WASHINGTON—La jueza Tanya Chutkan, que preside el caso contra el expresidente Donald Trump por supuesta interferencia en las elecciones de 2020, ordenó ciertas restricciones sobre lo que el presidente Trump puede decir en relación con su caso después de escuchar los argumentos el lunes por la mañana.
La jueza Chutkan dijo que no impondría restricciones a las declaraciones que haga sobre Washington, D.C., o a las críticas al gobierno, incluida la administración Biden y el Departamento de Justicia (DOJ). Sin embargo, el presidente Trump tendrá prohibido publicar declaraciones en las que ataque al abogado especial Jack Smith, a su personal, al personal de la jueza Chutkan y a otro personal del tribunal, así como a las familias de cualquiera de estas personas.
Él también está limitado en parte sobre lo que puede decir acerca de los posibles testigos; por ejemplo, puede hacer posteos sobre el ex vicepresidente Mike Pence, pero no en lo que respecta a los acontecimientos subyacentes relacionados con su caso.
La jueza dijo que consideraría sanciones si el presidente Trump violaba la orden.
Se trata de una orden mucho más limitada de lo que habían propuesto los fiscales, y es similar en naturaleza a una orden de silencio limitada que un juez de Nueva York impuso al presidente Trump recientemente durante un juicio civil.
El fiscal Jack Smith fue nombrado abogado especial del caso de Trump el pasado noviembre, para investigar asuntos relacionados con los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Este verano, el Sr. Smith presentó una imputación de cuatro cargos contra el presidente Trump.
Los fiscales argumentaron que el presidente Trump está influyendo injustamente en el jurado y proponen una orden de silencio que limitaría lo que puede comentar en relación con el caso, y limitaría las encuestas que puede hacer en Washington, D.C.
Los abogados del presidente Trump argumentaron que la orden propuesta no está en absoluto «adaptada a las circunstancias» y viola sus derechos amparados por la Primera enmienda.
La jueza desestimó la moción de los fiscales de imponer requisitos para las encuestas, en caso de que el presidente Trump quisiera realizar alguna encuesta en Washington, D.C. Su equipo aceptó que avisarían a la corte si realizarían algún tipo de encuesta.
Respecto a la orden de silencio propuesta, la jueza sugirió que sería demasiado amplia, exponiendo declaraciones que el expresidente ha hecho y pidiendo a ambas partes que sopesaran si estarían prohibidas.
Alcance de la orden de silencio
Los fiscales afirmaron que su orden no impediría al presidente Trump hacer campaña o defenderse, pero los abogados defensores argumentaron que su lenguaje para la orden de silencio propuesta era demasiado amplio y hacía precisamente eso.
Los fiscales citaron el caso Gentile vs. Colegio de Abogados de Nevada, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que limitar el discurso de los abogados defensores no infringía la Primera enmienda. La ley de la corte local también permitiría a un juez limitar el discurso de los abogados, aunque esta no se refiriera directamente al presidente Trump como demandado.
La fiscal Molly Gaston dijo que el gobierno no tenía «ningún interés» en detener la campaña del presidente Trump, sino que el único objetivo de la moción era garantizar un procedimiento «justo». Ella argumentó que las declaraciones despectivas, incendiarias e intimidatorias que atacan a los testigos podrían influir no solo en el testigo, sino en el público y, por extensión, en los posibles miembros del jurado.
La jueza preguntó a la fiscalía qué definiría como «despectivo», «incendiario», etc., y en qué se diferenciaba de las declaraciones que atacan a los testigos, que ya son ilegales.
La fiscal Gaston indicó que el gobierno se refería a definiciones de diccionario comúnmente entendidas. Por ejemplo, las declaraciones incendiarias consistirían en aquellas que inflaman la ira y la animosidad.
La jueza se mostró preocupada por el uso de la palabra «justa», que puede ser demasiado amplia e impedir que la orden sea «ajustada», ya que la defensa y la acusación tendrían diferentes definiciones de lo que se considera justo.
La fiscalía redobló el argumento de que el presidente Trump está tratando de influir en el caso en la corte sobre la opinión pública, prejuzgando a los posibles jurados a su favor.
La jueza Chutkan señaló entonces que la orden propuesta solo impide las declaraciones despectivas, y no cubre los elogios, que también pueden influir en el público o el jurado.
«Estamos en medio de una campaña», dijo el abogado de Trump, John Lauro. Él argumentó que el DOJ está tratando de limitar el discurso del presidente Trump, que tiene el más alto nivel de protección constitucional. La jueza le recordó que, como acusado penal, el presidente Trump acordó cumplir con las condiciones de liberación, lo que significa que no tiene derecho a hacer y decir exactamente lo que quiera.
