La jueza federal de distrito Aileen Cannon denegó la petición del expresidente Donald Trump de desestimar una acusación en la que se le imputa haber gestionado indebidamente documentos clasificados, basándose en la Ley de Registros Presidenciales.
«Obligados por los cuatro puntos cardinales de la Acusación Sustitutiva», los cargos en la acusación «no hacen referencia a la Ley de Registros Presidenciales, ni se basan en ese estatuto para efectos de declarar un delito», escribió la jueza en una orden del 4 de abril.
El presidente Trump presentó un total de cuatro mociones para desestimar los cargos en este caso por diferentes motivos, y la jueza escuchó los argumentos orales sobre dos de las mociones el mes pasado. Horas después de la audiencia, negó la moción de desestimación por vaguedad inconstitucional.
La defensa de la Ley de Registros Presidenciales también fue argumentada en la audiencia del 14 de marzo, y la jueza expresó su escepticismo de que la impugnación se estuviera presentando en la forma adecuada.
El presidente Trump está siendo acusado en virtud de una ley que declara ilegal la posesión no autorizada de documentos relacionados con la defensa nacional. La Ley de Registros Presidenciales no hace ninguna mención a cómo debe tratarse la defensa nacional o la información clasificada.
La jueza Cannon había dicho que esos argumentos —que ella interpretó como una disputa de hechos— debían presentarse en relación con las instrucciones al jurado.
Al abrir la puerta para que se presentaran tales argumentos ante la corte, ella ordenó a las partes que presentaran instrucciones al jurado que contemplaran escenarios contrapuestos sobre si el presidente Trump podía designar los archivos en su posesión como «personales» en virtud de la Ley de Registros Presidenciales.
Los fiscales criticaron a la jueza por esta orden. En su escrito de las instrucciones hipotéticas para el jurado, exigida el 2 de abril, argumentaron que la jueza había utilizado una «premisa jurídica fundamentalmente errónea» y que no había aplicado correctamente la ley.
Argumentaron que se finalizaran las instrucciones del jurado antes de una conferencia de cargos y la presentación de pruebas y defensas, lo que la jueza rechazó en la orden del 4 de abril por considerarla «inaudita e injusta».
«La orden de la Corte que solicita instrucciones preliminares sobre ciertos cargos no debe ser mal interpretada como si declarara una definición final sobre cualquier elemento esencial o defensa afirmada en este caso», explicó la jueza.
«Tampoco debe interpretarse como otra cosa que lo que fue: un intento genuino, en el contexto del próximo juicio, de comprender mejor las posiciones en competencia de las partes y las preguntas que se presentarán al jurado en este complejo caso de primer orden».
Los fiscales habían citado una jurisprudencia en la que una corte de apelaciones determinó que una «instrucción del jurado claramente errónea» justificaba una orden a un tribunal inferior para remediar el error.
La jueza Cannon indicó que los fiscales podrían apelar o solicitar una revisión de una corte superior si creían que ella estaba equivocada en cuanto a la ley, y escribió que cualquier parte era «libre de aprovechar cualquier opción de apelación que considere conveniente invocar, según lo permita la ley».
Ejercicio de instrucciones para el jurado
En las instrucciones de la defensa para el jurado, escribieron que el presidente Trump había recibido sesiones informativas clasificadas y revisado documentos clasificados relacionados en varios lugares privados fuera de la Casa Blanca, incluida su residencia en Bedminster, Nueva Jersey, y la Torre Trump en Nueva York.
Argumentaron que, según la Ley de Registros Presidenciales, el presidente Trump tenía discreción exclusiva para designar cualquier documento en su posesión como personal. Al sacar documentos de la Casa Blanca después de su mandato, los había designado como personales y, por lo tanto, tenía autorización para tenerlos, argumentó la defensa.
Los fiscales argumentaron que la Ley de Registros Presidenciales no tiene nada que ver con la acusación, y que la jueza Cannon se equivocó al interpretar que se trataba de una controversia de hecho y no de derecho.
Instaron a la jueza a decidir «con prontitud» si estaba interpretando la Ley de Registros Presidenciales como relevante para la acusación, de modo que los fiscales pudieran solicitar una revisión «antes de que se pusiera en riesgo».
Los fiscales argumentaron que el hecho de que la jueza no tomara tal decisión estaba introduciendo un «retraso sustancial en el juicio» y bloqueaba su capacidad de solicitar una revisión.
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