Jueza de Virginia da razón a padres y retira a fiscal en caso sobre revocación del Consejo escolar

Por Jack Phillips
08 de octubre de 2021 3:49 PM Actualizado: 08 de octubre de 2021 6:06 PM

Un grupo de padres de Virginia que intenta destituir a cinco miembros del Consejo escolar del condado de Loudoun obtuvo una pequeña victoria. Una jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Loudoun falló el martes a favor de la petición de destitución contra un miembro del consejo que pretendía que se desestime la acción legal.

El martes, una jueza denegó la moción de una miembro del Consejo escolar del condado de Loudoun, Beth Barts, sobre desestimar el caso y también retiró del caso a la fiscal del condado de Loudoun, Buta Biberaj.

El grupo Fight For Schools y otros demandantes alegaron que Barts estaba involucrada en un grupo privado de Facebook que viola el Código de conducta del Consejo escolar y otras leyes después de que sus miembros supuestamente intentaran revelar información privada sobre los padres y opositores de su actividad.

La jueza Jeanette Irby dictaminó que Biberaj deberá ser apartada del caso por una cuestión de percepción pública, argumentando que el público podría no confiar en la imparcialidad de la fiscal.

«Tengo el máximo respeto por la Sra. Biberaj (…)sin embargo, si ella continua en este caso nunca habría aceptación de este caso», dijo Irby, según los medios de comunicación locales.

Un abogado de Citizens of Leesburg, otro grupo demandante en el caso, citó un mensaje de Twitter posteado por Biberaj en el que compartía una carta al editor publicada por Loudoun Now, en la que apoya el trabajo de diversidad, equidad e inclusión del distrito, lo que está estrechamente alineado con la teoría crítica de la raza casi marxista que ahora está en el centro de muchos debates acalorados del Consejo escolar en todo Estados Unidos.

Biberaj también figura como miembro del mismo grupo privado de Facebook al que pertenecía Barts —Padres Antirracistas de Loudoun— en el que supuestamente los miembros procuraron revelar información privada, o «doxx», de los padres y opositores de la teoría crítica de la raza.

Un portavoz del distrito escolar declinó hacer comentarios. The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del fiscal del condado de Loudoun.

Ian Prior, quien está involucrado en la acusación para destituir a Barts del Consejo escolar, dijo que está satisfecho con la decisión del juez del martes.

«Nosotros estamos eufóricos», dijo Prior a WJLA. «Puedo decir que durante meses, los padres han estado pidiendo un lugar en la mesa. No hemos sido escuchados por el Consejo escolar. No nos han dado esa oportunidad. Los líderes aquí no han dado un paso adelante para tratar de llegar a una resolución sobre lo que está pasando en las escuelas, pero ayer el tribunal nos dio ese lugar en la mesa».

«Yo siento que la jueza miró las pruebas y tomó una decisión que era correcta», dijo Erin Dunbar después de la audiencia, una partidaria de Fight for Schools y también madre de familia, según Loudoun Now. «Yo creo que ella es imparcial. Ella está mirando la evidencia frente a ella y creo que ella realmente va a darnos un juicio justo», añadió.

Cuando Barts fue censurada a principios de año por su actividad en las redes sociales, emitió una declaración: «Mi trabajo no es caer bien. Mi trabajo es hacer preguntas difíciles, trabajar para proporcionar la mejor educación a nuestros hijos, asegurarme de que nuestros profesores reciban el salario que realmente merecen y representar al pueblo de Leesburg».

La declaración se produjo después de que la vicepresidenta del Consejo escolar, Atoosa Reaser, afirmara en marzo que Barts había violado repetidamente el código de conducta del Consejo escolar.

En tanto, una investigación de varios meses de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun determinó que las publicaciones en las redes sociales en el grupo privado de Facebook no constituían una acción delictiva, informaron los medios locales. La oficina, en consecuencia, no presentó cargos penales contra ninguno de los miembros después de que recibieron quejas de quienes alegaban tener «pruebas de actividad criminal organizada con la intención de infringir los derechos de la 1ª Enmienda y [violaciones de] ciertas leyes relativas a los delitos de acoso, hostigamiento y chantaje».


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