Un dato poco conocido acerca de la ayuda exterior estadounidense impide que sirva a los intereses de Estados Unidos. Distribuida a través del Departamento de Estado y la USAID, los fondos de los contribuyentes se destinan principalmente a los enemigos de los ideales estadounidenses y del Estado de derecho.
El presidente Donald Trump, al oponerse a la ola organizada de inmigrantes ilegales de América Central, debería ser consciente de que los fondos de Estados Unidos contribuyen al problema. Esta violación de la confianza pública significa que Trump tiene razón al “comenzar a cortar, o a reducir sustancialmente, la masiva ayuda exterior que se les otorga regularmente”.
Una solicitud rechazada en USAID, el brazo de asistencia exterior del Departamento de Estado, ilustra el problema de los 16.800 millones de dólares asignados específicamente a los programas de ayuda (de los 39.300 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Estado). Los que están al timón tienen una mentalidad de planificación central políticamente correcta, sin ninguna comprensión de la libre empresa, el orden ascendente y la responsabilidad personal.
Oportunidad perdida para el desarrollo económico
Aunque los solicitantes no pueden hablar públicamente para no comprometer sus futuros acuerdos, un proyecto cumplió con los criterios de ofrecer una oportunidad para la gente pobre y apoyarlos para que prosperen en su propia nación. Un guatemalteco y una prominente empresa internacional crearon el proyecto para organizar a los agricultores en cooperativas y cultivar un producto agrícola. El proyecto habría involucrado a unos 4000 productores de las zonas más pobres del país, incluso a lo largo de la frontera con México.
Sin embargo, la solicitud nunca fue aprobada.
La empresa habría dado a los productores asistencia financiera y técnica y un comprador garantizado a un precio de mercado transparente, menos una comisión. Los desarrolladores asegurarían un precio mínimo rentable para los productores. La misión era crear una cadena de suministro sostenible e integrada verticalmente, desde los microproductores hasta los consumidores finales.
Las cooperativas podrían haber cultivado el producto ellas mismas o haber hecho arreglos para comprarlo a varias granjas más grandes. Los pequeños agricultores podrían ser los más rentables, con la organización y la asistencia adecuadas. Este proceso, sin embargo, implicaba un riesgo y una configuración que demanda mucho tiempo, es por eso que solicitaron una subvención de USAID.
Los criterios de USAID incluyen la asistencia financiera, técnica y organizativa para los pobres, así como un énfasis en las mujeres y el respeto al medio ambiente. Sin duda alguna, el emprendimiento conjunto cumplía con todas las condiciones mencionadas.
La independencia es desplazada a un segundo plano por el progresismo
Sin embargo, hay un criterio no escrito de USAID que la empresa no pudo satisfacer. Ellos querían empoderar a los individuos; en cambio, el Departamento de Estado favorece a las organizaciones que promueven objetivos sociales progresistas, que conducen a la dependencia y al control centralizado. En cambio, las cooperativas son asociaciones voluntarias en las que cada miembro recibe el resultado de su producción, menos los gastos de administración.
Las áreas en las que el proyecto operaría casi no tienen presencia estatal y están dominadas por grupos armados descendientes de las guerrillas del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), lo que constituye un fuerte elemento disuasorio para la inversión privada. El Departamento de Estado tuvo un papel central en la creación de estas condiciones y decidió no apoyar el desarrollo económico.
La política de Obama aún acecha en Guatemala
La administración Obama presionó sistemáticamente a varios gobiernos guatemaltecos para que colocaran a los aliados de los sucesores de la guerrilla en puestos clave del gobierno. El exvicepresidente Joe Biden, por ejemplo, viajó a Guatemala tres veces en doce meses para presionar al gobierno. Su motivo fue la ampliación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, que ya se había convertido en lo que debía erradicar.
La alianza nefasta resultante, creada por Estados Unidos, entre el poder judicial cooptado, el Ministerio de Justicia, la CICIG y el Departamento de Estado protegió a las pandillas armadas en las zonas rurales y persiguió a la autoridad legítima, especialmente a lo largo de las fronteras.
Las pandillas obligan a la población local a atacar y cerrar fábricas, invadir propiedad privada y negar a las autoridades el acceso a zonas residenciales. Naturalmente, el consiguiente aumento de la violencia y la falta de oportunidades crearon la migración y garantizan un canal abierto para los traficantes de personas y de materiales.
Numerosas ONG participan en esta violencia y anarquía. Los equivalentes guatemaltecos de Antifa y Black Lives Matter se formalizaron después de los acuerdos de paz de 1996. Estas organizaciones continúan tomando el poder político en Guatemala para sí mismas y para otros colectivistas radicales. Judicial Watch identificó más de una docena de “entidades financiadas por el gobierno de Estados Unidos [que] están promoviendo la agenda de Soros en Guatemala y obtienen dinero del multimillonario de izquierda”.
Judicial Watch informa que los grupos de Soros buscan “desestabilizar los gobiernos legítimos, borrar las fronteras nacionales […] y orquestar crisis de refugiados con fines políticos […] Guatemala, en particular, ha sido sometida a una agresiva e insidiosa campaña de subversión […] que amenaza la soberanía […] [de un] aliado de Estados Unidos”.
El recorte de la asistencia a Guatemala disminuiría la fuerza de las entidades que subvierten al país, lo cual sería una ventaja para Guatemala y los contribuyentes de Estados Unidos.
Guatemala es el país clave en la única ruta terrestre desde Centro y Sur América hacia Estados Unidos. Si el gobierno guatemalteco aplicara la ley adecuadamente, especialmente en las zonas fronterizas, liberaría a los habitantes de sus opresores y promovería el desarrollo empresarial. Una población agradecida cooperaría con las fuerzas de seguridad para identificar actividades sospechosas, lo que daría lugar a una reducción significativa del flujo de migrantes ilegales y de estupefacientes.
Para lograrlo, Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo deben cambiar la política de Obama y despedir a los globalistas del Departamento de Estado. Eso incluye al secuaz de Obama, el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, quien ahora es asesor principal para América Central. La ayuda de Estados Unidos podría destinarse a aumentar la seguridad y a proyectos que empoderen a los individuos y creen una amplia propiedad de capital, la mejor política para el desarrollo y la defensa contra el colectivismo.
Steve Hecht es editor general del Impunity Observer y escribe desde Guatemala, donde ha residido por más de cuatro décadas. Fergus Hodgson colaboró en la elaboración de este artículo.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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