Se espera que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, el juez Juan Merchan, dictamine hasta el 12 de noviembre si el presidente electo Donald Trump puede evitar la sentencia a fines de este mes debido a cuestiones relacionadas con su inmunidad en virtud de la Constitución.
Trump pidió a Merchan que rechace la acusación del fiscal del distrito de Nueva York, Alvin Bragg, relacionada con un pago realizado a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels. Un jurado declaró a Trump culpable de varios delitos graves relacionados con la falsificación de documentos.
Los abogados de Trump argumentaron que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Trump vs. Estados Unidos, que otorgó diferentes niveles de inmunidad penal para la conducta oficial de los presidentes, prohíbe el uso de ciertas pruebas y testimonios de testigos.
En su respuesta de julio, a la petición de desestimar la acusación, Bragg argumentó que Trump había esperado demasiado tiempo para plantear algunos de sus argumentos sobre la inmunidad. También dijo que un juez federal consideró que la conducta en cuestión -un supuesto pago a Clifford- estaba fuera de las funciones oficiales de un presidente.
«Nada en la opinión de la Corte Suprema afecta mi conclusión previa de que los pagos de dinero por silencio fueron actos privados, no oficiales, fuera de los límites de la autoridad ejecutiva», dijo el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, en septiembre, cuando rechazó una solicitud para trasladar el caso fuera de la corte estatal sobre la base de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema.
El juez Hellerstein ya rechazó en julio de 2023 la petición de Trump de trasladar el caso a una corte federal.
La oficina de Bragg también señaló a Merchan una parte de la opinión del juez Hellerstein, que remarca la conducta de Trump después de que entró en el cargo.
«Reembolsar a Cohen por adelantar dinero por silencio a Stephanie Clifford no puede considerarse el cumplimiento de un deber constitucional», dijo Hellerstein. «Falsificar registros comerciales para ocultar dicho reembolso, y transformar el reembolso en un gasto comercial para Trump y en un ingreso para Cohen, tampoco se relaciona con un deber presidencial».
Cohen pagó a Clifford antes de las elecciones presidenciales de 2016, y Trump fue acusado por supuestamente reembolsar a Cohen después de que Trump hubiera comenzado su primer mandato. Trump mantuvo que el pago era parte de un anticipo que tenía con Cohen. Los fiscales dijeron que en realidad no era parte de un anticipo, sino el reembolso de un pago ilegal.
Según los fiscales, la Organización Trump falsificó ilegalmente documentos para ocultar los pagos y en fomento de otro delito, a saber, influir en las elecciones de 2016.
Para demostrarlo, los fiscales escucharon el testimonio de exempleados de la Casa Blanca, así como de Cohen y Clifford. Ese testimonio, así como las publicaciones de la cuenta de Trump en las redes sociales, implicaban actos oficiales protegidos por la decisión de inmunidad de la Corte Suprema, dijo el equipo legal de Trump.
Después del juicio, los abogados de Trump presentaron una moción diciendo a Merchan: «Debido a las implicaciones para la institución de la Presidencia, el uso de pruebas de actos oficiales fue un error estructural bajo la Constitución federal que contaminó los procedimientos del gran jurado [del fiscal del distrito de Nueva York], así como el juicio».
En Trump vs. Estados Unidos, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que los actos oficiales -incluidas ciertas comunicaciones al público- no pueden utilizarse como prueba contra un presidente.
«Permitiría a un fiscal hacer indirectamente lo que no puede hacer directamente: invitar al jurado a examinar actos por los que un presidente es inmune a la acusación para probar, no obstante, su responsabilidad en cualquier cargo», dijo el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo para la mayoría.
Parte de la toma de decisiones de Merchan podría tener en cuenta lo que se conoce como «error inofensivo», es decir, un error en el desarrollo de un juicio que no se considera lo suficientemente perjudicial como para justificar la anulación de una condena.
En su memorando de julio a Merchan, Bragg dijo: «E incluso si algunas de estas pruebas fueron indebidamente admitidas, cualquier error fue inofensivo a la luz de otras pruebas abrumadoras de la culpabilidad del acusado».
Bragg añadió que la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad no excluía las pruebas que Trump impugnaba, como los tuits de Trump y el testimonio de la exasesora de Trump Hope Hicks. E incluso si lo hiciera, la oficina de Bragg argumentó que Trump esperó demasiado tiempo para hacer objeciones basadas en la inmunidad y debería haberlas hecho durante el juicio.
Independientemente de cómo se pronuncie Merchan, parece poco probable que Trump se enfrente a penas de prisión. Múltiples expertos dijeron a The Epoch Times que cumplir condena infringiría inconstitucionalmente la capacidad de Trump para desempeñar sus funciones como presidente. Alternativamente, podría enfrentarse a multas mientras sigue siendo un ciudadano privado.
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