La juez de distrito Aileen Cannon canceló una audiencia prevista para el 25 de agosto y ordenó una audiencia cerrada sobre una solicitud de orden de protección en virtud de la Ley de Protección de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) en un caso que el Departamento de Justicia de EE. UU. inició en Florida contra el expresidente Donald Trump, su ayudante Waltine Nauta y el administrador de su propiedad de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, por presunta manipulación indebida de documentos clasificados. Los tres se han declarado inocentes.
La audiencia «se celebrará en un lugar y a una hora determinados para debatir cuestiones delicadas relacionadas con la seguridad en relación con la revelación de documentos clasificados», escribió en la orden del jueves.
Ordenó que cualquier petición de una orden de protección para el Sr. de Oliveira debe presentarse antes del 22 de agosto para su consideración durante la audiencia cerrada, en la que los acusados no están obligados a comparecer.
Información clasificada
El mes pasado, el abogado especial Jack Smith solicitó una orden de protección para restringir la información que los abogados defensores del presidente Trump pueden compartir con él y sus coacusados.
«Este caso incluye información clasificada», decía la solicitud de julio. «Cuando se trata de información clasificada, deben dictarse órdenes de protección siempre que el gobierno revele información clasificada a un acusado en relación con un proceso».
El presidente Trump se opuso a cualquier orden que impidiera hablar del caso con su equipo jurídico, y pidió que se aprobara un lugar seguro para hacerlo.
Ha pedido que se restablezca una instalación de información confidencial compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés) en su complejo turístico de Mar-a-Lago para que él y su equipo jurídico puedan discutir regularmente la información clasificada del caso. Anteriormente ya existía una, dijeron sus abogados en un escrito presentado en agosto, añadiendo que el lugar seguro cuenta con protección de seguridad las 24 horas del día y que utilizarían el espacio para debatir, pero no para revisar, información clasificada.
El equipo del Sr. Smith argumentó en contra de la moción, calificándola de «extraordinaria», y que el presidente Trump buscaba «un trato especial que ningún otro acusado penal recibiría y que no está respaldado por la ley ni por precedentes».
El equipo del presidente Trump refutó la caracterización de que su petición estaba «basada en la ‘inconveniencia'». Dado el protocolo de seguridad de los viajes del presidente Trump, los «obstáculos y costes» harían «prácticamente imposible» que el equipo jurídico discutiera el caso con su cliente de otro modo, argumentan.
Actualizaciones del caso
En junio, el presidente Trump se declaró inocente de 37 cargos, y a finales de julio se añadieron otros tres cargos de conspiración para borrar pruebas y otro acusado, a los que tanto el presidente Trump como su administrador de propiedades, el Sr. De Oliveira, se declararon inocentes.
La jueza Cannon ha fijado la fecha del juicio para mayo de 2024, retrasando la fecha original de diciembre que había fijado tras las peticiones de que se retrasara.
En un principio, el equipo del presidente Trump quería trasladar el caso hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, en las que él es el favorito del Partido Republicano frente al presidente en funciones, y la juez pareció llegar a un punto intermedio entre las peticiones del candidato y las del Departamento de Justicia.
La jueza Cannon señaló que ya se habían presentado al menos 1.1 millones de páginas de pruebas no clasificadas, junto con nueve meses de grabaciones de seguridad, y que aún quedaban por presentar 1545 páginas de documentos clasificados.
«Según estimaciones conservadoras, la cantidad de pruebas en este caso es voluminosa y es probable que aumente en el curso normal a medida que se acerque el juicio», dijo. «Y, aunque el gobierno ha tomado medidas para organizar y filtrar la extensa cantidad de pruebas, nadie discrepa en que los demandados necesitan tiempo suficiente para revisarlas y evaluarlas por su cuenta».
Calendario
El presidente Trump se enfrenta actualmente a otras causas judiciales, incluido un juicio en enero, también procesado por el Sr. Smith, en Washington por presunta conspiración en las elecciones de 2020, y un juicio en marzo por presunta mala gestión de las finanzas empresariales en Nueva York.
El miércoles, dos días después de una acusación, el fiscal del condado de Fulton, en Georgia, Fani Willis, propuso una fecha para el juicio el 4 de marzo de 2024, escribiendo en un escrito judicial que las fechas propuestas deberían evitar cualquier conflicto con otros casos en curso del presidente Trump.
La fecha de inicio cae el día antes de que el candidato presidencial republicano compita en las primarias del «Supermartes» en varios estados, que sus partidarios han utilizado para amplificar sus denuncias de «interferencia electoral» por parte de sus oponentes políticos.
«Recuerden, todas estas Acusaciones, Federales, Estatales y Locales, fueron concebidas y generadas por el Corrupto Joe Biden y su equipo de Lunáticos y Matones de la Izquierda Radical con el propósito de interferir en las Elecciones Presidenciales de 2020. No debe permitirse que ninguno de estos juicios comience antes de las Elecciones. Los republicanos deben ser más duros e inteligentes, ¡RÁPIDO!», escribió el jueves en Truth Social, repitiendo sus frecuentes afirmaciones de que, de lo contrario, estos casos se habrían iniciado contra él en 2021. El Sr. Smith fue nombrado abogado especial en noviembre de 2022, tres días después de que el presidente Trump anunciara su campaña para la reelección.
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