La Corte Suprema revocó el 29 de diciembre la libertad bajo fianza de una multimillonaria ejecutiva farmacéutica previamente condenada por homicidio involuntario en la muerte de su hijo pequeño, poco más de una semana después de que el alto tribunal ordenara su puesta en libertad.
Las sentencias son inusuales porque la Corte Suprema no suele involucrarse en disputas sobre fianzas en procesos penales.
El caso, muy litigado, afecta a Gigi Jordan, condenada en 2010 por un jurado estatal por administrar una dosis mortal de fármacos a Jude Mirra, su hijo autista de 8 años, y sentenciada en 2015 a pasar 18 años de prisión. Su defensa calificó lo ocurrido como un homicidio piadoso. En el momento en que se presentó ante la Corte Suprema, Jordan estaba en libertad, sujeta a una fianza garantizada, a la vigilancia con una pulsera en el tobillo y a un toque de queda impuesto por la corte.
La magistrada de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, que supervisa las solicitudes de emergencia de Nueva York, revocó la orden de libertad bajo fianza que ella concedió el 20 de diciembre en el caso Jordan vs. Lamanna, expediente judicial 22A551. Amy Lamanna es la superintendente del correccional Bedford Hills de Nueva York.
En la orden del 29 de diciembre (pdf), Sotomayor escribió que su orden anterior fue «anulada» y que la solicitud de emergencia es «en todos los aspectos, denegada». En ambas órdenes, Sotomayor no motivó sus respectivas decisiones.
Tras la condena de Jordan, una corte de Manhattan determinó que Jordan había sido encarcelada ilegalmente porque hubo irregularidades durante su juicio.
Sus abogados argumentaron que Jordan fue privada de su derecho a un juicio público, recogido en la Sexta Enmienda, debido a lo que denominaron «un chocante cierre de la sala en medio de la fase de culpabilidad (…) del juicio penal de Jordan, que era seguido muy de cerca».
Durante el juicio, el juez «declaró abruptamente» que «todo el mundo» tenía que abandonar la sala durante varios minutos y ordenó a la seguridad de la corte que mantuviera la sala cerrada a los espectadores, según los documentos judiciales.
Durante la sesión a puerta cerrada, «el juez escuchó las repetidas objeciones de la defensa al cierre, las polémicas alegaciones del fiscal sobre la mala conducta de Jordan y del equipo de la defensa, una moción para corregir las instrucciones al jurado y una moción para aclarar una orden de secreto sumario. Por su parte, el juez hizo preguntas directas al equipo de la defensa, amonestó a la acusada (solo cuatro días antes de que ella prestara declaración en su propia defensa) por lo que consideraba declaraciones ‘improcedentes’ publicadas en un sitio web, e instruyó al fiscal para que llevara a cabo una investigación».
La División de Apelaciones de Nueva York confirmó la desestimación de las objeciones de Jordan a la clausura y consideró que no se había violado su derecho a un juicio público porque lo que se discutió en ausencia del público fue el mismo tipo de material que se plantearía legítimamente en un aparte con los abogados o en una conferencia en el despacho.
La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 2º Circuito consideró que el encarcelamiento de Jordan no era ilegal y el 19 de diciembre ordenó a Jordan a que se presentara inmediatamente en prisión.
Cuando Sotomayor suspendió esa orden el 20 de diciembre, ordenó a Jordan y a los fiscales a que presentaran escritos sobre la solicitud de emergencia de Jordan.
En un escrito del 27 de diciembre (pdf) en oposición a la solicitud, los fiscales dijeron que el cierre de la sala consistió en «aproximadamente quince minutos» durante un «juicio de dos meses» para escuchar los argumentos «sobre un sitio web y un correo electrónico de [Jordan] que acusaba a la corte de socavar la imparcialidad del juicio». Más tarde ese mismo día, la corte «desclasificó las actas del procedimiento a puerta cerrada y dos pruebas que habían sido marcadas durante el mismo».
«El procedimiento a puerta cerrada no afectó a ninguna cuestión de fondo sometida al jurado», según el escrito.
El 28 de diciembre, en una réplica al escrito (pdf), en apoyo de la solicitud, Jordan argumentó que no había razón para anular la libertad bajo fianza.
«El Estado no discute (ni puede discutir) que Jordan ha sido un depositario totalmente cumplidor que no representa un riesgo de fuga ni un riesgo para el público. Tampoco niega (ni puede negar) que ya ha cumplido la mayor parte de su condena, lo que mitiga su interés punitivo en la custodia inmediata», afirma su escrito.
Por otra parte, Jordan presentó una petición (pdf) a la Corte Suprema el 4 de noviembre en la que solicita a los jueces que le concedan un debate oral en su apelación. A pesar de la revocación de la fianza, está previsto que el alto tribunal examine la petición el 6 de enero de 2023.
The Epoch Times se puso en contacto con los abogados de ambas partes para solicitar sus comentarios.
El abogado de Jordan, Michael B. Kimberly, de McDermott Will & Emery LLP, y el fiscal Steven Chiajon Wu, de la Fiscalía de Manhattan, no habían devuelto las llamadas telefónicas solicitado comentarios al cierre de esta edición.
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