El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, anunció el martes una nueva guía para limitar el arresto de inmigrantes ilegales en o cerca de los tribunales, revirtiendo una política de la era Trump que expandía tales arrestos.
«Garantizar que las personas tengan acceso a los tribunales avanza la administración justa de la justicia, promueve la seguridad de las víctimas de delitos y ayuda a garantizar la igualdad de protección bajo la ley», dijo Mayorkas en un comunicado.
«La ampliación de las detenciones civiles por motivos de inmigración en los juzgados durante la anterior administración tuvo un efecto amedrentador sobre la voluntad de las personas de acudir a los tribunales o de colaborar con las fuerzas de seguridad», continuó. «La orientación de hoy es el último paso en nuestros planes para centrar nuestros recursos de aplicación de la ley de inmigración civil en las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública».
Durante el mandato del expresidente Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una directiva (pdf) en enero de 2018 sobre las acciones de aplicación de la ley de inmigración civil dentro de los tribunales federales, estatales y locales. El ICE declaró en ese momento que esas detenciones «son totalmente coherentes con las prácticas de aplicación de la ley de larga data, en todo el país», y podrían reducir los riesgos de seguridad porque las personas que entran en los tribunales «suelen ser examinadas por el personal de las fuerzas de seguridad».
La nueva política del DHS estipula que las detenciones solo podrían realizarse en circunstancias limitadas, como situaciones que supongan un problema de seguridad nacional, o un riesgo inminente de muerte o daño físico, o la persecución en caliente de alguien que suponga una amenaza para la seguridad pública, o un riesgo inminente de destrucción de pruebas materiales para un caso penal.
La nueva orientación también se aplica a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.
Stephen Miller, un exasesor principal de Trump, criticó la nueva política, diciendo que liberará a un gran número de criminales mientras pone a los agentes del ICE en situaciones inseguras.
«Una vez más, [el presidente Joe] Biden privilegia la conveniencia de los extranjeros criminales sobre la vida de los ciudadanos de EE. UU.», escribió Miller en Twitter. «Para empeorar las cosas, me han dicho que la política también se aplica a los tribunales de inmigración, lo que garantiza aún más que los extranjeros no detenidos que pierden en los tribunales nunca serán expulsados».
El «Papá Ángel» Dan Ferguson, cuya hija de 28 años, Amanda Weyant-Ferguson, murió atropellada por un inmigrante ilegal en 2018, también expresó su enfado por esta nueva política.
«Mi hija estaría viva hoy si un juez hubiera permitido al ICE hacer su trabajo», escribió Ferguson en Twitter. «En lugar de eso, lo liberaron y más tarde mató a mi hija mientras conducía ebrio. Cuándo será suficiente».
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios de Epoch Times.
No es la primera vez que la Administración Biden limita la capacidad del ICE para expulsar a los inmigrantes ilegales.
El 20 de enero, el primer día de Biden como presidente, su secretario en funciones del DHS, David Pekoske, firmó un memorando (pdf) en el que ordenaba a los componentes del DHS que revisaran y reajustaran las políticas de aplicación de la ley, al tiempo que cancelaba la mayoría de las políticas de aplicación de la ley de inmigración de Trump. El memorando impidió que el ICE expulsara a la gran mayoría de los inmigrantes ilegales criminales.
En el informe del año fiscal 2018, el ICE señaló que el 66 por ciento de los extranjeros detenidos eran delincuentes convictos y el 21 por ciento tenía cargos penales pendientes. Ese año, el ICE detuvo a 138,117 extranjeros con antecedentes penales (delincuentes condenados o con cargos penales pendientes).
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