Una jueza federal desestimó una demanda ampliamente difundida que pretendía impedir que el expresidente Donald Trump apareciera en las papeletas presidenciales de 2024 en Florida.
El 31 de agosto, la jueza Robin L. Rosenberg, designada por el presidente demócrata Barack Obama, desestimó el caso (pdf) contra el favorito republicano, una semana después de que un abogado fiscal de Florida, Lawrence Caplan, lo presentara. El Sr. Caplan alegó que el presidente Trump debía ser inhabilitado basándose en una provisión constitucional.
Sin embargo, la jueza declaró que ella carece de jurisdicción sobre este tipo de casos. También dijo que las partes que presentaron la demanda ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida «carecen de legitimación para impugnar las calificaciones [del presidente Trump] para aspirar a la Presidencia».
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«Para tener legitimación, un demandante debe demostrar que tiene un ‘interés personal’ en la supuesta disputa y que el perjuicio es ‘particularizado’ para él», dijo la jueza Rosenberg.
«Un ciudadano individual no tiene capacidad para cuestionar si otro individuo está calificado para ocupar un cargo público», declaró la jueza. Ella rechazó los argumentos del Sr. Caplan, un segundo residente de Florida y un tercer demandante que vive en Nevada.
La jueza dijo que ella estaba legalmente obligada a decidir la cuestión de jurisdicción, incluso sin una impugnación del abogado del presidente Trump ni de ninguna otra persona. También dijo que una ley federal, la Ley de Juicio Declaratorio, la faculta para hacerlo.
El Sr. Caplan no respondió de inmediato a los intentos de The Epoch Times de comunicarse con él para recibir sus comentarios. Tampoco se pudo localizar a la portavoz legal del expresidente Trump, Alina Habba.
El fallo de la jueza Rosenberg se tomó «sin perjuicio», lo que significa que dejó la puerta abierta a que se volviera a presentar el caso.
Aun así, el sobreseimiento es significativo porque llega en un momento en que otros estados de EE. UU. están sopesando si descalificar la candidatura del presidente Trump, basándose en una teoría legal controvertida que involucra la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En virtud de esa enmienda, se puede prohibir el ejercicio de un cargo a una persona que haya participado en una insurrección o rebelión. Los juristas están divididos sobre si esta disposición es aplicable al presidente Trump, quien está acusado de varios delitos. Algunos de los cargos están relacionados con una protesta por una disputa electoral que se tornó violenta en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
«Al menos dos cortes han concluido que los ciudadanos que intentaban descalificar a personas para participar en las elecciones o para ocupar cargos públicos basándose en los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos carecían de legitimación activa», dijo sobre ese particular la jueza Rosenberg.
«El proceso apropiado para probar el título a un cargo público» es un auto de quo warranto, dictaminó la jueza, citando uno de los casos, Hill vs. Mastriano. Ella destacó que solo el gobierno o su representante está facultado para interponer ese tipo de acciones.
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