La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) de su agencia presentó una segunda demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra distribuidores de medicamentos derivados de opiáceos.
Las distribuidoras demandadas son Cardinal Health, Mc Kesson Corporation, Amerisource Bergen Drug Corporation, Cardinal Health PR 120, JM Blanco, y Droguería Betances, según detalló la titular de Justicia en un comunicado de prensa.
En la demanda se alega que estos distribuidores repartieron y vendieron opiáceos sin llevar a cabo la debida diligencia requerida por ley para evitar que estos sean vendidos de manera ilícita.
Además, se alega que los demandados tienen el deber bajo disposiciones estatales y federales en ejercer la diligencia debida para evitar el desvío, así como velar, informar y rechazar órdenes sospechosas de sustancias controladas.
«Los puertorriqueños han sido introducidos a los opiáceos recetados a través de sus propias prescripciones y por medio de medicamentos recetados que se encuentran en botiquines en sus hogares», alegó Vázquez Garced en el comunicado.
«El abuso y la adicción sin precedentes a estas drogas han creado efectos adversos graves en Puerto Rico. Hoy, muchos puertorriqueños continúan sufriendo por el impacto de esta alarmante epidemia», señaló la funcionaria.
La Ley de Sustancias Controladas en Puerto Rico exige a los distribuidores que sean registrados por el Departamento de Salud para distribuir sustancias controladas en la isla.
La ley, igualmente, exige que dicho registro o licencia sea consistente con el interés público, lo que, a su vez, requiere que los distribuidores mantengan un control efectivo contra la desviación de determinadas sustancias controladas.
Por su parte, la secretaria auxiliar de la OAM, Denise Maldonado Rosa, sostuvo que los distribuidores de medicamentos son responsables sobre las órdenes sospechosas de opiáceos, entre ellas, establecer un sistema diseñado para detectar dichos pedidos, detener el envío de cualquier orden sospechosa y que estas deben ser informadas a las autoridades pertinentes.
En marzo pasado, el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda en contra de Purdue Pharmaceuticals en relación a su responsabilidad en la manufactura y venta de los opiáceos y cómo su mercadeo engañoso ha ocasionado la epidemia que existe en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.
Así, el Gobierno de Puerto Rico se une otros estados que también han presentado pleitos legales contra los distribuidores como consecuencia de la alarmante epidemia de opiáceos.
El Departamento de Justicia enfatizó que continuará investigando si se deben presentar reclamos adicionales contra otros fabricantes y distribuidores de opiáceos.
Departamento de Justicia presenta segunda demanda relacionada a medicamentos derivados de opiáceos en Puerto Rico pic.twitter.com/isfEFYsICf
— Dept. Justicia PR (@Justicia_PR) 11 de junio de 2018
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