El senador demócrata Bob Menéndez será juzgado el 6 de mayo por cargos relacionados con sobornos.
No será juzgado junto a su esposa, Nadine Menéndez. Aún no se ha fijado la fecha de su juicio.
El juez Sidney Stein tomó estas decisiones el 11 de abril.
«La corte tendrá que juzgar este caso dos veces», dijo el juez en respuesta a los abogados de la Sra. Menéndez citando un problema de salud no especificado y que el juicio debería retrasarse.
La pareja recibió cargos por conspiración para cometer soborno, soborno, conspiración para cometer fraude electrónico honesto, conspiración para cometer extorsión, extorsión, conspiración para que un funcionario público actúe como agente extranjero, conspiración para obstruir la justicia y obstrucción de la justicia.
Se han dictado tres imputaciones de cargos contra ellos.
En la primera imputación, la pareja supuestamente recibió sobornos de tres partidarios —Fred Daibes, Wael Hana y José Uribe— a cambio de un trato favorable en torno al gobierno de Egipto, cuyo historial en materia de derechos humanos, al igual que el de Qatar, ha sido objeto de críticas.
Se alega que los regalos incluían lingotes de oro, pagos de hipotecas de viviendas y un coche de lujo.
El Sr. Menéndez también habría presionado a la fiscalía general de Nueva Jersey en relación con un proceso contra el Sr. Uribe, quien se declaró culpable en 2011 de un cargo de robo mediante engaño en tercer grado y fue condenado a tres años de libertad condicional.
Además, el Sr. Menéndez supuestamente prometió pedirle al presidente Donald Trump que designe a un fiscal federal para el distrito de Nueva Jersey para interferir en el enjuiciamiento del Sr. Daibes por fraude y otros cargos relacionados con las finanzas.
El Sr. Daibes se declaró culpable de los cargos en 2018, pero retiró la declaración, y su juicio fue pospuesto.
En la segunda imputación, los fiscales alegaron que el Sr. Menéndez -miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y presidente hasta su acusación inicial en septiembre- «utilizó su influencia y poder» y violó su deber cuando presentó al empresario promotor Fred Daibes a un potencial inversionista qatarí.
La tercera imputación de cargos alega que el Sr. y la Sra. Menéndez intentaron ocultar su presunta trama de sobornos.
Las acusaciones más recientes afirman que el Sr. Menéndez y su esposa hicieron que sus entonces abogados proporcionaran a la fiscalía declaraciones falsas sobre los pagos, diciéndoles supuestamente que su cliente había ignorado hasta 2022 el dinero entregado por el Sr. Hana para la hipoteca de la casa de su esposa en Nueva Jersey y el dinero pagado por el Sr. Uribe para su Mercedes-Benz.
La última imputación de cargos en su contra se presentó el 5 de marzo.
El 8 de marzo, el Sr. Uribe anunció que se declararía culpable de los cargos de conspiración para cometer soborno, tentativa y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, tentativa de evasión fiscal y obstrucción de la justicia mediante declaraciones falsas y engañosas a los investigadores federales.
También aceptó testificar contra los demás en el juicio fijado previamente para el 6 de mayo.
En una declaración, el Sr. Menéndez dijo que los fiscales «saben desde hace tiempo que me enteré y ayudé a devolver los préstamos —no sobornos— que habían sido proporcionados a mi esposa».
El Sr. Daibes y el Sr. Hana también se declararon inocentes el 11 de marzo.
El Sr. Menéndez no ha descartado presentarse a la reelección. Él dijo que se presentará si es absuelto, pero que no podría presentarse como demócrata, ya que ha vencido el plazo para hacerlo.
En 2015, se enfrentó a cargos relacionados con la corrupción, pero hubo un juicio nulo y los fiscales federales se negaron a presentar los cargos de nuevo.
Los compañeros senadores de Menéndez, incluidos sus compañeros demócratas, le pidieron que dimita.
«Un jurado de sus pares tomará la decisión definitiva sobre si es penalmente culpable», dijo el senador demócrata Cory Booker.
«Sin embargo, existe otra norma más estricta para los funcionarios públicos, que no es la del derecho penal, sino la de los ideales comunes», indicó el Sr. Booker.
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