Jueza ordena al DHS dar “rápidamente” viviendas “seguras” a niños inmigrantes ilegales

Los menores detenidos en instalaciones al aire libre deben recibir ciertas protecciones por parte del DHS, dictaminó la juez

Por Caden Pearson
05 de abril de 2024 9:12 AM Actualizado: 05 de abril de 2024 9:12 AM

Una juez federal ordenó a los funcionarios fronterizos estadounidenses reubicar “rápidamente” a niños inmigrantes ilegales de sitios improvisados al aire libre “inhumanos” a lo largo de la frontera sur de California.

La orden emitida el miércoles ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Biden que trate a los niños migrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos con las mismas protecciones ofrecidas bajo el antiguo Acuerdo de Conciliación Flores.

El Acuerdo Flores, un acuerdo de demanda colectiva de 1997, exige que el gobierno de Estados Unidos proporcione servicios básicos a menores inmigrantes ilegales proporcionándoles alojamiento en instalaciones «seguras y sanitarias».

Los demandantes presentaron la demanda el 29 de febrero, alegando que los niños que cruzaron la frontera ilegalmente estaban siendo detenidos en “condiciones inhumanas” en sitios al aire libre cerca de la frontera entre California y México, lo que generó preocupaciones humanitarias y de salud pública señaladas por los defensores en declaraciones juradas.

El DHS no cuestionó los hechos presentados, pero argumentó que la agencia carece de jurisdicción porque la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos “no tiene custodia legal sobre los menores”.

La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Dolly Gee, del Distrito Central de California, concluyó en su orden de 12 páginas que, si bien los niños inmigrantes ilegales en las áreas de concentración al aire libre en el sur de California aún no han sido procesados formalmente, todavía están bajo custodia legal de Estados Unidos, ya que sus movimientos están controlados por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La juez citó declaraciones de defensores que dicen que los niños que vivían en siete sitios cerca de San Diego y en las remotas aguas termales de Jacumba no recibían alimentación adecuada, y se dio un ejemplo que decía que a los detenidos se les daba “un paquete de galletas saladas” y una botella de agua a cada uno por día.

También se dijo que los sitios carecían de suficientes contenedores de basura y baños portátiles, mientras que los que sí tenían estaban “desbordados e inutilizables” debido a que no se revisaban “con suficiente frecuencia”.

“Esto significa que los [sitios al aire libre] no solo tienen mal olor, sino que también hay basura esparcida por los [sitios], y los miembros del grupo se ven obligados a hacer sus necesidades al aire libre”, señaló la juez en su orden.

Los inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos por el sur de California a veces pueden esperar días antes de ser procesados por la Patrulla Fronteriza. Esto se debe a que los migrantes cruzan ilegalmente en volúmenes mayores que los que los centros de detención federales son capaces de procesar, según una declaración jurada en un expediente judicial. Las áreas donde viven mientras esperan el procesamiento son los sitios en cuestión en la demanda.

La juez ordenó que todos los menores detenidos en los siete centros de detención al aire libre sean clasificados como miembros de la demanda colectiva, tal como se define en el párrafo 10 del Acuerdo Flores.

“El DHS procesará rápidamente a todos los miembros del grupo bajo su custodia”, según el acuerdo, ordenó el juez.

«El DHS colocará a los miembros del grupo en instalaciones que sean seguras e higiénicas y que sean consistentes con la preocupación del DHS por la vulnerabilidad particular de los menores».

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos “dejarán” de retener a menores en sitios al aire libre excepto por “la cantidad de tiempo que el DHS requiera razonablemente” para organizar activamente su transporte a “una instalación más adecuada”.

El DHS también debe mantener registros de los menores bajo custodia de la CBP durante más de 72 horas y proporcionar a los menores contacto con los familiares que fueron arrestados con ellos.

La juez ha ordenado que se presente al tribunal un informe provisional antes del 10 de mayo, que proporcionará una actualización sobre el número de menores que actualmente se encuentran alojados en sitios al aire libre.

Este fallo se ha tomado en medio de una acalorada discusión política y cultural en torno a los derechos de los migrantes que ingresan a Estados Unidos sin permiso.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirmó que actualmente está revisando el fallo de la juez Gee.

La agencia también afirmó que “continuará transportando a las personas y niños vulnerables que se encuentren en la frontera a sus instalaciones lo más rápido posible”.


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