El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, está pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que reviva un estatuto estatal que prohíbe un procedimiento de aborto “espantoso” conocido como dilatación y evacuación, que generalmente se usa después de la undécima semana de embarazo.
La petición de revisión judicial en el caso conocido como Cameron contra EMW Women’s Surgical Center fue presentada ante la Corte Suprema el 30 de octubre.
En un comunicado de prensa, el republicano Cameron, dijo que quiere que la corte más alta del país considere el desafío de la Unión Americana de Libertades Civiles a la ley de aborto por desmembramiento en vida de Kentucky (Proyecto de ley 454 de la Cámara). El estatuto, aprobado por la Asamblea General en 2018, evita que los abortistas realicen “horribles procedimientos de dilatación y evacuación (D&E) en un feto vivo”, afirma el comunicado.
El exgobernador republicano, Matt Bevin, promulgó el proyecto de ley en 2018, pero no entró en vigor porque la ACLU y un centro quirúrgico de Louisville obtuvieron una orden judicial para bloquearlo.
Este mismo año, la oficina de Cameron argumentó a favor de restablecer la legislación en nombre del Gabinete de Servicios de Salud y Familia (CHFS) ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, pero la corte de apelaciones confirmó la orden judicial permanente contra la ley y el secretario de CHFS, Eric Friedlander, optó por no apelar. Friedlander fue designado por el actual gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Beshear.
En 2019, el juez de distrito de EE. UU. Joseph H. McKinley Jr., quien fue designado por el expresidente Bill Clinton, sostuvo que la ley crearía un obstáculo sustancial para las mujeres que buscan abortar en Kentucky y, por lo tanto, contraviene la Constitución de EE. UU.
«Si la ley entra en vigor, los abortos D&E estándar ya no se realizarán en la mancomunidad debido a preocupaciones éticas y legales con respecto al cumplimiento de la ley», escribió McKinley.
Cameron apeló el fallo y una corte de apelaciones determinó que el estatuto «impone cargas sustanciales al derecho a elegir».
Según Cameron, el procedimiento D&E «implica destrozar a un niño en el útero mientras aún está vivo», pero la HB 454 requiere que el abortista proporcione una especie de golpe de gracia, causando «la muerte del niño por nacer antes de desmembrarlo».
“La aprobación del Proyecto de Ley 454 de la Cámara de Representantes por parte de la Asamblea General representa el profundo respeto de Kentucky por la dignidad de la vida humana y buscaré todos los medios disponibles para asegurarme de que se cumpla esta importante ley”, dijo Cameron. «Hemos luchado por defender esta ley desde nuestro primer día en el cargo y ahora le pido a la corte más alta de nuestro país que la considere».
“La Asamblea General de Kentucky aprobó esta medida a voluntad del pueblo con la intención de poner fin a una práctica brutal y atroz”, dijo el presidente de la Cámara, el republicano David Osborne.
“Esa fue nuestra intención en 2018 y sigue siendo nuestra misión hoy. El mismo hecho de que tuviéramos que aprobar una legislación para proteger a un niño por nacer de ser desmembrado mientras aún está vivo dice mucho sobre lo lejos que llegarán algunos para denigrar el valor de la vida humana”.
Cameron sostiene como fiscal general del estado que tiene derecho a defender la ley luego que Friedlander la abandonó. Pero el dividido Sexto Circuito se negó a permitir que Cameron defendiera la ley en la corte, dictaminando que debería haber pedido intervenir en el caso anteriormente.
El caso comenzó como una impugnación de la ACLU a un estatuto de Kentucky que regula el aborto, «pero ahora es una disputa sobre la autoridad de un estado para garantizar que sus leyes se defiendan plenamente a través de esta Corte», argumenta Cameron en su nueva petición.
“En nuestro sistema de gobierno soberano dual, los estados tienen un interés sustancial en hacer cumplir sus leyes. En reconocimiento de este hecho, los estados pueden decidir por sí mismos quién defiende sus leyes en las cortes».
Según la ley de Kentucky, el fiscal general del estado “no solo tiene el poder, sino también el deber, de defender las leyes de Kentucky contra impugnaciones legales. Y cuando otro funcionario estatal se niega a apelar un fallo adverso, la ley de Kentucky faculta al fiscal general para intervenir y continuar defendiendo la ley estatal en apelación».
Heather Gatnarek, abogada de la ACLU de Kentucky, dijo que la última medida legal de Cameron es parte de una “campaña desvergonzada para eliminar el acceso a la atención del aborto en la mancomunidad», según WFPL.
“Trabajaremos para asegurarnos de que esta ley dañina y médicamente injustificada permanezca bloqueada para su aplicación. El aborto sigue siendo legal en Kentucky y aún puede buscar atención para el aborto en la mancomunidad. La ACLU de Kentucky hará todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que siga siendo así», dijo.
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