Una jueza en Florida bloqueó el miércoles la entrada en vigor de la orden COVID-19 de una ciudad.
La jueza de circuito Monica Brasington, nombrada por el senador Rick Scott, concedió una solicitud para la orden judicial de emergencia. Eso significa que la orden, que estaba prevista para su entrada en vigor el 1 de octubre, está bloqueada por ahora.
«La ciudad no presentó ninguna prueba, en absoluto, en la audiencia de orden judicial», escribió Brasington en un fallo de 7 páginas.
«Sin ninguna prueba, la corte no puede considerar si el orden de vacunación sirve a un interés convincente a través de los medios menos restrictivos, si la orden de vacunación con una prueba de escrutinio estricto, una prueba de base racional o si cumple con cualquier otro estándar», agregó.
La Comisión de la Ciudad de Gainesville decidió el 5 de agosto que todos los empleados de la ciudad debían vacunarse contra el virus que causa el COVID-19. Una semana después, el administrador de la ciudad, Lee Feldman, ordenó a los empleados que recibieran al menos una dosis antes del 1 de octubre y que estuvieran completamente vacunados antes del 14 de octubre.
Más de 200 empleados de Gainesville demandaron, señalando que la efectividad de las vacunas contra COVID-19 para detener la transmisión del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) ha cesado. También dijeron que la orden no tenía sentido porque muchos de ellos tienen inmunidad natural, o protección por haber tenido COVID-19,y porque los hospitales del área no estaban experimentando una escasez de camas.
En una audiencia reciente, los empleados argumentaron que la orden violaba su derecho a la privacidad bajo la Constitución de Florida.
Eso significa que los acusados tienen que demostrar que la ley «fomenta un interés estatal imperioso de la manera menos restrictiva», dijo la jueza Brasington.
Pero la ciudad no presentó pruebas, no llamó a testigos y no presentó declaraciones juradas, ni declaraciones, lo que generó que la jueza fallara a favor de los demandantes.
“La ciudad tuvo la oportunidad de presentar pruebas que mostraran que esta Orden de Vacunación era el medio menos restrictivo para satisfacer un interés gubernamental imperioso. La ciudad no hizo eso y, de hecho, no presentó prueba alguna. Por lo tanto, la corte debe concluir que la ciudad no cumplió con su responsabilidad de demostrar que la orden de vacunación promueve un interés estatal convincente de la manera menos restrictiva”, dictaminó.
La ciudad tiene prohibido hacer cumplir la orden y despedir o disciplinar a cualquier empleado que no lo cumpla.
“La corte acordó que la ciudad no es dueña de los cuerpos de sus empleados”, dijo Jeff Childers, abogado de los demandantes, a The Epoch Times.
Jon Cicio, uno de los demandantes, dijo sentirse aliviado.
“Se siente como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Puedo volver a concentrarme en trabajar para los ciudadanos de la manera que se merecen, sin distracciones”, dijo a The Epoch Times.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, una republicana que presentó un escrito amicus en apoyo de los demandantes, también celebró el fallo.
“Me enorgulleció estar a favor de la policía y el personal de emergencia para evitar que la ciudad de Gainesville los despida en base a una orden gubernamental ilegal sobre vacunas. Hoy, la corte acordó y protegió sus trabajos. Es una gran noticia”, escribió en Twitter.
Un abogado de Gainesville se reusó a comentar.
Con información de Jannis Falkenstern.
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