El candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. se apuntó una victoria en su batalla legal contra la supuesta censura gubernamental de las declaraciones que él hizo en las redes sociales cuando criticó las vacunas COVID-19.
Una corte federal concedió una medida cautelar contra la Casa Blanca y otros acusados federales en una demanda presentada por Kennedy Jr. en la que acusa al gobierno de Biden de organizar una campaña para presionar a las plataformas de redes sociales a censurar las críticas contra las vacunas.
El juez Terry A. Doughty, de la corte federal del distrito oeste de Luisiana, dictó la sentencia el 14 de febrero, afirmando que Kennedy Jr. demostró tener muchas probabilidades de éxito al probar que el gobierno infringió su derecho a la libertad de expresión.
La orden judicial impide que los demandados —entre los que se encuentran la Casa Blanca, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el FBI— tomen medidas para obligar a las empresas de redes sociales a retirar o suprimir contenidos que contengan libertad de expresión protegida.
Sin embargo, la medida cautelar está en suspenso por el momento, ya que el procedimiento de la demanda del Sr. Kennedy Jr. se ha consolidado con el caso de Missouri vs. Biden, que está pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La suspensión estará en vigor durante 10 días después de que la Corte Suprema se pronuncie en el caso Missouri vs. Biden, basado en las mismas pruebas.
En declaraciones públicas anteriores, los acusados negaron haberse apoyado ilegalmente en empresas de redes sociales para reprimir la libertad de expresión protegida.
Por el contrario, afirmaron que solo marcaron contenidos censurables, como los que, según ellos, eran «información errónea» y «desinformación» y violaban las propias condiciones de uso de las empresas.
Amenazas destructivas y coercitivas
Kennedy Jr., junto con los demandantes Children’s Health Defense y Connie Sampognaro, una profesional de la salud que dice haberse visto perjudicada por la campaña de censura del gobierno, alegaron en su demanda colectiva que la administración Biden violó su derecho a la libertad de expresión.
Ellos acusaron al presidente Joe Biden y a otros acusados federales de utilizar sistemática y repetidamente «amenazas destructivas y coercitivas» para obligar a las plataformas de redes sociales a censurar la expresión protegida.
La administración Biden también fue acusada de participar en “asociaciones para coludir” con empresas de redes sociales y trabajar con ellas para censurar expresiones protegidas constitucionalmente.
El Sr. Kennedy argumentó que los acusados lo perjudicaron al censurarlo en las redes sociales (en algunos casos, destituyéndolo por completo) y así impidiéndole recopilar noticias relacionadas con las vacunas y transmitirlas a sus cientos de miles de seguidores.
Children’s Health Defense también presentó el mismo argumento, pero, además, afirmó que sus numerosos miembros fueron privados de información e ideas sobre la seguridad y eficacia de los tratamientos alternativos contra COVID-19.
La Sra. Sampognaro alegó que las acciones de la administración Biden la perjudicaron como defensora de las políticas de atención médica al privarla de información completa y precisa sobre el COVID-19 y sus posibles tratamientos.
La demanda también solicitó a la corte que certificara el caso como una demanda colectiva para cubrir a todas las personas que consumieron noticias relacionadas con COVID-19 o las elecciones estadounidenses en Facebook, Twitter o YouTube, en cualquier momento desde enero de 2020 hasta el presente, y, por tanto, quiénes habrían sido perjudicados por la censura gubernamental de hechos relacionados.
“Voluntad de coaccionar”
La demanda destacó varios de los “innumerables ejemplos” de la supuesta campaña de censura de la administración Biden.
Un ejemplo fue la supresión de la historia de la laptop de Hunter Biden en las redes sociales antes de las elecciones presidenciales de 2020. La denuncia calificó el hecho como “un acto de censura que privó a los estadounidenses de información del mayor interés público” y que “puede incluso haber cambiado el resultado de la elección”. Las encuestas han indicado que muchos votantes habrían elegido a un candidato diferente si hubieran estado al tanto del contenido de la laptop, que incluía información que sugería que el presidente Biden estaba involucrado en los negocios de su hijo en el extranjero, contrariamente a sus repetidas negaciones.
Otro ejemplo fue la supresión de informes o expresiones de opinión de que COVID-19 se originó en un laboratorio del régimen chino en Wuhan.
El tercer ejemplo fue la supresión, en internet, de hechos y opiniones sobre las vacunas contra COVID-19 “que podrían llevar a la gente a ‘dudar’ sobre las órdenes de vacunación contra COVID, privando nuevamente a los estadounidenses de información y opiniones sobre los asuntos de la mayor importancia pública”.
En su orden, el juez Doughty determinó que es probable que Kennedy y los demás demandantes tengan éxito basándose en el hecho de que los acusados se confabularon para influir en las acciones de las empresas privadas de redes sociales “al ‘insinuarse’ en los asuntos privados de las empresas de redes sociales y distorsionar la línea divisoria entre la acción pública y privada”.
Él también se puso del lado de la denuncia al determinar que las acciones de la administración Biden representaban un “riesgo sustancial de daño” para Kennedy y los demás demandantes.
“Es ciertamente probable que los acusados puedan usar su poder sobre millones de personas para suprimir puntos de vista alternativos o moderar contenidos con los que no están de acuerdo en las próximas elecciones nacionales de 2024”, escribió el juez Doughty.
El juez dijo que Kennedy demostró que la administración Biden tuvo la “voluntad de coaccionar” o al menos dar un estímulo significativo a las empresas de redes sociales para que supriman la libertad de expresión con respecto a las vacunas contra COVID-19, las elecciones nacionales, los precios de la gasolina, el cambio climático, el género y el aborto.
En julio de 2023, el juez Doughty también otorgó una medida cautelar en el caso Missouri vs. Biden, que ahora está pendiente ante la Corte Suprema.
Más de 50 funcionarios de la administración Biden de una docena de agencias federales participaron en los esfuerzos para presionar a las grandes empresas de tecnología para que censuraran la supuesta información errónea, según unos documentos publicados en 2022.
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