FORT PIERCE, Florida.—La jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Aileen Cannon, escuchó argumentos sobre el nombramiento del fiscal especial Jack Smith y el alcance de sus poderes el 21 de junio, cuando el expresidente Donald Trump presentó una moción para desestimar su caso de documentos clasificados sobre la base de que Smith fue designado ilegalmente, lo que haría que sus acciones fueran nulas y sin efecto.
Además de Emil Bove, del lado de la defensa, y James Pearce, desde la parte acusadora, los abogados Matthew Seligman, Josh Blackman y Gene Schaerr representaron a tres grupos de exfuncionarios gubernamentales y expertos legales que intervinieron en el asunto (amici).
En el centro del argumento de la defensa está que el nombramiento del fiscal especial viola la Cláusula de Nombramientos, que establece que los funcionarios deben ser nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Sin embargo, también permite al Congreso promulgar leyes que otorgan a los jefes de departamento la autoridad para nombrar funcionarios inferiores que reporten al jefe de departamento sin dicho proceso de confirmación.
La defensa argumentó que el Sr. Smith ejerce un poder que excede al de un oficial inferior y, por lo tanto, era un oficial superior designado incorrectamente. La fiscalía argumentó que el Sr. Smith es un funcionario inferior debidamente designado que trabajaba bajo el mando del fiscal general.
La juez planteó dudas sobre de dónde procedía la autoridad del fiscal general para nombrar a dicho funcionario y cuánta supervisión tiene realmente sobre el fiscal especial.
¿Dónde está la autoridad estatutaria?
La orden de nombramiento del Sr. Smith por parte del fiscal general cita varias secciones del Código 28 de EE.UU., que describen la función del fiscal general, la delegación de autoridad, el nombramiento de otros funcionarios y las reglas que rigen a los abogados contratados por el fiscal general.
La juez Cannon preguntó al señor Pearce: ¿Dónde está el estatuto del fiscal especial? Expresó su preocupación de que la fiscalía se basara en un mosaico de estatutos para reclamar autoridad.
El Sr. Pearce argumentó que los precedentes históricos respaldan esta autoridad. Los fiscales generales anteriores han nombrado abogados especiales, e incluso los presidentes han ejercido poder sobre los abogados especiales. Pearce argumentó que si el tribunal ha aceptado que el Congreso otorgue al fiscal general autoridad para nombrar funcionarios inferiores, no hay diferencia entre si el presidente o el fiscal general designe al funcionario.
Los amici, en apoyo de la defensa, habían argumentado que los fiscales generales anteriores habían designado abogados especiales tanto de manera adecuada como incorrecta en el pasado. Por ejemplo, si un fiscal federal (alguien que había pasado por la confirmación del Senado) fuera nombrado fiscal especial, esto no habría violado la Cláusula de Nombramientos.
Los amici, en apoyo de la acusación, argumentaron que el Congreso había conferido al fiscal general autoridad para nombrar funcionarios inferiores, como el fiscal especial o el procurador general.
Los abogados defensores argumentaron que el hecho de que el Departamento de Justicia haya realizado nombramientos ilegales en el pasado no justifica un nombramiento ilegal ahora.
El Sr. Bove argumentó que todos los estatutos discutidos provienen de una ley promulgada en la década de 1960, y la sección que define a los «abogados especiales» les otorga un papel mucho más limitado que el «abogado especial» actual. En resumen, no son estatutos de abogados especiales, argumentó la defensa.
¿Tiene supervisión el Fiscal General?
Si el fiscal especial es un funcionario inferior, estaría en deuda con un superior: el fiscal general.
El Sr. Pearce dijo que el fiscal general tiene el poder de rescindir el nombramiento de Smith y anular decisiones, lo que llevó a la juez a pedir un ejemplo.
La juez Cannon preguntó si ha habido alguna supervisión del Sr. Smith hasta la fecha y el Sr. Pearce dijo que no estaba en condiciones de responder. La juez también preguntó si el fiscal general había supervisado la decisión de presentar una acusación; Pearce dijo que no podía responder. Anteriormente le había dicho a la juez que el fiscal general puede revisar, pero no está obligado a revisar, una acusación presentada por un fiscal especial según las reglas del departamento.
La juez Cannon preguntó por qué el Sr. Pearce no podía responder, ya que debería haber sido claro si el fiscal general supervisó la decisión de acusar o no. El señor Pearce respondió que se tomó una decisión, pero que no estaba en condiciones de decir cómo.
Los amici habían argumentado que esto no era equivalente a supervisión, porque el fiscal general que anulaba al fiscal especial tendría que ser motivado por alguna acción poco ética por parte del fiscal especial. Pearce dijo que el fiscal general no necesitaba ser motivado por acciones poco éticas para decidir anular algo.
No hay un cronograma establecido para que la jueza Cannon emita su decisión, pero para algunas mociones anteriores de desestimación presentadas por la defensa, falló rápidamente después de celebrar una audiencia.
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