La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor rechazó el 10 de noviembre una solicitud de emergencia para detener el mandato de vacunación contra el COVID-19 de la ciudad de Nueva York que se aplica a los bomberos, los policías y otros empleados del gobierno.
Los trabajadores fueron despedidos después de que la ciudad rechazara su petición de quedar exentos por motivos religiosos. Muchas personas que se oponen a las diversas vacunas contra el COVID-19 por motivos religiosos lo hacen porque en sus pruebas, desarrollo o producción se emplearon líneas de células de fetos humanos abortados.
Alliance Defending Freedom (ADF), un bufete de abogados de interés público especializado en casos de libertad religiosa, argumentó en la solicitud presentada el 2 de noviembre que era injusto que los artistas y atletas adultos no vacunados estuvieran exentos del mandato, mientras que otros trabajadores no vacunados se vieran obligados a cumplirlo, y fueran despedidos si se negaban a la vacuna.
Aunque las restricciones de la época de la pandemia se han ido relajando en los últimos meses, aún quedan algunas.
La Corte Suprema anuló en enero un importante mandato federal de vacunación.
El 13 de enero de este año, el alto tribunal votó 6-3 en el caso de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) contra el Departamento de Trabajo para bloquear el régimen de vacunación del sector privado de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. El mismo día, el tribunal falló en sentido contrario en el caso Biden contra Misuri, votando 5-4 para mantener una norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que exige que más de 10 millones de empleados de centros sanitarios que participan en los programas de Medicare y Medicaid se vacunen contra el COVID-19.
Sotomayor decidió el asunto por su cuenta sin remitir el caso al pleno de la Corte Suprema, lo cual es su privilegio como juez que recibe una solicitud de emergencia. No proporcionó razones para su decisión. El caso es New Yorkers for Religious Liberty vs City of New York, expediente judicial 22A389.
La ADF había argumentado en un escrito de apoyo a la solicitud que los empleados necesitaban urgentemente una ayuda porque están «sufriendo la pérdida de los derechos de la Primera Enmienda, se enfrentan a plazos para mudarse de casas en ejecución hipotecaria o con alquileres atrasados, están sufriendo problemas de salud debido a la pérdida de su seguro de salud de la ciudad y el estrés de no tener ingresos regulares, y recurriendo a cupones de alimentos y Medicaid sol para mantener a sus familias a flote».
John Bursch, abogado principal y vicepresidente de defensa de apelaciones de la ADF, dijo cuando se presentó la solicitud que «estos héroes de la ciudad han dedicado sus vidas a servir a sus vecinos y a mantener su ciudad funcionando de forma segura y eficiente, y sin embargo los funcionarios de la ciudad de Nueva York los suspendieron y despidieron porque no pueden aplicarse la vacuna COVID-19 sin violar sus sinceras creencias religiosas».
«Pero en el caso de los atletas, los artistas y las strippers, la ciudad encontró una forma de flexibilizar su mandato», añadió.
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