Jueza de Virginia da victoria a padres y retira a la fiscal en un caso de destitución en una junta escolar

Por Jack Phillips
07 de octubre de 2021 7:52 PM Actualizado: 07 de octubre de 2021 7:52 PM

En Virginia, una asociación de padres que intentaba expulsar a cinco miembros de la junta escolar del Condado de Loudoun obtuvo una pequeña victoria. Una jueza de la Corte de Circuito del Condado de Loudoun falló el martes a favor de la petición de destitución de la agrupación contra una integrante de la junta escolar.

El martes, una jueza denegó la moción de Beth Barts, miembro de la junta escolar del condado de Loudoun, que pedía que se desestimara el caso y también retiró del caso a la fiscal de la Commonwealth del condado de Loudoun, Buta Biberaj.

El grupo Fight For Schools (Lucha por las Escuelas) y otros han alegado que Barts estaba involucrada en un grupo privado de Facebook que violó el Código de Conducta de la Junta Escolar y otras leyes después de que integrantes del grupo virtual intentaron, supuestamente, revelar información privada sobre padres y oponentes.

Mientras tanto, la jueza Jeanette Irby dictaminó que Biberaj debería ser retirada del caso debido a un problema de percepción pública, argumentando que es posible que el público no confíe en que la fiscal sea imparcial.

«Tengo el mayor respeto por la Sra. Biberaj… sin embargo, si ella continúa en este juicio, nunca se aceptará este caso», dijo Irby, según los medios de comunicación locales.

Una abogada de Citizens of Leesburg, otra demandante en el caso, citó una publicación de Twitter hecha por Biberaj en la que compartió una carta al medio Loudoun Now que apoyaba el trabajo de diversidad, equidad e inclusión del distrito, conceptos que están estrechamente alineados con la teoría crítica cuasi-marxista de la raza (TCR), una teoría que ahora está en el centro de muchos debates acalorados de las juntas escolares en Estados Unidos.

Biberaj también figuraba como miembro del mismo grupo privado de Facebook al que había pertenecido Barts —Padres antirracistas de Loudoun— donde supuestamente se buscaba que los miembros revelaran información privada de padres y opositores a la teoría crítica de la raza.

The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de la fiscal de la Commonwealth del condado de Loudoun y con el distrito escolar para solicitar comentarios.

Ian Prior, quien está involucrado la denuncia que busca remover a Barts de la junta escolar, dijo que está satisfecho con la decisión de la juez.

«Estamos encantados», dijo Prior a WJLA. “Puedo decir que, durante meses, los padres han estado pidiendo un asiento en la mesa. La junta escolar no nos ha escuchado. No nos han dado esa oportunidad. Los líderes aquí no han dado un paso al frente para tratar de llegar a una resolución sobre lo que está sucediendo en las escuelas, pero ayer la corte nos dio ese asiento en la mesa”.

“Siento que la juez miró la evidencia y tomó una decisión que fue correcta”, dijo después de la audiencia Erin Dunbar, quien también es madre y que apoya a Fight for Schools, según Loudoun Now. «Creo que ella es imparcial. Está mirando las pruebas que tiene al frente y creo que en realidad nos va a dar un juicio justo».

A principios de este año, cuando fue censurada por su actividad en las redes sociales, Barts dijo en un comunicado: “No es mi trabajo agradar. Es mi trabajo hacer preguntas difíciles, trabajar para brindar la mejor educación a nuestros niños, asegurarme de que a nuestros maestros se les pague lo que realmente merecen y representar a la gente de Leesburg”.

Su declaración se produjo después de que la vicepresidente de la junta escolar, Atoosa Reaser, afirmara en marzo que Barts violó repetidamente el código de conducta de la junta escolar.

Mientras tanto, una investigación de la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun, que duró varios meses, descubrió que las publicaciones en las redes sociales del grupo privado de Facebook no constituían una acción criminal, según los medios locales. Como resultado, la oficina no presentó cargos penales contra ninguno de los miembros después de recibir denuncias que alegaban “evidencia de actividad delictiva organizada destinada a infringir los derechos de la Primera Enmienda y [violaciones de] ciertas leyes relacionadas con los delitos de acecho, acoso, y crimen organizado”.


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