La justicia española permitió ampliar una demanda en curso de la familia cubana Sánchez Hill contra la Hotelera Meliá, para incluir al Estado de Cuba. También agregó a la empresa Gaviota S.A, de militares cubanos, que figura como dueña de los bienes construidos en los terrenos que les fueron expropiados durante la revolución comunista de Fidel Castro.
El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma admitió este miércoles la ampliación de la demanda de la Central Santa Lucía contra la República de Cuba y la empresa Gaviota S.A., dentro del proceso contra Meliá Hotels International S.A., informó Europa Press.
Los hoteles de Meliá están ubicados en una hacienda expropiada a la familia Sánchez Hill a finales de los años 50 por el régimen cubano y están administrados entre una filial de Meliá y entidades públicas cubanas. Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, residentes en EE.UU., demandaron a la compañía española en 2019, pidieron una compensación de la explotación de hoteles en su hacienda azucarera de más de 40,000 hectáreas al norte de Holguín, al este de la isla, donde se encuentran los hoteles de Meliá Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro, y los de la cadena Blau Costa Verde, y Playa Costa Verde.
El Tribunal de Palma comunicó al ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación ibérico que el proceso incluirá al Estado de Cuba, para que emitan un informe de acuerdo a la Ley Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares este miércoles, según Europa Press. También advirtió que en la causa podría existir una falta de jurisdicción de su parte, por lo que los afectados y el ministerio Fiscal podrán formular alegaciones.
La ampliación de la demanda se produjo después de que la jueza dictó un auto en el que declaró la existencia de “un litisconsorcio pasivo”, es decir que existen varios sujetos como demandados, lo está regulado en el Artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. Esto requirió a la parte demandante ampliarse contra el Estado de Cuba y Gaviota S.A., informó el medio español.
La demanda había sido archivada en septiembre de 2019 con posibilidad de reapertura y se reactivó en marzo de 2020, después de un recurso de casación de la familia cubana.
En relación al caso, el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma, España, relató que tras la revolución de 1959, Fidel Castro nacionalizó “todos los bienes” de propiedad privada, lo que “provocó que de forma ilegítima según el derecho internacional, el Estado cubano confiscara los terrenos propiedad de Santa Lucía Company SA y Sánchez Hermanos, que a partir de esos momentos pasaron a ser propiedad de Cuba», informó el Poder Judicial español.
Tras la reapertura del caso, una resolución del tribunal hizo referencia que la razón por la que podría prosperar la demanda contra Meliá es el «enriquecimiento ilícito», informó Europa Press. Por la misma razón, el proceso se centra ahora en el título de la propiedad donde Meliá obtiene beneficios, de ahí la participación del Estado de Cuba. Los Sánchez Hill también alegan una actuación con mala fe porque sabían que los terrenos habían sido confiscados, lo que podría ser penalizado por el artículo 455 del Código Civil español establece que «el poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos”.
“Es evidente» que el pleito «afectará de manera directa los intereses del Estado de Cuba y de la sociedad Gaviota SA, propiedad también de Cuba, como actual titular de los terrenos de Playa Esmeralda», dijo el tribunal español, según el medio español.
Los edificios construidos en los terrenos de la familia demandante son ahora propiedad del Grupo Gaviota, controlado por militares cubanos. Están sujetos a sanciones de parte de Estados Unidos, porque forman parte de propiedades que “actúan para o en nombre de, el ejército cubano, los servicios de inteligencia o seguridad o el personal con el que las transacciones financieras directas beneficiarían de manera desproporcionada a dichos servicios o personal en el gasto del pueblo cubano o empresa privada en Cuba”.
El director general y vicepresidente de Meliá, Gabriel Escarrer, tiene prohibido viajar a Estados Unidos, al igual que más de una docena de miembros de la administración y sus familias. Esto se basa en el título IV de la Ley Helms-Burton de 1996, el cual impide la entrada al país a las compañías que se hayan beneficiado de propiedades confiscadas por Fidel Castro y su régimen tras la revolución comunista de 1959.
Varios títulos de la Ley habían sido suspendidos por los gobiernos de Barack Obama y Clinton, pero fueron activados por el gobierno de Donald Trump.
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