La juez federal de distrito Tanya Chutkan, que preside el caso de injerencia electoral contra el expresidente Donald Trump en Washington, revocó una aprobación anterior de una moción después de que los abogados que representan al presidente Trump dijeran que no se habían respetado las normas del tribunal.
El 5 de septiembre, los fiscales del equipo del abogado especial Jack Smith pidieron a la jueza que permitiera que los documentos se presentaran sellados, pero que se publicaran versiones con tachaduras de los mismos. Esto es habitual en casos en los que puede haber información clasificada o sensible.
La jueza Chutkan aprobó la moción.
Poco después, los abogados del presidente Trump pidieron a la jueza que revocara la aprobación porque no se les había dado la oportunidad de responder a la moción inicial (pdf).
Señalaron que las normas de los tribunales penales federales del Distrito de Columbia conceden a la parte contraria dos semanas para responder a las mociones, a menos que la jueza decida establecer plazos distintos. Sin embargo, la jueza no puede negar a la otra parte la oportunidad de responder por completo.
Los fiscales también pueden obtener el consentimiento del acusado antes de presentar una moción, que entonces se consideraría «sin oposición».
«Este procedimiento lo exigen además la cláusula del Debido Proceso [de la Constitución] y la equidad fundamental», escribieron los abogados.
«Así pues, como cuestión de rutina, el Tribunal debe conceder al acusado tiempo suficiente para responder a todas las mociones presentadas en este asunto».
Más tarde ese mismo día, los fiscales respondieron diciendo que la jueza había actuado adecuadamente porque se habían puesto en contacto con los abogados de la defensa para conocer su postura sobre la moción y porque ésta se había realizado de acuerdo con una orden de protección que la jueza había dictado previamente y que orienta el manejo de información sensible en el caso (pdf).
Dijeron que si siempre se da a la defensa dos semanas para responder y a los fiscales otra semana para responder a la respuesta, como sugieren las normas locales, «se paralizaría el litigio en este caso».
Sin embargo, ese mismo día, la jueza anuló su orden, dando al presidente Trump hasta el 11 de septiembre para responder y a los fiscales dos días más para responder a la respuesta.
«A partir de ahora, todas las peticiones… deberán (1) indicar si el solicitante ha consultado con el abogado de la parte contraria, y (2) exponer la postura del no solicitante sobre la petición, si se conoce», añadió.
«Como ha hecho en este caso, el tribunal puede exigir que se informe sobre las peticiones de autorización para archivar bajo sello en un plazo más breve que los plazos por defecto previstos en las Normas Penales Locales».
Las idas y venidas son una prueba más de lo polémica que se ha vuelto la cuestión del tiempo en el caso.
Es posible que al presidente Trump le interese retrasar el caso hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, en las que es el favorito del Partido Republicano. Sus oponentes, por otra parte, pueden querer verlo enjuiciado en plena campaña.
El Sr. Smith presentó la demanda el 1 de agosto, alegando que el presidente Trump no creía realmente que le hubieran robado las elecciones de 2020 y que sus intentos de impugnar los resultados constituían varios delitos, entre ellos conspiración para obstruir la recolección y el recuento de votos electorales y conspiración contra el derecho de voto de los estadounidenses.
El Sr. Smith pidió que el juicio comenzara con la selección del jurado el 11 de diciembre, argumentando repetidamente que el caso debe tratarse con prontitud porque los comentarios públicos del presidente Trump pueden perjudicar al jurado.
Los abogados del presidente Trump han argumentado que necesitan años para preparar el juicio a fin de revisar los casi 13 millones de documentos y archivos que les han entregado los fiscales como parte del proceso de descubrimiento de pruebas.
La jueza fijó el juicio para el 4 de marzo de 2024, un día antes del «Supermartes» de primarias en 16 estados.
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