La corrupción seguirá siendo reto para el próximo gobierno de México, afirma un informe de la organización Transparencia México. El país se estancó en el 126 sitio de 180 en percepción de corrupción en el año 2023, lugar que ocupa por cuarto año consecutivo.
Las organizaciones Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron este martes el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, donde informaron que México se mantiene estancado con 31 puntos de la calificación máxima de 100 (mejor calificación) en el tema de corrupción.
Con 31 puntos, México comparte puntuación a nivel mundial con El Salvador, Kenia y Togo. Además, México es el país peor evaluado entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Respecto a Latinoamérica, México se encuentra por encima de Bolivia (que obtuvo 29 puntos), Paraguay (28 puntos), Guatemala y Honduras (23 puntos), así como Haití y Nicaragua (17 puntos). Mientras que la peor calificación en el tema de corrupción en la región corresponde a Venezuela, que se ubicó en el penúltimo lugar del ranking mundial con 13 puntos , lugar que comparte con Sudán del Sur y Siria. En la última posición del ranking se encuentra Somalia con 11 puntos.
En tanto que los países con la mejor calificación son Dinamarca con 90 puntos, seguida de Finlandia con 87 y Nueva Zelanda con 85.
«Desde 2020, México no ha tenido cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. A pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas», indicó Transparencia Mexicana en su informe.
El informe señala que ninguno de los grandes casos de corrupción en el país, tanto interna como del ámbito internacional, incluido el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht —que involucró a políticos y funcionarios de más de una decena de países de la región— ha llegado a sentencias definitivas.
«Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas», señaló Transparencia Mexicana. «De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública».
Algunos de los casos que destaca el informe de la organización, es la Estafa Maestra durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que implicó un desvío estimado en más de 7000 millones de pesos de recursos públicos, en el que habrían estado involucradas universidades públicas, dependencias de gobierno, medios de comunicación estatales y empresas fantasma. Este caso fue investigado por los medios Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Asimismo menciona el caso Agro Nitrogenados que involucra a exdirigentes de PEMEX también durante el sexenio de Peña Nieto, donde se estima un desvío aproximado de 200 millones de pesos de recursos públicos, que estaría involucrado en el caso de Odebrecht.
Además señala a SEGALMEX-DICONSA-LICONSA, como uno de los principales casos de presunta corrupción del actual sexenio, que salió a la luz por reportajes periodísticos en 2020. Este esquema de corrupción implica un desvío estimado en cerca de 9500 millones de pesos a través de la presunta entrega de contratos multimillonarios irregulares a políticos, involucrando a empresas fachada de empresarios del sector inmobiliario.
Apenas en diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a René Gavira, exdirector de finanzas de SEGALMEX acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la presunta utilización de 800 millones de pesos del organismo agrícola para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por el desvío de 142.5 millones de pesos para adquirir azúcar que no se entregó totalmente.
Por ello es que Transparencia Mexicana enfatizó que, a unos días de que comiencen formalmente las campañas presidenciales, «la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosas jurisdicciones del país», que incluyen lavado de dinero y evasión fiscal.
Además de la recuperación de activos, también recomienda considerar a las víctimas de la corrupción y la reparación del daño, en esta «oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad».
Con información de EFE.
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