PUNTA GORDA, Fla.—Una jueza federal desestimó otra demanda que impugnaba la ley de derechos de los padres de Florida en una orden emitida el 20 de octubre.
La decisión es la segunda vez en aproximadamente un mes que un juez se niega a bloquear la ley, que protege los derechos de los padres a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos, restringe que los distritos escolares retengan información de los padres sobre los niños y, entre otras disposiciones, prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género a niños desde jardín de infantes hasta el tercer grado.
Los abogados de un grupo de padres, estudiantes y un grupo sin fines de lucro solicitaron una orden judicial preliminar en julio contra las juntas escolares de los condados de Orange, Indian River, Duval y Palm Beach. Argumentaron que la ley discrimina a los estudiantes y familias LGBT.
Los demandantes también argumentaron que la ley violaba los derechos a la libertad de expresión, la igualdad de protección y el debido proceso.
La jueza federal de distrito Wendy Berger, nombrada por Trump, rechazó la solicitud de una orden judicial preliminar y desestimó la demanda.
El 29 de septiembre, el juez federal de distrito Allen Winsor desestimó un caso aparte, indicando que los demandantes podían presentar una demanda modificada. Berger, al igual que Winsor, dijo que los demandantes podrían presentar una versión modificada.
Los críticos han etiquetado la ley, conocida formalmente como la Ley de Derechos de los Padres en la Educación, como el «Proyecto de ley No digas gay». Además de impedir la instrucción sobre identidad de género y orientación sexual desde el jardín de infantes hasta el tercer grado, la ley exige que dicha instrucción sea “apropiada para la edad…de acuerdo con los estándares académicos del estado” en los grados superiores.
La oficina de la procuradora general Ashley Moody y las juntas escolares habían dicho previamente que Berger debería rechazar la moción de una orden judicial preliminar, en parte porque los demandantes “no tenían capacidad legal”.
La decisión de Berger del 20 de octubre negó la medida cautelar sobre la base de la falta de capacidad legal. El juez describió la demanda como un «alegato de escopeta» y dijo que los demandantes «no especificaron qué política o costumbre de cada acusado respalda la responsabilidad» en virtud de la Constitución de EE. UU.
Entre los demandantes se encuentran los residentes del condado de Orange, Jennifer y Matthew Cousins, y sus cuatro hijos, incluido su hijo de séptimo grado, a quien identificaron como «S.C.». Afirmaron que la ley prohibiría la libertad de expresión en la escuela y podría dar lugar a un aumento del acoso a su hijo. Sin embargo, Berger consideró que no habían demostrado su legitimación.
«Los demandantes no han señalado a esta corte ninguna política o procedimiento del Condado de Orange que ellos aleguen que ha resultado en un aumento del acoso que S.C. podría experimentar en la escuela», escribió Berger.
«Aunque la corte es comprensiva con el temor de los Cousins de que su hijo pueda ser acosado, es simplemente un hecho de la vida que muchos estudiantes de secundaria se enfrentarán a la crítica y al duro juicio de sus compañeros. S.C. no es el único en este sentido. De hecho, los niños de la escuela media intimidan y menosprecian a sus compañeros por toda una serie de razones, todas ellas inaceptables, y muchas de las cuales no tienen nada que ver con la identidad de género de un compañero».
Berger les dio a los demandantes hasta el 3 de noviembre para presentar una revisión.
Simone Chriss, directora de la iniciativa de derechos transgénero en Southern Legal Counsel, una de las demandantes en el caso, dijo en un comunicado: “La orden de la corte ignora las experiencias de nuestros demandantes y no respeta las experiencias de todos los jóvenes LGBTQ+ en las escuelas públicas de Florida».
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