Días antes de que comience un juicio civil contra el expresidente Donald Trump en Colorado, la jueza de distrito de Colorado Sarah Wallace rechazó los argumentos legales del expresidente para desestimar el caso.
La organización de izquierda Citizens for Responsibility and Ethics de Washington ha demandado al expresidente y a la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, en nombre de seis votantes de Colorado para mantener al presidente Trump fuera de la papeleta electoral del estado. El juicio comienza el 30 de octubre.
El 29 de septiembre, el presidente Trump presentó una moción de desestimación, y el 25 de octubre la jueza Wallace la rechazó basándose en que los demandantes, los seis ciudadanos, pueden obtener reparación a través de la petición.
«Las mociones para desestimar son desfavorables, y pueden ser concedidas cuando … el demandante aún no tendría derecho a ningún desagravio bajo ninguna teoría legal cognoscible», escribió. En este caso, la reparación sería mantener al presidente Trump fuera de la papeleta electoral.
Se han presentado demandas similares en otros estados, y algunas ya han sido desestimadas. Varios funcionarios han dicho que la cuestión acabará aterrizando en la Corte Suprema de EE. UU., incluidos los jueces que declinaron pronunciarse sobre el asunto para un estado.
Argumentos
En la moción para desestimar la demanda, el equipo legal del presidente Trump presentó varias defensas, entre ellas argumentar que la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda no se aplica al presidente Trump y que la demanda no vincula al señor Trump con una «insurrección», y que el Congreso ha impedido a los estados juzgar las calificaciones presidenciales.
La Decimocuarta Enmienda fue ratificada después de la Guerra Civil, lo que confirió la ciudadanía y la igualdad de derechos a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, con la intención de proteger los derechos de todos los antiguos esclavos. Incluía una sección que prohibía ocupar cargos a quienes hubieran participado en «insurrecciones o rebeliones» contra la nación, a menos que contaran con la aprobación de dos tercios del Congreso.
Recientemente, la teoría no probada de que se podría prohibir al presidente Trump presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales porque los sucesos del 6 de enero de 2021 podrían constituir una «insurrección» ha cobrado fuerza entre algunos grupos de defensa de tendencia izquierdista, y se han presentado demandas en nombre de ciudadanos de varios estados.
Funcionarios electorales de ambos lados del pasillo se han negado a opinar sobre el asunto, algunos declarando públicamente que los ciudadanos deberían intentar resolver la cuestión en los tribunales, en lugar de en la oficina de los secretarios de estado.
La jueza Wallace escribió en la nueva orden que, tras revisar los diversos casos que ambas partes presentaron como precedentes, no encontró respaldo constitucional al argumento de que la elegibilidad de los candidatos presidenciales es competencia del Congreso y no de los estados individuales.
Señaló que la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda tampoco especifica que el Congreso sea el único órgano gubernamental que puede juzgar la elegibilidad de un candidato.
«Sería extraño que el Congreso fuera la única entidad facultada para determinar la incapacidad y luego también la entidad facultada para eliminarla», añadió.
También escribió que estos argumentos se tendrán en cuenta en el fallo final después del juicio, esperando que se presenten pruebas adicionales ante el tribunal.
Cláusula de insurrección
La jueza Wallace no hizo comentarios sobre las alegaciones de que el presidente Trump estuvo involucrado en una insurrección, escribiendo únicamente que «esta es una cuestión que se abordará en la audiencia fijada para el 30 de octubre de 2023».
Los argumentos legales y el fallo posterior pueden ser significativos; varios juristas han publicado artículos este año tanto a favor como en contra del uso de la Decimocuarta Enmienda para impedir la reelección del presidente Trump, y los argumentos son de amplio alcance.
El presidente Trump ya ha sido acusado en dos causas penales separadas en las que se le acusa de interferir en las elecciones de 2020, y una de ellas está vinculada a los sucesos del 6 de enero de 2021. Sin embargo, en ninguno de estos casos se le acusa de haber participado en una insurrección o rebelión.
Ya ha intentado varias veces desestimar el caso de Colorado, pero todas las mociones han sido rechazadas.
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