Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron el viernes una moción para levantar temporalmente la orden de silencio que se le impuso en el caso penal federal, mientras esperan un fallo de la corte de apelaciones. Horas después, la jueza Tanya Chutkan aprobó la suspensión administrativa, o pausa, de su orden de silencio mientras el presidente Trump presenta su apelación.
El gobierno tiene hasta el 25 de octubre para presentar cualquier respuesta, y el presidente Trump tendría tres días para presentar una respuesta a cualquier oposición.
«Ninguna corte en la historia de Estados Unidos ha impuesto una orden de silencio a un acusado penal que está haciendo campaña para un cargo público, y menos aún, al principal candidato a la presidencia de Estados Unidos», dice la moción, que describe la orden de silencio del 17 de octubre como «la primera de su tipo».
Si la jueza Chutkan no aprobaba el levantamiento de la orden de silencio, el presidente Trump habría solicitado un fallo antes del 24 de octubre, tras lo cual pediría a la corte de apelaciones una suspensión o pausa de emergencia de la orden de silencio.
«Esta consideración acelerada está muy justificada en un caso que plantea cuestiones de la Primera enmienda de enormes consecuencias», dice la nueva presentación.
No hay pruebas de intimidación de testigos
A raíz de una solicitud del abogado especial Jack Smith para limitar lo que el presidente Trump podría decir con respecto al caso, la jueza Tanya Chutkan emitió una orden de silencio que prohíbe comentarios que «apunten» a los equipos legales de la fiscalía y la defensa, al personal del tribunal y a posibles testigos.
«Dada su naturaleza extraordinaria, uno esperaría una justificación extraordinaria y convincente para la Orden de Silencio. Pero esa justificación brilla por su ausencia. En su lugar, la Corte declara genéricamente que debe dictar la Orden de Silencio para prevenir supuestas ‘amenazas’ y ‘acoso’. Esta teoría se tambalea incluso bajo un mínimo escrutinio», se lee en la nueva presentación. Los abogados también solicitan una pausa en los procedimientos administrativos del juicio mientras apelan la orden de mordaza.
Varias personas de estos grupos, incluido el abogado especial y testigos potenciales como el exfiscal general de Estados Unidos Bill Barr, publican o hacen comentarios negativos sobre el presidente Trump en los medios de comunicación con regularidad, pero bajo la orden de silencio el presidente Trump no podría abordar esos comentarios, y mucho menos refutar sus afirmaciones.
«Al hacerlo, la Orden de Silencio blinda a los funcionarios públicos en los escalones más altos del gobierno de las críticas, incluidos los rivales políticos clave», dice la moción.
El abogado John Lauro había dicho ante la corte que el presidente Trump se encuentra en plena campaña política y que la orden judicial beneficiaría a sus oponentes políticos. El exvicepresidente Mike Pence es otro testigo potencial, que compite contra el presidente Trump por la nominación republicana en las primarias.
Los abogados señalaron que, aunque los fiscales argumentaron que el presidente Trump estaba intimidando a los testigos, no presentaron pruebas de que ningún testigo se sintiera amenazado o intimidado.
Los fiscales admitieron durante la audiencia que «por supuesto» su preocupación era especulativa y que no podrían saber con certeza si un testigo fue intimidado hasta que testificara, y tal vez ni siquiera entonces.
«Se trata de omisiones fatales. Una censura previa no puede basarse en especulaciones», se lee en el documento.
En cambio, la corte señaló otra orden de silencio que se había impuesto al presidente Trump en Nueva York, donde está siendo juzgado en un caso de fraude presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Allí, un juez de Nueva York emitió una orden de silencio después de que el presidente Trump posteara en las redes sociales sobre su secretaria y prohibió a ambas partes cualquier declaración dirigida a su personal.
La jueza Chutkan escribió en su orden y opinión que las declaraciones del presidente Trump «presentan un riesgo significativo e inmediato» de que los testigos puedan ser intimidados o que los miembros del personal de la corte y los abogados puedan ser acosados.
En la moción, los abogados argumentaron que ni los fiscales ni la jueza estuvieron abiertos a considerar otras formas de evitar la intimidación de los testigos, evitando directamente a la orden de silencio «demasiado amplia».
También señalaron que la jueza rechazó los argumentos de los fiscales de que perjudicaría a los posibles miembros del jurado y la confianza del público en los procedimientos judiciales como razones para emitir una orden de silencio.
Primera enmienda
El abogado Lauro presentó varios argumentos sobre la Primera enmienda durante la audiencia antes de que la jueza Chutkan emitiera una orden de silencio.
«En el fondo, la Orden de Silencio viola prácticamente todos los principios fundamentales de nuestra jurisprudencia de la Primera enmienda», se lee en el nuevo documento. Los abogados argumentaron que restringe lo que debería ser un discurso político protegido, además de negar los derechos de las audiencias del presidente Trump que quieren escuchar sus comentarios.
En la opinión escrita por la jueza Chutkan, ella desestimó las defensas de la Primera enmienda, escribiendo que la obligación de proteger los procedimientos de interferencias externas precedía a los derechos de la Primera enmienda.
«Para salvaguardar la integridad de este proceso, es necesario imponer ciertas restricciones a las declaraciones públicas de las partes interesadas», escribió la jueza. «La posición de la defensa de que no se pueden poner límites al discurso del acusado porque está involucrado en una campaña política es insostenible y los casos que cita no son válidos».
«Esta corte determina que incluso en medio de su campaña política, las declaraciones del acusado plantean amenazas suficientemente graves a la integridad de estos procedimientos que no pueden abordarse por medios alternativos, y adaptó su orden para hacer frente a la fuerza de esas amenazas», escribió la jueza. «Por tanto, aquí se justifican restricciones limitadas a las declaraciones extrajudiciales».
En la nueva presentación de la defensa, los abogados señalaron que los casos que la jueza citó en su opinión eran aquellos que protegían los derechos civiles de los acusados criminales, describiéndolo como «una ironía vertiginosa».
“La pérdida de las libertades de la Primera enmienda, incluso por períodos mínimos de tiempo, constituye sin duda un daño irreparable”, escribieron los abogados, citando el caso Elrod vs. Burns.
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