Una jueza federal rechazó el viernes el reclamo del expresidente Donald Trump de inmunidad presidencial y otras defensas constitucionales en el caso que se lleva en su contra sobre las elecciones de 2020.
En octubre, el presidente Trump pidió a la jueza federal Tanya Chutkan que desestime los cargos en su contra sobre injerencia electoral en Washington, alegando que la Constitución de Estados Unidos le otorga «inmunidad absoluta» por actos dentro del «perímetro exterior» de la «responsabilidad oficial» de un presidente».
Sin embargo, el viernes por la noche, la Sra. Chutkan, designada por Obama, no encontró fundamento jurídico para concluir que los presidentes son inmunes a cargos penales después de dejar el cargo.
En un fallo de 48 páginas, la jueza escribió que ni la Constitución de Estados Unidos ni ninguna corte o rama del gobierno «ha aceptado jamás» este argumento, «y esta corte no lo sostendrá».
«Independientemente de las inmunidades de que pueda gozar un Presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un Jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto vitalicio para salir de la cárcel. Los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales en cuanto a su responsabilidad penal federal».
«El acusado puede ser objeto de investigación federal, acusación, procesamiento, condena y castigo por cualquier acto delictivo cometido durante su mandato», añadió la jueza.
El fallo se produjo mientras el presidente Trump se prepara para un juicio para defenderse de las acusaciones del Departamento de Justicia, que alegan que conspiró para socavar los resultados de las elecciones de 2020.
En agosto, el presidente Trump se declaró inocente de cuatro cargos de delito grave presentados por el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, que le acusó de conspirar para defraudar a Estados Unidos al obstruir la certificación de los resultados de las elecciones de 2020 en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y de conspirar «contra el derecho a votar y a que se cuente el voto de uno».
La imputación acusa al presidente Trump de mentir sobre sus acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2020 y de que él fue el ganador.
Los fiscales sostienen que el presidente Trump difundió a sabiendas afirmaciones «falsas» sobre los resultados de las elecciones de 2020. Los abogados del expresidente rechazan esto, argumentando que la fiscalía «afirma falsamente que los motivos del presidente Trump eran impuros».
Los abogados del presidente Trump argumentaron en su moción del 5 de octubre que sus acciones posteriores a las elecciones de 2020 «están dentro del ámbito de su cargo» y, por lo tanto, «es absolutamente inmune a la acusación». Ellos sostuvieron que, como presidente, actuó para «garantizar la integridad electoral».
La jueza Chutkan discrepó. «Nada en el texto de la Constitución o en la asignación de poderes gubernamentales exige eximir a los expresidentes de ese proceso solemne. Ni el pueblo que adoptó la Constitución ni quienes la han salvaguardado a lo largo de generaciones han entendido nunca que deba hacerlo», escribió en su fallo.
«Los cuatro años de servicio del acusado como Comandante en Jefe no le otorgaron el derecho divino de los reyes para eludir la responsabilidad penal que rige a sus conciudadanos», añadió la jueza.
La Sra. Chutkan también rechazó el argumento del presidente Trump de que su absolución en el Senado de EE. UU. durante su segundo juicio político, relacionado con la irrupción del Capitolio de EE. UU. el 6 de enero, significaba que no podía ser procesado en la corte federal.
«Pero ni los principios tradicionales de doble incriminación ni la Cláusula de Juicio de Impeachment establecen que un enjuiciamiento tras la absolución del impeachment viole la doble incriminación», escribió a continuación.
«La acusación aquí no viola los principios de doble incriminación», añadió, explicando que esto se debe a que el impeachment solo amenaza con la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier cargo de honor, confianza o beneficio, «ninguno de los cuales es una sanción penal».
La inmunidad tampoco se aplicaría, dictaminó la jueza, al argumento del presidente Trump de que la imputación viola sus derechos al debido proceso y que su supuesta conducta estaba protegida por la Primera enmienda.
La Sra. Chutkan escribió que la Constitución de Estados Unidos no protege el discurso «que se utiliza como instrumento de un delito», lo cual, señaló, forma parte de las acusaciones contenidas en la imputación contra el presidente Trump, de la que se ha declarado inocente.
El presidente Trump acusó anteriormente a la jueza Chutkan de parcialidad en su contra. Ella recientemente negó una solicitud de los abogados de Trump para que se abstuviera del caso por los comentarios que hizo mientras sentenciaba a personas por acciones relacionadas con la irrupción del Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. Los comentarios incluyeron su creencia de que el presidente Trump «debería ser procesado y encarcelado», según los abogados del presidente Trump.
No había fundamento para la recusación, concluyó la jueza después de revisar la moción, añadiendo que sus declaraciones durante las audiencias de sentencia citadas «ciertamente no manifiestan un prejuicio profundamente arraigado que haría imposible un juicio justo».
La jueza Chutkan ha sentenciado al menos a 38 personas que fueron condenadas por delitos relacionados con la irrupción del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
Con la contribución de Zachary Stieber
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