La Casa Blanca no solicitará la intervención de la Corte Suprema de EE. UU. por su exigencia de que las organizaciones sanitarias y los hospitales realicen y cubran los procedimientos médicos para transexuales, después de que se le pasara el plazo para presentar un recurso.
El grupo jurídico Becket Fund for Religious Liberty declaró en un comunicado de prensa que el gobierno de Biden incumplió el plazo del 20 de junio para apelar su caso ante la Corte Suprema de EE. UU. después de que varios tribunales bloquearan el mandato del gobierno. Tanto el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de EE. UU. como el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. bloquearon la aprobación del mandato en los últimos años.
«Tras múltiples derrotas en los tribunales, el gobierno federal ha tirado la toalla en su controvertido mandato sobre transexualidad, que carece de fundamento médico», Luke Goodrich, vicepresidente y consejero principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, que representaba a los demandantes en el caso. El caso, Hermanas de la Misericordia contra Becerra, se juzgó por última vez en el 8º Circuito en diciembre, en el que un panel de jueces falló unánimemente a favor de un grupo de hospitales católicos, monjas y una universidad.
Añadió que «los médicos prestan el solemne juramento de ‘no hacer daño’, y no pueden cumplirlo si el gobierno federal les obliga a realizar procedimientos perjudiciales e irreversibles en contra de su conciencia y su pericia médica».
Al declarar la victoria sobre el mandato, Goodrich afirmó que «los médicos y hospitales religiosos proporcionan una atención vital a los pacientes necesitados, incluidos millones de dólares en atención gratuita y de bajo coste a ancianos, pobres y desatendidos», y añadió: «Es una victoria para los pacientes, la conciencia y el sentido común».
El mandato de asistencia sanitaria se derivó de una interpretación de 2016 de Obamacare, o Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, en la que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo determinaron que los médicos y los hospitales están obligados a proporcionar procedimientos transgénero a adultos y niños.
La Administración Trump intentó derogar la norma en 2020, pero ese intento fue bloqueado por los tribunales federales. Ese mismo año, la Corte Suprema de EE. UU., en el caso Bostock contra el condado de Clayton, sostuvo que la discriminación basada en la llamada identidad de género es una forma de discriminación.
Sentencias anteriores
Los demandantes en el caso habían interpuesto una demanda en 2016 para anular la norma, pero el caso se suspendió durante la mayor parte del gobierno de Trump. Modificaron su demanda en 2020 tras el bloqueo de la norma de la era Trump.
En diciembre, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de EE. UU. dio la razón a un juez federal de Dakota del Norte que afirmó que la norma del HHS vulnera las libertades religiosas de los demandantes, entre los que se encuentran un grupo de monjas que dirigen clínicas sanitarias para los pobres y una asociación de profesionales sanitarios católicos. El 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, llegó a la misma conclusión en agosto en un caso presentado por grupos médicos cristianos.
El juez de distrito Peter Welte, de Fargo (Dakota del Norte), falló a favor de los demandantes el año pasado.
Welte dijo que aplicar la norma a los proveedores con objeciones religiosas a realizar operaciones de transición de género violaría la Ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa. Dicha ley prohíbe al gobierno imponer cargas al ejercicio de la religión de una persona.
El viernes, el 8º Circuito se mostró de acuerdo. El tribunal declaró que la intrusión en los derechos de los demandantes en virtud de la ley era suficiente para establecer el daño irreparable necesario para impedir que el HHS aplicara la norma contra los demandantes.
«Estamos de acuerdo con estos tribunales y, por tanto, concluimos que el tribunal de distrito sostuvo correctamente que «la intrusión en el ejercicio de la religión de los demandantes católicos es suficiente para demostrar un daño irreparable», escribió entonces el 8º Tribunal de Apelaciones (pdf).
La aparente negativa de la Casa Blanca a seguir adelante con el caso se produce cuando cada vez más estados y legisladores dirigidos por los republicanos han prohibido los procedimientos transgénero para los niños. Mientras tanto, un número cada vez mayor de países europeos ha empezado a poner de relieve (pdf) los graves daños físicos y mentales que pueden causar tales procedimientos, lo que los enfrenta a Washington.
Sin embargo, los funcionarios de algunos estados dirigidos por demócratas, como Massachusetts, han planteado la idea de promulgar leyes contra el maltrato infantil por negar medicamentos y tratamientos transgénero a los niños. El mes pasado, el panel de la «Comisión sobre Jóvenes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer e Interrogantes» del estado hizo pública una recomendación que pretende perseguir a los padres que no permitan que sus hijos reciban los fármacos o procedimientos, según un comunicado de prensa publicado en el sitio web del gobierno estatal.
En California, algunos legisladores estatales propusieron recientemente un proyecto de ley que, según los críticos, castigaría a los padres que no «afirmaran» el género preferido de un niño a pesar de su sexo biológico. El proyecto de ley, que se aprobó en la Asamblea del estado, exige que un juez, en una audiencia de disputa por la custodia de un menor que se identifique como transexual, favorezca al progenitor que «afirme» las pretensiones del menor.
La semana pasada, una versión actualizada de la medida definiría «la salud, la seguridad y el bienestar» de un menor para incluir también «la afirmación por parte de uno de los progenitores de la identidad de género del menor», según los reportes.
The Epoch Times se puso en contacto con el HSS el miércoles para pedirle comentarios.
Con información de Reuters.
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