaz y valiente
Además, la falta de inmunidad presidencial denotará que todo presidente se convierte en un candidato potencial para ser extorsionado por sus rivales políticos mientras aún esté en el cargo, añadió Sauer.
«Procesar al presidente por sus actos oficiales es una innovación sin arraigo en la historia ni en la tradición, y es incompatible con nuestra estructura constitucional», afirmó.
Los jueces de la Corte Suprema se mostraron escépticos ante las afirmaciones del presidente Trump de que tiene derecho a inmunidad absoluta por sus acciones como presidente. Sin embargo, los jueces también parecieron estar abiertos a aceptar que los presidentes tengan cierto nivel de inmunidad.
El tribunal podría decidir devolver el caso al tribunal de distrito de Washington, con instrucciones para diferenciar entre actos oficiales y privados de un presidente, de modo que se puedan realizar procedimientos adicionales de investigación de los hechos.
Tal medida retrasaría el juicio del expresidente en Washington y potencialmente también los procedimientos relacionados con otros tres casos. Esto le da al presidente Trump una victoria estratégica mientras intenta posponer los casos hasta después de las elecciones.
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