El Sr. Lauro estuvo de acuerdo en que su cliente está cumpliendo con las condiciones de liberación, pero señaló que el presidente Trump, un candidato político, debería poder hablar libremente sobre el tema del día, que incluye el papel del Departamento de Justicia y el nombramiento de jueces.
Cada tema relacionado con este caso también tiene implicaciones políticas, dijo el abogado, añadiendo que los fiscales decidieron presentar el caso en medio de la campaña y tenerlo «inextricablemente entrelazado» con la campaña, cuyo juicio la jueza programó para un día antes del Súper martes, cuando más de una docena de estados celebran sus primarias republicanas.
«Este juicio no cederá al ciclo electoral», afirmó la jueza.
Luego le preguntó a la fiscal Gaston qué propone la fiscalía como sanciones si el presidente Trump viola la orden de silencio propuesta.
La fiscalía dijo que la corte podría actuar voluntariamente, así como las opciones que la jueza ha propuesto, entre ellas amonestar al acusado y aplicar sanciones económicas, o modificar las condiciones de libertad.
Campaña política
El abogado Lauro señaló que la orden era «asimétrica» e «ilegal» porque prohibiría expresamente al presidente Trump criticar a los candidatos que se postulan en su contra, simplemente por su participación en el caso.
Él añadió que tal orden sería imposible de hacer cumplir y prácticamente no hay límites a lo que podría prohibirse.
La jueza definió cinco categorías que serían limitadas para el presidente Trump: declaraciones sobre el jurado, sobre el Departamento de Justicia de la administración Biden, sobre el Sr. Smith y su personal, sobre los jueces y su personal, y sobre los testigos políticos.
La fiscalía acusó al abogado Lauro de intentar decir que el presidente Trump estaba por encima de la ley e insistió en que la orden no impide que un candidato político haga campaña, solo le impide usar su campaña para «difundir» declaraciones sobre el caso.
A la jueza también le preocupaba que la propuesta fuera demasiado amplia. Ella pidió a la fiscalía que aclarara si las declaraciones del presidente Trump llamando al presidente Joe Biden y al Departamento de Justicia «torcidos» serían prohibidas, porque podrían considerarse «despreciativas». El Sr. Lauro también preguntó si estaría prohibido decir que el presidente Biden inició el proceso judicial.
Sobre la declaración que dio como ejemplo el Sr. Lauro, la fiscal Gaston indicó que sería prohibido ya que implicaría que el presidente Biden dirigió el proceso legal, lo cual, según ella, era falso.
La jueza señaló que la defensa podría argumentar que el Departamento de Justicia es parte del poder ejecutivo, lo que ya se ha señalado en la campaña del presidente Trump, y preguntó si también se prohibiría su argumento de que el caso tiene motivaciones políticas. También señaló que el presidente Biden no es parte, testigo ni miembro del jurado, por lo que la posible orden de silencio presentada por el gobierno no se aplicaría aquí.
Luego, el Sr. Lauro argumentó que en casos anteriores, al acusado se le permitía llamar racista al fiscal, y que incluso un acusado penal tenía derecho a criticar a la fiscalía. Él señaló que cuando el Sr. Smith anunció por primera vez la acusación, hizo declaraciones de que el presidente Trump estaba vinculado a la violencia del día, lo cual no estaba en la imputación y, por lo tanto, ya había tratado de influir en el jurado.
Él argumentó que el electorado tenía derecho a escuchar al candidato y que esto era un intento de sacarlo del ciclo electoral, lo que llevó a la jueza a decirle que bajara el tono.
Otra orden de silencio
La defensa parecía estar en terreno inestable una vez que se mencionaron posteos específicos del presidente Trump.
El expresidente también se encuentra actualmente siendo juzgado en Nueva York por un caso de fraude civil, donde hizo un posteo en las redes sociales dirigido a la secretaria del juez. El posteo fue posteriormente eliminado después de que la corte lo ordenara, imponiendo una estricta orden de silencio que impedía que cualquiera de las partes atacara al personal del juez.
La jueza Chutkan dijo que esa publicación había sido muy preocupante y sugirió que estaba poniendo en peligro al personal de la corte.
Al señor Lauro le preguntaron si ese posteo debería ser aceptable, a lo que respondió que aconsejaría a su cliente que no hiciera algo así.
La jueza Chutkan dijo que eso no era lo que pidió y la señora Gastón exclamó que se necesitaba una orden clara, no solo el consejo del señor Lauro.
El presidente Trump también había comentado sobre el exfiscal general Bill Barr y el general retirado Mark Milley. El señor Lauro argumentó que no se trataba de amenazas, con lo que la jueza no estuvo de acuerdo.
Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.
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