La Casa Blanca está tratando de crear formas para que los posibles solicitantes de asilo de Centroamérica —que de otro modo tratarían de hacer el peligroso viaje hacia el norte y cruzar la frontera ilegalmente— entren en Estados Unidos legalmente, dijo el martes el enviado especial del presidente Joe Biden, Ricardo Zúñiga.
Zúñiga, enviado de Biden a los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, Honduras y El Salvador—, dijo en una visita de Estado a Guatemala que la Casa Blanca estaba buscando ofrecer protección a los migrantes en medio de un impulso de Biden para remodelar la política fronteriza de EE.UU. y mientras la administración lucha para hacer frente a un fuerte aumento de los cruces ilegales de la frontera.
El aumento de la inmigración ilegal desde los tres países del Triángulo del Norte se ha convertido en uno de los mayores desafíos políticos para la administración Biden, con los republicanos culpando de la ola de cruces fronterizos ilegales a un retroceso de las políticas de inmigración de la era Trump y a los mensajes que muchos posibles migrantes y traficantes de personas están interpretando como una invitación a venir a Estados Unidos.
Recientes entrevistas de Reuters con casi dos docenas de migrantes y más de una docena de personas que se identifican como contrabandistas encontraron que muchos aspirantes a inmigrantes ilegales creen que son bienvenidos a entrar y permanecer en Estados Unidos.
«Hay 100 días de paso libre por la frontera», dijo a Reuters un contrabandista guatemalteco, refiriéndose a una percepción predominante. «Supuestamente, el presidente está dejando entrar a los niños», dijo otro al medio.
Biden se opuso a la idea de que la frontera está abierta y dijo que su administración sigue expulsando rápidamente a la mayoría de los adultos y las familias en virtud de una orden de salud pública impuesta al comienzo del brote de COVID-19. Pero la administración está permitiendo que los adolescentes y los niños, al menos temporalmente, permanezcan en el país.
Aunque la administración Biden ha tratado de presentar el aumento de los cruces ilegales como un fenómeno estacional, los funcionarios, al mismo tiempo, han desplegado comunicaciones más agresivas en un intento de desalentar a los posibles inmigrantes ilegales, reconociendo aparentemente que el mensaje no estaba llegando.
«No vengan», dijo Biden en una entrevista con ABC News el 16 de marzo, cuando se le pidió que diera su mensaje a los aspirantes a cruzar la frontera. «No abandonen su pueblo, ciudad o comunidad».
Es un mensaje que Zúñiga reforzó en Guatemala, diciendo en una conferencia de prensa: «Quiero enfatizar que la frontera de Estados Unidos está cerrada».
Un día antes de reunirse con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, Zúñiga se reunió con la mayoría de los ministros del gabinete del gobierno guatemalteco para discutir cómo mejorar la seguridad, así como las condiciones económicas y sociales que impulsan a los guatemaltecos a emigrar.
«Estamos aquí para hablar también de la necesidad y de los esfuerzos de la Casa Blanca para crear medios legales de migración para que la gente no tenga que utilizar rutas irregulares y peligrosas», dijo Zúñiga.
«También queremos asegurarnos de que hay formas y medios de acceder a la protección para las personas que la requieren», añadió.
La idea de establecer una presencia migratoria estadounidense más sólida en los países centroamericanos para procesar las solicitudes de asilo fue planteada recientemente por el senador Joe Manchin (D-W.Va.), quien la semana pasada realizó un recorrido en helicóptero y barco por la frontera.
Para sofocar el flujo de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur, Manchin sugirió reforzar la seguridad fronteriza, establecer una moratoria de 90 días sobre la inmigración y crear un marco que proporcione un proceso para que las personas de los países del Triángulo Norte soliciten venir a Estados Unidos legalmente.
«Deberían poder pasar por el proceso de asilo —el proceso de investigación— y hacer todo lo necesario antes de venir aquí», dijo Manchin. «Sería más seguro. Sería mucho más humano. Sería mucho más rentable para cada uno de ellos, y los sacrificios que hacen».
Manchin también pidió una reforma migratoria, que dijo que él y el representante Henry Cuellar ( D-Texas) discutirían con miembros de la administración Biden a su regreso a Washington.
Los países del Triángulo Norte —los más pobres del hemisferio occidental— llevan mucho tiempo luchando contra la violencia crónica de las bandas y las redes criminales en expansión, como la conocida Mara Salvatrucha o MS-13.
La administración Biden dijo que uno de sus planes para frenar el flujo de inmigrantes ilegales es abordar las causas de fondo proporcionando ayuda a los países de los que la gente trata de huir.
«La creación de puestos de trabajo, la sanidad y la educación fueron temas que tratamos ayer con el presidente», dijo Zúñiga en la rueda de prensa. «Seguimos hablando de la necesidad de crear las condiciones para que los guatemaltecos puedan vivir su vida con dignidad y esperanza aquí en Guatemala».
Como parte de este esfuerzo, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció el 6 de abril que está desplegando un equipo de respuesta a desastres para responder a lo que dijo eran necesidades humanitarias urgentes en Guatemala, Honduras y El Salvador.
«Estados Unidos, a través de la USAID, ha proporcionado aproximadamente 112 millones de dólares en ayuda humanitaria para salvar vidas —incluyendo asistencia alimentaria de emergencia, servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas para ayudar a la gente a obtener ingresos y programas de reducción del riesgo de desastres. De esta cantidad, 57 millones de dólares son para la población de Guatemala, 47 millones de dólares para la de Honduras y 8 millones de dólares para la de El Salvador», dijo la agencia.
Zúñiga también visitará El Salvador a finales de esta semana y discutió la migración «de una manera integral» con el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales, el pasado viernes, según un comunicado del ministerio el lunes.
Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 171,000 inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México en marzo, el mayor total mensual en dos décadas y la última señal del creciente desafío humanitario al que se enfrenta la administración Biden.
Al mismo tiempo, un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dijo el lunes que más de 100,000 inmigrantes ilegales han evadido la captura de los agentes de la patrulla en lo que va del año, lo que se suma a la alarma ya creada en torno al creciente número de detenciones mensuales.
Con información de Reuters.
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