Una jueza de Arizona rechazó el viernes un intento de los defensores del aborto de congelar su orden anterior que permitía la aplicación de una ley de la época de la Guerra Civil que convertía en delito la práctica de un aborto a menos que la vida de la madre estuviera en peligro.
El 30 de septiembre, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Pima, Kellie Johnson, se negó a suspender su sentencia del 22 de septiembre, que anulaba una orden judicial de 1973 y, al permitir la entrada en vigor de la ley anterior a la independencia del Estado, imponía una prohibición casi total del aborto.
Johnson dijo en su sentencia (pdf) que era poco probable que los grupos proabortistas liderados por Planned Parenthood y su filial en Arizona —que habían instado a la juez a revocar su decisión— tuvieran éxito en la apelación. La jueza también dijo que Planned Parenthood no pudo demostrar que la denegación de la solicitud de la organización causaría un daño irreparable.
Su decisión significa que los proveedores de abortos de Arizona no podrán reanudar los procedimientos, excepto si la vida de la madre está en peligro.
Defensores del aborto «indignados»
El grupo de defensa de la «justicia social», el Consejo Nacional de Mujeres Judías de Arizona, condenó la decisión de la jueza en un posteo en Twitter.
«Sencillamente, los responsables políticos aquí están completamente alejados de los habitantes de Arizona promedio que quieren que el aborto siga siendo legal y se oponen al parto forzado por la legislatura y los tribunales», dijo el grupo.
La secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, que se presenta como candidata a gobernadora, usó las redes sociales para calificar el fallo de Johnson como «una nueva y sombría realidad» contra la que prometió «luchar incansablemente».
Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood de Arizona, dijo a The Associated Press que estaba «indignada» por el fallo.
En una declaración al medio de comunicación local 3TV/CBS 5, Fonteno dijo que la «lucha para restaurar el acceso al aborto a los habitantes de Arizona está lejos de terminar, ya que continuaremos apelando el fallo del tribunal».
Prueba fallida de «equilibrio de dificultades»
Planned Parenthood Arizona (PPAZ) presentó una moción el 26 de septiembre en la que pretendía dejar en suspenso el fallo de Johnson del 22 de septiembre, argumentando que había una confusión entre la ley antiaborto anterior a la creación del estado y la prohibición de las 15 semanas que se aprobó este año.
En su fallo denegando la moción de Planned Parenthood, la jueza dijo que los defectos de procedimiento en la petición de la defensora del aborto hacen que el tribunal no aborde si existe un conflicto entre la antigua ley y la más reciente.
Pero la jueza dejó claro que incluso si hay «serias dudas» sobre la confusión entre las dos leyes, Planned Parenthood no demostró que fuera a sufrir un daño, como se requiere para que el grupo tenga éxito en conseguir una suspensión que abra la puerta al aborto.
«Habiendo considerado todas las posibles dificultades planteadas en los escritos, el Tribunal considera que la balanza de las dificultades no se inclina claramente a favor de PPAZ», escribió Johnson.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, que tras la sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade en junio se comprometió a pedir al tribunal que restableciera la prohibición del aborto, aplaudió la decisión de Johnson del 22 de septiembre.
«Aplaudimos al tribunal por mantener la voluntad de la legislatura y proporcionar claridad y uniformidad en esta importante cuestión. He protegido y seguiré protegiendo a los habitantes de Arizona más vulnerables», escribió en Twitter.
En su sentencia del 22 de septiembre (pdf) en el caso de Planned Parenthood contra Brnovich, Johnson se puso del lado de Brnovich, al considerar que la orden judicial de 1973 debía ser anulada en su totalidad porque se basaba únicamente en el caso Roe contra Wade, que ya ha sido anulado.
Con información de The Associated Press.
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