Una juez estatal dictaminó el miércoles que Texas puede retirar a Planned Parenthood y sus afiliados de su programa de Medicaid.
Texas había dado previamente a los beneficiarios de Medicaid que recurrían a Planned Parenthood un plazo hasta el 3 de febrero para encontrar nuevos proveedores de atención médica. Planned Parenthood desafió eso en su reciente demanda, en la que argumentó que el estado no siguió la ley cuando emitió un aviso de cancelación de 30 días a la organización.
La jueza Lora Livingston, del Condado de Travis, dijo en su fallo que los grupos no pudieron demostrar su afirmación de que el estado no les había notificado adecuadamente en enero, cuando dio a la organización un plazo para encontrar nuevos proveedores de atención médica, según el Austin American Stateman.
«Esta decisión no se toma a la ligera», dice el fallo, según los medios de comunicación que han revisado la sentencia. «A la luz de la actual crisis de salud pública, los riesgos de que el individuo pierda la atención sanitaria y médica requieren una mayor atención y escrutinio. Los hechos subyacentes a la cancelación, en este caso, me llevan a una gran reflexión».
«Sin embargo, los relatores eligieron los tribunales federales como el foro para impugnar el fondo de sus reclamaciones, y ahora no pueden revivir sus recursos administrativos, ya que el plazo para solicitar esa reparación ha pasado hace tiempo. El fondo de sus reclamaciones debe ser determinado por los tribunales federales».
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos había dictaminado en 2020 que Texas y Luisiana podían retener los fondos de los contribuyentes destinados a las clínicas de Planned Parenthood.
En ese momento, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, acogió con satisfacción el fallo, diciendo que la corte de apelaciones «rechazó correctamente los planes de Planned Parenthood para evitar que Texas los excluyera del programa estatal de Medicaid».
«El video encubierto mostraba claramente que Planned Parenthood admitía una conducta moralmente ruinosa e ilegal, incluyendo violaciones de la ley federal al manipular el momento y los métodos de los abortos para obtener tejido fetal para su propia investigación», dijo.
Añadió que la organización no es un proveedor «cualificado» según la Ley de Medicaid, y no debe recibir financiación a través del programa estatal de Medicaid.
La organización fue anteriormente objeto de un escándalo después de que el Center for Medical Progress (CMP), una organización sin ánimo de lucro, publicara videos de su investigación encubierta, que mostraban a ejecutivos de Planned Parenthood discutiendo la práctica de guardar partes del cuerpo de bebés abortados para fines de investigación. Las organizaciones han rebatido tales afirmaciones.
Tras el fallo del tribunal federal, el estado dio a Planned Parenthood y a sus afiliados un plazo para encontrar nuevos proveedores de atención sanitaria.
Posteriormente, el 3 de febrero, la organización proaborto presentó una solicitud de emergencia ante el tribunal estatal para evitar que Texas siguiera adelante con su decisión de retener la financiación federal a las clínicas de Planned Parenthood, que proporcionan un acceso más amplio al aborto, a los métodos anticonceptivos y a otros procedimientos.
El tribunal concedió en ese entonces una orden de restricción temporal que retrasaba que el estado retuviera los fondos de Planned Parenthood.
Dyana Limon-Mercado, directora ejecutiva de Planned Parenthood Texas Votes, respondió al fallo acusando al gobernador de Texas, Greg Abbott, de no hacer lo mejor para el pueblo de Texas.
«Los 8000 pacientes de Planned Parenthood que dependen de Medicaid deben poder acceder a la atención en el proveedor que conocen y en el que confían. Planned Parenthood hará todo lo posible para proteger y luchar por sus pacientes», dijo Limon-Mercado en el comunicado.
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