El jueves, el juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron emitió una orden que delinea el papel de un monitor de terceros sobre la Organización Trump que durará al menos tres años, señalando que la defensa debe mantener al monitor al tanto de cualquier negociación y acuerdo de bonos de garantía.
«El monitor revisará los controles contables internos, la gobernanza, el mantenimiento de registros y las políticas y procedimientos de información financiera de los demandados», ordenó el juez.
La exjuez Barbara Jones ha sido la monitora designada por el tribunal desde noviembre de 2022 y continuará en esta función. El juez Engoron ordenó que Jones tendrá derecho a contratar los servicios externos que considere necesarios, a expensas del acusado. También se nombrará a otro director independiente de cumplimiento (IDC), y ambos gozarán de inmunidad frente a demandas de los demandados.
El expresidente Donald Trump está intentando actualmente depositar una fianza que la defensa ha argumentado que es una «imposibilidad práctica» para impedir que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, embargue los activos de la Organización Trump mientras Trump apela un veredicto de fraude civil.
El total de la sentencia es de USD 363 millones, pero se desglosa en unos USD 355 millones que se aplican específicamente al presidente Trump, USD 4 millones que se recuperarán de Eric Trump, USD 4 millones que se recuperarán de Donald Trump Jr. y USD 1 millón que se recuperarán del exjefe financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.
Con el 9 por ciento de interés aplicado, los archivos judiciales dicen que la fianza asciende a más de USD 464 millones, con un poco más de USD 10 millones de los que se atribuyen a la sentencia sobre Eric Trump, Donald Trump Jr. y el Sr. Weisselberg.
Esfuerzos de fianza
A los demandados se les ordenó «informar al Monitor, por adelantado, de cualquier esfuerzo para asegurar los bonos de garantía, incluyendo cualquier divulgación financiera solicitada o requerida, cualquier información proporcionada en respuesta a dichas solicitudes, cualquier representación hecha por la Organización Trump en relación con la garantía de dichos bonos, cualquier garantía personal hecha por cualquiera de los demandados, y cualquier obligación de la Organización Trump requerida por la garantía».
Los abogados de la defensa se han opuesto a la fianza de USD 464 millones, argumentando que es «imposible» como han demostrado los esfuerzos «diligentes» de cuatro corredores y 30 y pico negociaciones con los mayores fiadores del mundo en las últimas semanas.
Pero los abogados del Estado instaron recientemente al tribunal a no rebajar la cantidad exigida, argumentando que los acusados no han demostrado que una fianza de USD 464 millones sea realmente imposible antes de que el tribunal ordenara retirar la respuesta presentada indebidamente.
La defensa escribió entonces una carta al tribunal señalando que los ejemplos que el Estado citó de grandes fianzas de apelación pagadas en su totalidad eran «enormes» conglomerados como Samsung (capitalización bursátil de USD 98,500 millones), Cox Enterprises (ingresos anuales de USD 22,100 millones) y SAP SE (capitalización bursátil de USD 220,500 millones) que pagaron fianzas de USD 1000 millones.
Criticaron la sugerencia del estado de que entreguen los intereses inmobiliarios al tribunal como «poco práctica e injusta» y señalaron que el monitor designado por el tribunal que supervisa las operaciones comerciales ya, en la práctica, evitará el riesgo de que se desprendan de los activos como teme el fiscal general.
«Quizá lo peor de todo es que el fiscal general sostiene que los demandados deberían verse obligados a deshacerse de propiedades inmobiliarias emblemáticas y multimillonarias en una ‘venta de fuego'», añadió la defensa.
El estado había sugerido que era preferible que lo hicieran los demandados a que el estado asumiera el riesgo de tener que vender rápidamente los edificios. La defensa argumentó que sería un «perjuicio irreparable de libro de texto» ordenar a los demandados la venta de los activos que apelaban para proteger.
Papel de monitor
El juez ordenó a los demandados que proporcionaran a Jones acceso a las operaciones diarias en lo que respecta a la contabilidad y las finanzas en un plazo de 30 días, y ordenó a Jones que emitiera un informe y recomendaciones sobre los «controles internos y la gobernanza» de la Organización Trump en un plazo de 60 días a partir de la recepción del acceso.
«Ni la monitora ni la IDC tendrán la responsabilidad o la autoridad para aprobar, desaprobar, ejecutar o firmar cualquier divulgación financiera», dice la orden. «En la medida en que la IDC o la Monitora observen cualquier declaración material errónea, tergiversación u omisión, la Monitora informará inmediatamente de tales observaciones al tribunal».
La orden exige a la Organización Trump que proporcione copias mensuales de los extractos bancarios y de corretaje a Jones en un plazo de cinco días a partir del final de cada mes y que notifique con cinco días de antelación cualquier transferencia de efectivo o activos fuera del fideicomiso si alcanzan los USD 5 millones.
Cualquier creación o disolución de entidades comerciales requerirá un preaviso de 30 días y amplios detalles sobre la entidad nueva o cerrada. También habrá que notificar la reestructuración o el pago de deuda o capital, pero no se facilitaron plazos.
Jones presentará informes trimestrales al tribunal y puede, aunque no está obligada, compartir los borradores con la defensa.
Durante el periodo de tres años, el tribunal puede modificar la orden si lo considera necesario, y el estado también puede solicitar cambios. Se pueden imponer penas adicionales si el tribunal considera que se ha incumplido la orden de vigilancia, y al final del periodo de tres años, la vigilancia puede terminar o prorrogarse, pero el juez no especificó esas normas.
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