FORT PIERCE, Florida —La jueza federal de distrito Aileen Cannon escuchó los argumentos de la oficina del abogado especial Jack Smith y de los abogados del expresidente Donald Trump y de los coacusados Walt Nauta, su mayordomo, y Carlos De Oliveira, el administrador de la propiedad Mar-a-Lago, sobre la revisión de pruebas que pueden afectar el calendario del caso.
Los acusados fueron imputados a principios de este año por manejo indebido de documentos clasificados, y todos se han declarado inocentes.
Durante la audiencia del miércoles, Todd Blanche, abogado del presidente Trump, argumentó que «todo ha cambiado» desde que se fijó la fecha original del juicio para este caso.
Descubrimiento
El FBI allanó Mar-a-Lago en agosto de 2022, incautando documentos y materiales clasificados, lo que llevó a la imputación contra el presidente Trump y sus dos empleados de Mar-a-Lago.
La jueza Cannon, que preside el caso, había emitido anteriormente una orden para que el gobierno dejara de utilizar los materiales que reunió en la redada, pero la decisión fue anulada por un tribunal de apelación.
Dado que los documentos clasificados son fundamentales para el caso, el proceso de descubrimiento ha implicado la necesidad de establecer instalaciones de información confidencial compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés) en las que los documentos proporcionados por el gobierno puedan ser revisados por la defensa. Hay una en Miami, pero no en Fort Pierce, donde residen el tribunal y el caso.
Fijan para el 4 de marzo de 2024 la fecha del juicio a Trump en el caso de las elecciones federales, un día antes del supermartes.
Hasta ahora, el gobierno ha proporcionado 1.3 millones de páginas de material no clasificado, 3500 páginas de material clasificado y cerca de 10 años de grabaciones de seguridad.
Los abogados de la defensa argumentaron que no han terminado de revisar este volumen de pruebas y que aún tendrán que obligar a la fiscalía a aportar más pruebas tras una revisión adecuada. El plazo original para presentar peticiones de compulsa finalizaba el 20 de octubre, lo que motivó la solicitud de prórroga.
Señalaron como ejemplo que los archivos que se les habían entregado incluían 60 terabytes de grabaciones de videovigilancia, que estaban clasificadas en carpetas comprimidas, y que una de las carpetas había tardado más de 24 horas en descomprimirse. Cosas como esta se sumaron para retrasar el acceso de la defensa a los materiales de revisión, argumentaron.
Un total de 5500 páginas de documentos clasificados con discos adjuntos que contienen grabaciones de audio de transcripciones incluidas en esas páginas, así como más de 3 gigabytes de correos electrónicos.
El Sr. Blanche añadió que el material ha sido extraordinariamente denso y que esperan presentar mociones para obligar a que se presenten más pruebas una vez que lo hayan digerido todo.
El juez preguntó cuánto tiempo se tardaría en completar una moción para obligar sin revisar los documentos clasificados, y el Sr. Blanche estimó dos semanas, con una semana para que la oficina del abogado especial responda.
Autorización
Lo que retrasa aún más las cosas es que no todas las partes han tenido la autorización para revisar los materiales cuando se pusieron a disposición.
El abogado de De Oliveira, John Irving, obtuvo la autorización para examinar material clasificado el 11 de octubre, y su abogado local, Larry Murrell, la obtuvo el mismo día de la vista, el 1 de noviembre.
El abogado del Sr. Nauta, Stanley Woodward, dijo que aún no había recibido la autorización y que, por tanto, no había tenido la oportunidad de entrar en el SCIF para examinar el material y discutirlo con su cliente.
Anteriormente, el 1 de noviembre, el juez había rechazado la petición de los fiscales de una orden general que impidiera a los Sres. De Oliveira y Nauta ver documentos clasificados y que sólo permitiera a sus abogados. El juez Cannon escribió en una opinión que acompañaba a la orden que la interpretación de los estatutos por parte de los fiscales carecía de fundamento y rechazó su interpretación de «acusados» en el sentido de que sólo se refería a los abogados de los acusados y no a los propios acusados.
Múltiples juicios
El juicio por el caso de los documentos clasificados estaba originalmente programado para comenzar en mayo de 2024.
El presidente Trump se enfrenta a cuatro juicios penales; uno en Nueva York está programado para el 25 de marzo de 2024, y otro caso federal en Washington está fijado para el 4 de marzo de 2024. Otro caso penal estatal en Georgia aún no tiene un calendario de juicios fijado.
Los abogados Sr. Blanche y Chris Kise argumentaron a favor del presidente Trump en la audiencia del 1 de noviembre, y ambos abogados están representando al presidente Trump en otros casos. Sr. Kise ha estado asistiendo a un juicio civil en Nueva York, en la que el presidente Trump está programado para testificar el 6 de noviembre, y llamó a la audiencia de la Florida.
El Sr. Blanche está representando al presidente Trump en el caso de Washington, también procesado por la oficina del Sr. Smith. Estimó que este caso duraría dos meses y medio, con dos semanas para que el presidente Trump presente su versión.
Argumentó que la oficina del abogado especial hizo su calendario para una fecha de juicio de marzo de 2024 en el otro caso a pesar de conocer el calendario para este caso, y tal como está, el presidente Trump podría enfrentarse a tres juicios en otros tantos meses.
Los fiscales argumentaron que fue la propia decisión del presidente Trump de elegir tener el mismo abogado en múltiples casos y mostraron poca simpatía por lo que el Sr. Kise describió como un esfuerzo «extraordinariamente desafiante» para trabajar en varios casos superpuestos. Dijeron que no era sorprendente que estuvieran intentando trasladar el juicio hasta después de las elecciones de 2024, pero que el otro juicio federal no debería afectar a este calendario.
La jueza Cannon terminó la audiencia diciendo que evaluaría toda la información y anunciaría cualquier cambio en el calendario, si se produce, lo antes posible.
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