La justicia de Reino Unido dictaminó el 3 de agosto, el embargo cautelar del derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto de Luton debido a los impagos del Reino de España a la empresa energética NextEra Energy.
NextEra reclama a España el pago de 291 millones de euros por la homologación y ejecución de un laudo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, para compensar la pérdida de rentabilidad de su inversión en dos plantas termosolares en Extremadura como consecuencia de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, informó el medio World Today.
Aena aseguró en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que no tiene nada que ver con los impagos: «Aena, que no es parte en ese proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, no ha sido notificada de la adopción de las medidas cautelares. Aena llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda”, explica el gestor aeroportuario en el comunicado según Voz Pópuli.
Este es uno más de los 28 laudos impuestos a España por parte de inversores de Reino Unido, Bélgica o Australia y que han resultado en los embargos de las cuentas y sede del Instituto Cervantes en el país anglosajón o del derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros).
¿De dónde vienen estas deudas?
En 2004 el gobierno de José María Aznar aprobó un régimen económico favorable para fomentar la inversión en energías renovables y estableció un precio fijo durante un período determinado.
En 2007, José Luis Rodríguez Zapatero, amplió y consolidó este sistema de primas ofreciendo aún más incentivos para la generación de energía a partir de fuentes renovables.
Atraídos por estos incentivos, numerosos fondos de inversión, tanto nacionales como internacionales, invirtieron considerables sumas en proyectos de energías renovables en España.
Sin embargo, entre 2013 y 2014 el gobierno de Mariano Rajoy estimó que el déficit tarifario -la diferencia entre los ingresos del sector vía tarifas y los costes de generación- ascendía a más de 26.000 millones de euros. Por esta razón, emprendió una serie de reformas, entre ellas estaba la eliminación de las primas fijas y la implementación de un nuevo sistema basado en la rentabilidad razonable de las inversiones al entender que estas altas subvenciones no eran sostenibles en el tiempo.
Estos cambios regulatorios redujeron significativamente los ingresos previstos para los proyectos de energías renovables, afectando negativamente a los inversores que habían calculado sus retornos basándose en las reglas iniciales. Además, los inversores argumentan que los cambios retroactivos violan el principio de seguridad jurídica y que las leyes y regulaciones no deben ser alteradas de manera que perjudiquen a quienes confiaron en la normativa vigente en ese momento.
Por esta razón, numerosos fondos de inversión han llevado a España a tribunales internacionales, principalmente a través de mecanismos de arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía, que protege a los inversores extranjeros en el sector energético.
España no ha pagado ninguna indemnización
España acumula condenas por más de 1.000 millones de euros de los que aún no ha pagado nada. El estado, a través de la abogacía del Estado y con la ayuda de prestigiosos despachos de abogados argumenta que estos arbitrajes son ilegales en base a las sentencias de los casos Komstroy y Achmea dictadas por el Tribunal de Justicie de la Unión Europea (TJUE), según El Confidencial. Esta sentencia no reconoce como válidos los arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía en disputas con empresas de fuera de la Unión Europea.
Además el gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la Comisión Europea le impide abonar ninguna indemnización hasta que acabe la investigación que tiene abierta sobre si estas ayudas vulneran los Tratados de la Unión Europea, según el mismo medio.
Por esta razón algunos fondos están reclamando y ganando en el Tribunal del Banco Mundial en Nueva York y están solicitando el embargo de bienes españoles fuera de la UE.
Los inversores buscan un acuerdo
Algunos de estos inversores han propuesto a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta controversia. Se trataría de reinvertir una parte de las indemnizaciones en la economía española.
España ha perdido 28 laudos arbitrales relacionados con la retirada de las primas a las energías renovables, y aún hay varios procesos pendientes. Estos laudos han llevado a condenas por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros, incluyendo intereses y costes legales. Las reclamaciones en conjunto ascienden a unos 8.000 millones de euros.
Tras haber recibido 70.000 millones de inversión en renovables gracias a estas primas, «aceptar los pagos y llegar a un acuerdo sería la decisión más beneficiosa para el Estado Español», ha recomendado Nikos Lavranos, fundador de la consultora holandesa NL Investment Consulting durante la III Conferencia internacional sobre energía renovable, inversión y seguridad jurídica, según La Razón.
«Hay razones muy poderosas para llegar a un acuerdo: limpiar el nombre de España, pasar página y seguir captando inversión renovable. España estaría en mejor compañía si en lugar de militar con los países que no están pagando sus laudos como Venezuela y Rusia, sí llegara a acuerdos como otros Estados miembros de la UE», ha añadido.
España es el país que más laudos (fallos que pone fin al procedimiento arbitral) incumplidos tiene, concentrando el 25% por delante de Venezuela y Rusia, pero podría alcanzar el 50% entre 2024 y 2025, según el mismo medio.
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