La jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, nombró el jueves a un juez federal de Brooklyn para que actúe como perito especial y revise de forma independiente los documentos que el FBI incautó de la propiedad del expresidente Donald Trump, en Florida.
El juez de distrito de Estados Unidos, Raymond Dearie, actuará como árbitro independiente en el caso, con la tarea de decidir si alguno de los documentos incautados es confidencial y debe estar fuera del alcance de los investigadores federales.
Cannon, quien fue nominada por Trump en 2020, también rechazó el intento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de reactivar su investigación criminal sobre los documentos clasificados incautados durante la redada sin precedentes a Mar-a-Lago el mes pasado. Se espera que este asunto pase rápidamente a una Corte de Apelaciones y posiblemente a la Corte Suprema.
El Departamento de Justicia (DOJ) dijo en una presentación judicial (pdf) el lunes que Dearie tiene «experiencia judicial sustancial» en casos relacionados con la seguridad nacional y preocupaciones de privilegios que lo califica para el papel de perito especial. En cambio el DOJ se opuso al otro candidato propuesto por los abogados de Trump, el abogado privado Paul Huck.
Los abogados de Trump se opusieron a Barbara S. Jones y Thomas B. Griffith, dos jueces federales jubilados a quienes el Departamento de Justicia propuso como peritos especiales.
El presidente republicano Ronald Reagan nombró a Dearie para la corte federal en Brooklyn en 1986, donde fue juez principal de esa corte de 2007 a 2011. Antes de eso, Dearie se desempeñó allí como fiscal federal. Ahora se desempeña como juez senior semi-retirado.
Dearie sirvió en la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera entre 2011 y 2019. Esa Corte revisa las solicitudes de orden judicial del gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional.
Deberes especiales del perito
Como parte de su revisión de todos los materiales incautados, Dearie tiene la tarea de verificar que la propiedad identificada en el «Inventario de Propiedad Detallada» represente la «extensión total y precisa» de la propiedad incautada, lo que puede incluir la obtención de declaraciones juradas del personal del DOJ, según los documentos judiciales.
Dearie también tiene la tarea de realizar una revisión de los privilegios de los documentos incautados y hacer recomendaciones a la corte sobre cualquier disputa entre las partes. Adicionalmente a él se le asigna identificar documentos y artículos personales, así como registros presidenciales y hacer recomendaciones a la corte sobre cualquier disputa de categorización.
El perito especial también evaluará cualquier reclamo de los abogados de Trump en cuanto a que se le devuelvan bienes de propiedad bajo la Regla 41 (g) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, y llevará a cabo cualquier tarea adicional asignada por la corte en virtud de las posteriores órdenes.
Trump y sus abogados criticaron la oposición del Departamento de Justicia a que la corte designe a un perito especial para revisar los documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago.
El Departamento de Justicia argumentó previamente que Trump carecía de legitimación para solicitar el nombramiento de un perito especial, así como la devolución de propiedad que no estaba dentro del alcance de la orden de allanamiento y la medida cautelar, porque los registros pertenecían al gobierno y que el 45 presidente no tiene un derecho válido al privilegio ejecutivo porque el Departamento de Justicia está «dentro de la rama ejecutiva».
Al fallar a favor de la solicitud de Trump de un perito especial, Cannon rechazó los argumentos del Departamento de Justicia de que los registros pertenecen al gobierno y que debido a que Trump ya no es presidente no puede reclamar el privilegio ejecutivo.
Trump ha sostenido que no se equivocó en la forma en que manejó los materiales clasificados. Él ha declarado en repetidas ocasiones que como presidente tenía una orden permanente de desclasificar los materiales que salieran de la Oficina Oval y fueran llevados a Mar-a-Lago.
El expresidente republicano acusó al FBI de atacarlo por razones políticas mientras evalúapostularse nuevamente para presidente en 2024.
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