Una jueza federal anunció el viernes que no bloqueará inmediatamente la última pausa de la Administración Biden sobre los desalojos.
La pausa es una extensión de la moratoria anterior, que el magistrado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh consideró una extralimitación, dijo la jueza de distrito de EE. UU. Dabney Friedrich, nominada por Trump, en su fallo de 13 páginas.
Esa visión de la prohibición permite a la jueza bloquearla, pero dijo que está impedida de hacerlo por órdenes anteriores de otros tribunales, incluido el principal del país.
En mayo, Friedrich anuló la pausa de desalojo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al considerar que éstos carecían de autoridad legal para imponer una moratoria en todo el país. Pero rápidamente suspendió la orden a petición del gobierno, a la espera de la apelación.
Al mes siguiente, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la suspensión, afirmando que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que incluye a los CDC, probablemente tendría éxito cuando se decidiera el caso en última instancia.
Posteriormente, la Corte Suprema se negó a anular la prohibición vigente en ese momento, en una estrecha decisión de 5 a 4 en la que Kavanaugh fue el único magistrado que ofreció su opinión sobre el sentido de su voto.
Kavanaugh decidió mantener la prohibición, pero dijo en su opinión que los CDC «se excedieron en su autoridad estatutaria existente al emitir una moratoria de desalojo a nivel nacional», y que el Congreso tendría que actuar cuando la prohibición expirara.
La pausa de desalojos a nivel nacional de los CDC expiró el 31 de julio. La agencia no tardó en emitir una nueva moratoria, que se aplica a alrededor del 90 por ciento de la población de EE. UU., después de que el Congreso no aprobara una pausa de los desalojos.
Sumada a los cuatro magistrados que habrían anulado la suspensión, la opinión de Kavanaugh fue suficiente para establecer que la Corte Suprema se pronunciaría en contra de cualquier acción futura de los CDC en materia de desalojos, argumentaron los demandantes, incluidos los grupos inmobiliarios, en su moción de emergencia del 4 de agosto y en el tribunal hace unos días.
Friedrich se puso del lado de los demandados del gobierno al discrepar.
«Dado que los cuatro magistrados que disintieron no explicaron sus votos, es imposible determinar qué disposición propuesta —la suya o la del magistrado Kavanaugh— es el ‘denominador común’ de la otra», escribió.
Si bien otros tribunales han puesto en duda la autoridad de los CDC para prohibir los desalojos, la confirmación de la suspensión por parte del Tribunal de Circuito, junto con la decisión de la Corte Suprema de no poner fin a la prohibición, significa que la jueza tiene las manos atadas, añadió.
«Estas decisiones intermedias ponen en duda la conclusión del Circuito del Distrito de Columbia de que es probable que los CDC tengan éxito en el fondo. Por esa razón, en ausencia de la sentencia del Circuito del Distrito de Columbia, este Tribunal anularía la suspensión. Pero el Tribunal tiene las manos atadas. La Corte Suprema no emitió una opinión de control en este caso, y el precedente del circuito establece que los votos de los magistrados que disintieron no pueden combinarse con el de un magistrado que votó a favor para crear derecho vinculante», declaró.
Para anular la suspensión, los demandantes deben solicitar el amparo del Circuito de Washington, concluyó.
Los abogados de los demandantes no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración «cree que la nueva moratoria de los CDC es un uso adecuado de su autoridad legal para proteger la salud pública».
«Nos complace que el tribunal de distrito haya dejado la moratoria en vigor, aunque somos conscientes de que es probable que haya más procedimientos en este caso», dijo en una declaración.
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