Una jueza federal concedió un amparo a un padre de familia para impedir la distribución de los libros de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el estado de Chihuahua. Esta es la segunda vez que se ordena la suspensión de la distribución de los libros de texto en el estado.
La jueza Tercero de Distrito Jessica María Contreras Martínez concedió la suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1724/2023.
El amparo promovido por Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez, padre de familia quien fungió como su propio abogado, pidió el cese de la impresión y distribución de los libros de texto alegando que no tienen un respaldo en los planes y programas educativos vigentes, según un documento legal al que accedió The Epoch Times México.
La demanda de amparo alegó que los nuevos libros de texto no se elaboraron de acuerdo con los lineamientos previamente autorizados, por lo que constituye una violación a los derechos de educación e interés superior de la infancia y de la adolescencia.
El amparo concedido suspende la entrega de libros de primero de primaria a tercero de secundaria para el ciclo escolar 2023-2024 en el estado de Chihuahua. Por otro lado, pide a las autoridades tomar medidas para distribuir los libros del ciclo escolar anterior 2022-2023, a todos los alumnos del estado.
Vidaña Manjarrez dijo a The Epoch Times México que la razón por la que presentó el amparo fue por «su inquietud en cuanto a la calidad de educación» que se le da a los niños. Y no por los temas que abordan la ideología de género.
“Buscamos que se aumente la calidad de la educación (…) en las materias esenciales que son la columna vertebral de la formación educativa de los niños. Por poner un ejemplo, en todos los grados de primaria se redujo el número de sesiones de matemáticas y de otras áreas esenciales como la física, redacción [y] lectura”, señaló el abogado.
La decisión de la jueza desató las críticas del diputado local de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien alegó que la decisión violentó el derecho a la educación de los niños en el estado.
“¿Qué pasa con todos los demás papás y mamás de esos 700,000 niños? (..) Ante el juez solo compareció un solo papá, sin duda es una decisión incorrecta del juez, sin duda es una decisión que vulnera los derechos fundamentales de 700,000 niños”, señaló Estrada.
Mientras que el líder de la Sección 8 de la Secretaria Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) , Eduardo Zendejas, hizo eco de estas declaraciones diciendo que no se puede afectar el derecho de los niños de todo el estado por un amparo particular.
“Es muy irresponsable, quien promovió el amparo, no puede decidir por el derecho de las niñas, niños y adolescentes, no puede decir por el derecho de madres y padres de familia en general”, declaró Zendejas al Heraldo de Chihuahua.
Respecto a las criticas, Vidaña Manjarrez dijo a nuestro medio que no considera que se afecte la educación de los niños, ya que los docentes tienen una infinidad de herramientas para desarollar la enseñanza en clase.
“Confiamos plenamente en los maestros para que, con su capacidad, experticia, puedan desarrollar la enseñanza. (…) La realidad es que hay un profesionista en educación, un pedagogo, un maestro que pasó cinco años en una carrera precisamente (…) para poder desarrollar una clase y transmitir los conocimientos”.
El padre de familia además aclaró que no está ligado a ninguna organización o asociación de padres. Y que únicamente presentó el recurso legal a favor de su hija.
Explicó que fue la jueza quien determinó que el amparo tiene efectos generales porque la distribución de los libros tiene efectos en una colectividad, es decir, los niños del estado.
“Yo en lo personal me ampare por mi niña, única y exclusivamente por mi niña, pero la juzgadora federal en su análisis y ejercicio jurisdiccional autónomo, independiente, crítico, serio, jurídico, ella determinó darle efectos generales”, sentenció.
Esta es la segunda suspensión que se concede en contra de la distribución de los libros de texto en Chihuahua. La primera fue en agosto, luego que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitiera la controversia constitucional 400/2023, que presentó el gobierno del estado alegando “violaciones a los procedimientos para la realización de los contenidos”. También informó que se detectaron más de 200 errores pedagógicos.
Sin embargo, el 4 de octubre la primera sala de la SCJN desechó la controversia y ordeno de nuevo la distribución de los libros.
Con información de Alicia Márquez.
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